En España, un paciente no está obligado a aceptar el tratamiento propuesto por los profesionales sanitarios. La Ley 41/2002 reconoce su autonomía y establece que, después de recibir información adecuada, puede decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles, incluida la negativa.
El principio aparece recogido en el artículo 2 de la norma, que sitúa la dignidad, la autonomía de la voluntad y la intimidad como ejes de la actividad sanitaria. Por regla general, toda actuación requiere el consentimiento del paciente.
Este consentimiento debe prestarse después de recibir información sobre la situación clínica y las alternativas existentes. La ley establece que será escrito en determinados supuestos, como intervenciones quirúrgicas, procedimientos invasores o actuaciones que impliquen riesgos relevantes para la salud.
Pero firmar un consentimiento no significa quedar vinculado definitivamente a la decisión. El artículo 8.5 de la Ley 41/2002 señala expresamente que el paciente puede revocar libremente y por escrito su consentimiento en cualquier momento durante el proceso asistencial.
Cuáles son las excepciones
Esto implica que una persona puede cambiar de decisión después de haber aceptado una intervención o tratamiento. La revocación forma parte del principio de autonomía: la voluntad del paciente debe mantenerse presente mientras conserve capacidad para decidir su asistencia.
La normativa también contempla expresamente el derecho a negarse al tratamiento. El artículo 2 establece que todo paciente puede rechazarlo, salvo en los casos determinados por la propia ley, y añade que esa negativa debe constar debidamente por escrito.
Existe una diferencia entre prestar inicialmente el consentimiento y retirarlo después. En ambos casos, la decisión corresponde al paciente cuando conserva capacidad para decidir, pero los profesionales deben haber proporcionado información adecuada sobre las consecuencias previsibles de esa decisión.
Esta norma también introduce límites. El artículo 9 permite determinadas intervenciones clínicas indispensables sin consentimiento en situaciones concretas, entre ellas cuando existe riesgo para la salud pública por razones sanitarias establecidas legalmente, conforme a los requisitos previstos.
También pueden existir actuaciones sin consentimiento cuando hay un riesgo grave significativo para la integridad física o psíquica del paciente y no es posible conseguir su autorización, siempre que las circunstancias permitan justificar la intervención conforme a la legislación.
La negativa tampoco significa necesariamente abandonar el hospital. Según el artículo 21, si el paciente no acepta el tratamiento prescrito, se le propondrá firmar el alta voluntaria. Si no la firma, pueden producirse otras consecuencias asistenciales legalmente previstas expresamente.
Además, la propia ley establece una excepción relevante: rechazar el tratamiento prescrito no debe conducir al alta forzosa cuando existan tratamientos alternativos, incluso paliativos, ofrecidos por el centro y aceptados por el paciente en esas circunstancias asistenciales concretas también.
El consentimiento informado tampoco se reduce a una firma. La norma exige que la decisión sea voluntaria después de recibir información, mientras la renuncia a recibir información tiene límites relacionados con la salud propia, terceros, colectividad y exigencias terapéuticas.
Así, el marco legal español reconoce al paciente un papel activo en las decisiones sobre su salud: puede aceptar, rechazar o retirar un consentimiento, siempre dentro de los límites establecidos por la ley y con las garantías legales correspondientes.