El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una imagen de archivo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. Efe

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La inestabilidad política, fruto de la debilidad de Rajoy, vuelve a preocupar a los inversores

La posibilidad de que Ciudadanos deje de respaldar a Rajoy y de que esto provoque retrasos en las reformas puede ser un freno para la economía.

De ser parte de la solución a ser parte del problema. Así ha sido la evolución del Gobierno de Mariano Rajoy en los últimos 15 meses. Los inversores internacionales con intereses en España ya no se fijan en la economía española (a la que ven con mimbres suficientes como para seguir creciendo); ahora lo hacen en la política y, en concreto, en la acción de un Ejecutivo al que ven cada vez más débil y al que empiezan a ver como el inicio de un foco de incertidumbre.

Así se ha puesto de manifiesto durante el Spain Investors Day celebrado esta semana en Madrid. Allí el Gobierno (con Guindos y Nadal a la cabeza) ha vendido las bondades de nuestro país y las fortalezas para atraer inversión extranjera. Y aunque nadie ha alzado la voz ante ellos, en privado las preocupaciones sí se hacían más patentes.

Aunque el mensaje público sigue siendo el de confianza y respaldo a la labor y las reformas desarrolladas por el Gobierno en los últimos años, en privado algunos empiezan a reconocer que algo debe cambiar a corto plazo. Consideran que Rajoy se ha vuelto un presidente vulnerable tras los acontecimientos vividos en los últimos meses.

Cataluña pasa factura

Uno de ellos es, evidentemente, Cataluña y la gestión que se ha hecho del referéndum independentista lanzado por Puigdemont, con la aplicación posterior del 155 y la convocatoria electoral. Asumen desde fuera que el problema se ha solventado a corto plazo, pero que no se ha extirpado la raíz, por lo que ven probable que a medio-largo plazo vuelva con fuerza una nueva ola de independentismo.

Para evitarlo reclaman una respuesta política fuerte que permita dar una respuesta al sentimiento de separación que ha calado en una parte de la población catalana. Una exigencia que se hace extensiva al Ejecutivo de Rajoy, pero también al nuevo gobierno que resulte elegido por el Parlament en las próximas semanas. En definitiva, hablan de que debe primar “el sentido común” para evitar un choque de trenes de consecuencias incalculables para España y, por supuesto, para Cataluña.

Una respuesta que muchos inversores temen que no sea tan contundente como debiera por parte del Gobierno de España debido a los cálculos electorales de los partidos políticos. Recuerdan los inversores que Rajoy gobierna con el apoyo puntual de Ciudadanos, pero que le resulta insuficiente para aprobar normas de calado. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los Presupuestos Generales del Estado para 2018 que, tras la marcha atrás del PNV, están todavía en el aire.

Un año de precampaña

El temor que empieza a extenderse es que a partir de ahora, y teniendo en cuenta que 2019 ya es año electoral, entremos en período de precampaña continua. Algo que eliminaría el respaldo a Rajoy, impidiéndole adoptar nuevas reformas en el Congreso que la economía necesita para crecer y atraer a nuevos inversores.

Una ausencia de respaldo que llegaría si ocurriera el peor escenario: que el PP y Ciudadanos se alejen definitivamente para defender sus respectivos graneros de votos de cara a los próximos meses. No hay que olvidar que las últimas encuestas apuntan a un empate entre el Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE.

Así se refleja, por ejemplo, en el último sondeo publicado por EL ESPAÑOL en el que se puede comprobar cómo el PP bajaría hasta los 97 escaños, el PSOE lograría 89 y Ciudadanos se haría con 86.

Un panorama jamás conocido en nuestro país y que pone en alerta a quienes buscan negocio en España. En su memoria está la falta de acuerdo tras las elecciones de 2015, y que nos dejaron con un Gobierno en funciones durante un año hasta que -a finales de 2016- Rajoy consiguió formar un gabinete con el apoyo de Ciudadanos tras celebrar nuevos comicios.

Una incertidumbre que, aunque a corto plazo no va a frenar el ritmo inversor en sectores como el inmobiliario o el de las utilities (energía e infraestructuras), sí podría pasar factura a medida que se vaya recrudeciendo la batalla electoral.