When you gaze into a crystal ball you'll see nothing’s gonna change at all”, Rick Nielsen.

Seguimos con el ataque constante y populista a toda empresa que se mueva. Comenta Pablo Iglesias, ante la subida de la luz que “si el Gobierno quiere entenderse con nosotros hay que cortar el paso a los abusos de las eléctricas. Esto no se debe consentir”. 

El sector eléctrico, en España y Europa, es el más intervenido y regulado de todos. Ni un 27% de la factura eléctrica está en un mercado “liberalizado”. El resto son impuestos, subvenciones y costes regulados. Encima, en ese mercado “liberalizado” hay excepciones e intervenciones gubernamentales constantes.

Llaman “abuso de las eléctricas” a una realidad mucho más tozuda. El problema de los precios de la electricidad en Europa es de diseño político y exceso de intervencionismo.
Europa paga más del doble por la electricidad que Estados Unidos (lean) por la enorme cantidad de impuestos y subvenciones, que en muchos países incluido el nuestro, suponen más de un 50% del precio. A esos impuestos se añade ahora querer imponer desde la Unión Europea un precio mínimo del CO2 (es decir, un coste mínimo para nosotros), lo que ha hecho que ese impuesto encubierto –que no paga el aire, lo pagamos todos-, se dispare. 

Cada vez que un político se presenta con la solución para bajar el precio de la luz, se dispara.

Pero conviene hacer aclaraciones importantes sobre la reciente subida de la luz:
- Más del 70% de la demanda, unos 123 TWh y más del 60% de los clientes, casi 16 millones, no se ven afectados por la subida por tener contratos a precio fijo.
- Los grandes beneficiados del incremento del precio son los productores de combustibles, los Estados que tienen exceso de permisos de CO2 y -oh, sorpresa-, la mayor recaudación de impuestos asociados a la generación.
- El precio del mercado eléctrico español se ha incrementado en 2,8 €/MWh en los 8 primeros meses de 2018, debido principalmente a los mercados internacionales de gas natural y, sobre todo, el CO2.

El coste de las centrales de carbón ha subido un 90% y el de las de gas un 22% por el CO2, que ha aumentado un –ojo 172% en lo que va de año y un 24% solo en agosto.
Ese coste no aumenta el beneficio ni los márgenes de las empresas. Es un coste. Ni las renovables tampoco. Los activos renovables con retribución regulada tienen reconocida una rentabilidad para su vida útil. El ingreso adicional que reciben ahora por ese incremento de precios supondrá una reducción de sus ingresos reconocidos futuros.

He aquí lo interesante. ¿Por qué se dispara el coste del CO2 casi un 172% este año?

Oh, sorpresa, el coste del CO2 –que es un impuesto que pagamos usted y yo– ha aumentado un 172% porque la Unión Europea va a imponer un precio mínimo del mismo, lo que ha llevado a que se dispare.

Ese brutal aumento del coste del CO2 es una decisión POLÍTICA DE LA UNIÓN EUROPEA para incentivar las renovables y se ha trasladado a las tarifas eléctricas en toda Europa.
“Abuso”. Toda esta subida son costes externos que no aumentan los márgenes ni beneficios en España de las empresas. 

La subida media para un consumidor por este repunte de agosto es de 0,7 euros al mes para más de once millones de personas. Solamente bajando el IVA al 10% -en vez del 21% actual-, el ahorro para el consumidor duplicaría el aumento que tantos titulares genera. 

Bajar el IVA de la luz del 21% al 10% generaría un ahorro de 30 euros al año a los consumidores afectados por la subida. Bajarlo al 4%, un ahorro de 46 euros al año, porque ¿desde cuándo es la luz un bien de lujo? ¿El IVA es malísimo para el cine pero buenísimo para los consumidores eléctricos, es decir, todos nosotros? Además, el impacto recaudatorio sería ínfimo, ni 110 millones de euros al año en el caso de bajarlo al 4%.

Bajen los impuestos y subvenciones que suponen más del 50% de la factura y no hacen falta populismos anti-empresariales. Si les preocupase la subida de la luz, exigirían al gobierno que reduzca la carga en impuestos y subvenciones, que es más de la mitad de la factura. Si les preocuparan los consumidores, no presentarían “propuestas” como su documento de Transición Energética que subiría el precio de la luz un 20%, aumentarían los impuestos indirectos y costarían al estado más de 40.000 millones de euros en nacionalizaciones (lean) y, por lo tanto, todavía mayores impuestos.

Si les preocupasen los abusos, exigirían bajar el IVA a la luz como lo han exigido para el cine. Pero el consumidor de luz no parece ser tan importante como el de cine. Si les preocupasen los abusos, denunciarían el abuso que supone que una factura media tenga menos de un 27% de componente de energía y esté cargada de impuestos. Si les preocuparan los abusos, exigirían que el “precio mínimo del CO2” impuesto políticamente, se dedujera en los impuestos verdes que ya sufre el consumidor. Porque el CO2 es un impuesto encubierto que beneficia a los países que los venden, que recibieron exceso de permisos.

España recaudó más de un 5% del total de ingresos fiscales en la llamada “fiscalidad verde”, más de 20.700 millones de euros en 2017. Si les preocuparan los abusos, exigirían que los impuestos “verdes” (lean) y el nuevo impuesto al diésel se utilizaran para reducir los costes de CO2, los impuestos y subvenciones en la tarifa eléctrica. No pagar dos veces por todo.

En realidad, el abuso que denuncia no es otro que el constante atropello al consumidor desde la planificación central y la política. El error de las políticas de intervención en los mercados eléctricos europeos por parte de los gobiernos. Hoy pagamos en la factura de la luz las subvenciones descontroladas, los impuestos adicionales, y los costes regulados disparados. Y, como somos más “verdes”, vamos a pagar también lo que decidan que debe ser precio del CO2, y los impuestos al diésel que son impuestos a todos y no van a reducir los costes de la tarifa eléctrica.

Vamos, que pagamos por todo dos y tres veces. Ese es el abuso.