LaLiga ha decidido dar un duro golpe a la piratería. La competición española interpuso una denuncia por medio del Departamento de Integridad y Seguridad, y la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ha respondido requisando más de 800 decodificadores ilegales en más de 2.000 establecimientos públicos entre los días 11 y 13 de diciembre.

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Las Brigadas de la Policía Judicial intervinieron en aquellos lugares en los que se emitían partidos de La Liga de manera ilícita, unos datos que el citado organismo recogió mediante la Red Territorial de Verificadores de Licencias de Contenido. Este equipo, formado por más de un centenar de trabajadores, ya ha detectado más de 9.000 emisiones fraudulentas en sus más de 20.000 visvitas a establecimientos públicos.

"Esta operación policial es un enorme éxito, no solo para la industria del fútbol, sino para toda la industria del entretenimiento en nuestro país. El inmenso trabajo realizado por la Red de Verificación de LaLiga y el exitoso operativo de la Policía Nacional marcan un antes y un después en la lucha contra la piratería", afirmó el presidente de LaLiga, Javier Tebas. "Tenemos que ser muy claros a la hora de calificar estas prácticas como lo que son, delitos, y permanecer firmes en la lucha contra esta lacra", agregó.

Javier Tebas durante un momento de su entrevista con EL ESPAÑOL. Clara Rodríguez

LaLiga informa, además, que pese a sus campañas de concienciación contra la piratería, el 48% de los establecimientos públicos que emiten fútbol lo hacen de manera ilícita, de los cuales un 66% utilizan decodificadores como los requisados en la citada operación policial. Esto supone una pérdida aproximada de 400 millones de euros.

Para ello, LaLiga ha creado el proyecto Horeca, el cual consiste en la citada Red Territorial de Verificadores. Esta analiza y verifica las licencias, y a aquellos establecimientos que hagan uso ilícito de la señal se les cortará la misma, además de adoptar medidas legales -artículos 270.1 y 286.4 del código penal, que llevan implícitas penas de hasta cuatro años de prisión-.

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