Desde hace unos días, coincidiendo más o menos en el tiempo con la petición desesperada de la Organización Mundial de la Salud -"Tenemos un mensaje simple para todos los países: realizad tests a todos los casos sospechosos", clamó su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus-, el Gobierno se ha puesto las pilas en la compra y distribución de test rápidos, aunque las gestiones han tardado algunos días en dar sus frutos.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comentaba este lunes en rueda de prensa que ya han llegado a Madrid 8.000 unidades de dichos test rápidos y que a lo largo de la semana se irán distribuyendo hasta 640.000 pruebas, a las que se sumarían un millón más ya encargados.
Esta noticia es algo que podría tranquilizar a las miles de personas que se encuentran en sus casas con síntomas leves de infección por el nuevo coronavirus Sars CoV-2 pero a las que, hasta ahora, los servicios médicos de manejo telefónico del COVID-19 les aconsejaban ponerse en cuarentena y les iban haciendo seguimiento telefónico, descartando la necesidad de hacer el test.
La explicación oficial y lógica es que no había suficientes test y que el uso de estos tenía que priorizarse para aquellos enfermos que empeoraran y tuvieran que ir al hospital, como se ha hecho hasta ahora.
Pero el anuncio de la llegada de estas nuevas pruebas, que además son mucho más rápida, no implica que esto vaya a cambiar o, al menos, no de inmediato. Según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, se va a seguir un criterio a la hora de repartirlos en los que esos enfermos leves siguen estando a la cola, aunque ya se ve más cerca la hora en que les hagan la prueba. A los que estén curados para entonces, no les valdrán los test de PCR, sino los de anticuerpos, que son los únicos capaces de detectarla a posteriori.
"Los test rápidos empezaron a llegar el sábado y se han empezado ya a repartir progresivamente a medida que van llegando a las comunidades autónomas. Obviamente, priorizando aquellas que tienen una sobrecarga mayor y progresivamente al resto del territorio nacional", advertía Simón en su rueda de prensa diaria.
El experto señalaba que el principal objetivo de adquirir tantas pruebas es "solucionar el problema de sobrecarga asistencial". Esto quiere decir que los hospitales donde acudan pacientes con sintomatología grave puedan garantizar un diagnóstico precoz para valorar si es posible reducir la carga asistencia a la que están sometidos.
Se trata, por lo tanto, de mantener la dinámica actual, hacer test a los enfermos más graves, pero con una salvedad: que los resultados se sepan más rápido. Para ello, se supone que servirán los test rápidos, que permitirán mandar a casa a quienes no sufren COVID-19 y dejar de atenderlos como potenciales pacientes.
Pero con un mayor uso de este en hospitales, ha segudio Simón, se garantizar también el diagnóstico de "otro grupo prioritario, que son aquellos que tienen que dar esa respuesta asistencial, los profesionales sanitarios". "Tenemos que garantizar que los responsables sanitarios están disponibles para trabajar y para eso tenemos que, primero, detectar precozmente a aquellos que sean positivos y apartarlos del servicio asistencial, pero también descartar lo más rápido posible que estén infectados todos sus contactos estrechos, que pueden ser un riesgo potencial si iniciaran síntomas", ha explicado. Así, se podrían reintegrar a la actividad y por tanto prestar la asistencia adecuada.
¿Qué significa esto? En estos momento, o con pocos test, si un sanitario desarrolla síntomas y da positivo por coronavirus se le envía a su casa -o se le ingresa si está grave-, pero también se manda a su casa a los compañeros que han tenido contacto estrecho con él. Hasta ahora decenas de profesionales están en esa situación y se quedaban en sus hogares en aislamiento a la espera de que se les hiciera el test. Si daban negativo entonces, y sólo entonces, podían volver a trabajar. Todo esto se agilizará con la llega de más pruebas, que permitirán saber casi de inmediato si tienen el virus -todavía más si son pruebas en sangre- y pueden o no seguir ejerciendo.
Así, enfermos graves que acuden a los hospitales y personal sanitario serían el primer grupo en beneficiarse de esos nuevos test, pero no el único ya que, como explicó Simón, existen "otros grupos de riesgo".
"Uno fundamental es el relacionado con las residencias de mayores, de forma que garanticemos una reducción del riesgo para las personas que tienen un impacto mayor de la enfermedad", comentó. Con los nuevos test se podrá evitar que casos infectados puedan acceder aquellos y conseguir que en cuanto haya uno se le pueda aislar rápidamente y descartar que transmita a más personas.
Sólo después de atender a esos dos grupos -el director del CCAES no mencionó a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del estado- se podrán usar para el diagnóstico poblaciónal, pero esto tampoco será tan fácil. "Todos estos sistemas tienen que estar asociados e integrados con los servicios asistenciales y en particular con los servicios de atención primaria, de forma que todos aquellos que dieran positivo tengan un seguimiento adecuado de su enfermedad, aunque sea a nivel domiciliario", explicó.
Pero ni siquiera esa llegada a la población general será inminente, ya que primero se pretende conocer de forma representativa el nivel de transmisión comunitaria; para ello se tiene que hacer inicialmente una selección de esas personas de la población general que tienen síntomas y están en sus casas a las que hacer el análisis; eso es un proceso rápido que puede llevar la direccionalidad de los test a un grupo concreto de personas durante una mañana y a partir de ahí ya se generalizaría al resto de la población.
Así, aunque una persona lleve esperando varios días a que le hagan el test, es posible que se lo hagan antes al miembro de ese grupo representativo escogido para hacer una radiografía de la transmisión comunitaria. Aunque este trabajo sería rápido, también supondría una espera adicional para los que reclaman. "El establecimiento del uso de estos test es progresivo en las diferentes comunidades dependiendo de sus necesidades específicas y de la saturación de la capacidad de la PCR", concluía Simón que, en otras palabras, venía a decir que las pruebas también se harán primero a las comunidades más afectadas y a las que tengan menos saturadas sus laboratorios diagnósticos.