El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, ha explicado que la crisis de Popular pasó a ser un asunto público porque no se encontró una solución privada y la "incapacidad" de los gestores de la entidad para resolver los problemas "no empezó aquella noche", en referencia a la madrugada del 6 al 7 de junio, cuando se acató la resolución y posterior venta de Popular, sino que venía de meses antes.

"La historia de la incapacidad de los gestores de resolver el problema no empezó aquella noche, fueron manifestaciones públicas que se hicieron en sede de su junta general de accionistas. Los gestores estaban tratando de gestionar las dificultades abriendo dos vías: ampliación de capital y puesta en venta del banco. Esas actuaciones de los gestores venían de hace tiempo, meses atrás, y no culminaron con éxito aquella noche", ha apuntado.

Ponce ha explicado que "la imposibilidad de encontrar una solución privada" a la crisis de Popular se concretó en la tarde del 6 de junio, cuando la entidad celebró un consejo de administración que trasladó al supervisor "su incapacidad de evitar la quiebra del banco". "Había elementos a valorar verdaderamente singulares y muy especiales, que era la existencia de actuaciones privadas para gestionar esa dificultad que fracasan", ha explicado.

Según el presidente del FROB, en la resolución de Popular, que fue "muy especial y estresada en los plazos", "no había más intereses que los técnicamente determinados en la normativa" y el proceso fue "apegado a la norma".

Ponce ha apuntado que "no se puede decir que (el proceso de resolución) no fuera público", si bien ha señalado que, si no hubiera habido un proceso privado de venta previo, las autoridades no habrían podido realizar la resolución y posterior venta en el plazo de una noche.

El presidente del FROB ha recordado que en un proceso de resolución intervienen muchas autoridades, como el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España, la autoridad de resolución portuguesa, el propio FROB y los órganos gestores, un conjunto que "por sí mismo desacredita la posibilidad de que hubiera una agenda paralela".

Según ha dicho, los elementos de juicio a la hora de tomar la decisión de la resolución fueron "cuestiones de liquidez" y, cuestionado por ello por los grupos presentes en la comisión, Ponce ha explicado que el informe de Deloitte no se proporcionó a los dos bancos que mostraron interés por Popular la noche de su resolución (Santander y BBVA).

Ponce ha explicado que tanto la JUR como el FROB publicaron el 7 de junio únicamente dos de los tres escenarios que Deloitte incluyó en su informe porque "hay un mandato legal que dice que los escenarios deben ser ecuánimes, prudentes y realistas" y el tercer escenario no encajaba en esa definición.

El presidente del FROB ha explicado que no se prometió ninguna garantía pública al comprador de Popular para hacer frente a litigios derivados del proceso y ha apuntado que, si finalmente se determina que los accionistas se habrían visto menos perjudicados en el caso de un concurso de acreedores, el fondo de resolución se haría cargo de las compensaciones.

55.000 millones en el fondo de resolución

La aportación anual de las entidades españolas al Fondo Único de Resolución europeo se sitúa en unos 700 millones de euros, de forma que ya han aportado en conjunto unos 2.100 millones de euros.

Así, el fondo de resolución, que actualmente cuenta con 17.400 millones de euros, dispondrá en 2025 de unos 55.000 millones de euros, una cantidad que finalmente podría ser superior debido a la evolución de la base de cálculo y que representa el 1% del total de los depósitos de las entidades bajo gestión de la JUR. "Es mucho mejor para las entidades colaborar con ese fondo", ha añadido.