Pascual Cabedo quiere pagarles más a sus trabajadores, pero asegura que no le dejan.
Cada vez que intenta subir un sueldo, cuenta que el coste se le multiplica. Según dice, por cada 200 euros de más que quiere darle a un empleado, él tiene que poner 600.
"Subir el sueldo 200 euros a un trabajador a mí me cuesta 600 euros al mes", protesta este agricultor valenciano, dueño de la Finca La Salada en el valle de Pedralba.
El precio de generar empleo
En una conversación publicada en su canal de YouTube en la que charla con su hijo, socio y responsable comercial de Europagricultproduct (EAP), la empresa familiar de venta de fruta y verdura online que ambos dirigen, Cabedo muestra los números que lo sacan de quicio.
Un empleado que se lleva a casa unos 1.300 euros, según dice, le supone a la empresa un coste de cerca de 1.900 euros al mes. Hasta ahí lo ve razonable.
El problema, se lamenta, llega al intentar mejorar ese sueldo, pues si quisiera subirlo a 1.500 euros, la empresa pasaría a pagar casi 2.500 euros.
"Para subirle 200 euros, el Estado me está pidiendo 600 más", protesta. Y añade un segundo ejemplo: cuando a un trabajador se le sube a 2.000 euros, la empresa termina desembolsando alrededor de 3.500 euros al mes.
Para él es una injusticia que quien madruga cobra poco mientras el coste real de su puesto se dispara, porque, al final, quien suda para sacar el trabajo adelante es el trabajador.
Por eso, el agricultor insiste en que su queja no va contra el empleado, sino contra la carga que soporta quien contrata.
En España, argumenta, no se puede vivir con 1.300 o 1.500 euros, con un mercado de la vivienda que considera roto, y le gustaría trasladar más dinero a quien trabaja. Pero, asegura, el peso de impuestos y cotizaciones se lo impide.
¿Qué dicen los datos oficiales?
En su diagnóstico de fondo, Cabedo no anda del todo descaminado.
Según el informe Taxing Wages de la OCDE, la cuña fiscal en España, que es la diferencia entre lo que cuesta un empleado y lo que este cobra neto cada mes, alcanzó en 2025 el 41,4% del salario, la décima más alta de los 38 países del organismo y por encima de la media, situada en el 35,1%.
La propia OCDE subraya, además, que esta carga sobre el trabajo se encuentra en su nivel más alto desde 2016.
Para entender la queja del agricultor y comprobar si sus números se sostienen, es fundamental comprender cómo funciona el "efecto dominó" de las nóminas en España.
Cabedo habla de subir el salario neto, es decir, el dinero que llega a la cuenta bancaria del empleado. Pero para que un trabajador cobre 200 euros más en neto, la empresa no puede limitarse a añadir esos 200 euros a su coste.
Al subir el salario neto de un trabajador, aumentan automáticamente las retenciones por el IRPF y las contribuciones del empleado a la Seguridad Social.
Por tanto, para cubrir ese incremento, el salario bruto tiene que subir bastante más de esos 200 euros. Y como las cotizaciones que paga la empresa (que rondan el 32 % del salario bruto) se calculan sobre ese nuevo importe más alto, el coste total se dispara.
Los números al detalle
A nivel conceptual, el agricultor tiene toda la razón, aunque sus cifras exactas están ligeramente redondeadas al alza fruto de la indignación. Si desglosamos sus ejemplos bajo la normativa vigente (estimando 12 pagas y para un trabajador sin hijos):
- El primer escenario (1.300 € netos). Para que un trabajador perciba 1.300 euros limpios al mes, su salario bruto debe rondar los 1.550 euros (descontando IRPF y su parte de Seguridad Social). A la empresa, sumar ese salario bruto y el 32 % de cotizaciones patronales le supone, efectivamente, un coste total cercano a los 1.950 euros. Aquí, Cabedo se queda incluso por debajo
- El segundo escenario (1.500 € netos). Para subir el sueldo a 1.500 euros limpios, el salto fiscal es mayor. El salario bruto debe elevarse a unos 1.850 euros. Al aplicar las cotizaciones de la empresa sobre este nuevo bruto, el coste total para el empleador asciende a unos 2.350 - 2.400 euros.
Como vemos, pasar de 1.300 a 1.500 euros netos (200 euros de mejora para el trabajador) le supone a la empresa un sobrecoste real de entre 400 y 450 euros mensuales, y no los 600 euros que denuncia el agricultor.
Sin embargo, el error matemático de Cabedo no invalida su protesta de fondo, pues para que el trabajador mejore su poder adquisitivo en 200 euros, la empresa debe desembolsar más del doble de esa cantidad.
El Estado recauda la diferencia a través del incremento del IRPF y las cotizaciones de ambas partes.
Para el empresario, independientemente de a qué partida tributaria vaya a parar el dinero, la realidad es que el coste sale de su caja, lo que en sectores de márgenes estrechos como el campo desincentiva, de facto, las subidas salariales.