Escondida bajo kilómetros de bosque mediterráneo, se encuentra la mayor mina de lo que muchos denominan el oro blanco de este siglo: el litio. Este metal, necesario para la fabricación de baterías de coches eléctricos, lleva seis años siendo la razón de disputa entre empresarios, políticos, ecologistas y una parte importante de la población cacereña. Los intereses económicos chocan con los ambientales y, de momento, el proyecto de extracción minera que pretende llevarse a cabo en un enclave natural cae sobre el tejado de los tribunales extremeños.

La razón principal del embrollo político y judicial radica en que el plan de altísimo beneficio económico pretende emprenderse en una zona natural conocida como la Sierra de la Mosca, en trámites de ser declarada protegida por su alto valor faunístico, botánico y geológico. Además, se encuentra a un kilómetro del hospital y a escasos dos kilómetros de la ciudad de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986.

La controversia, por tanto, está servida, porque el proyecto incluye no solo la apertura de un cráter de unos 300 metros de profundidad y un kilómetro y medio de diámetro en lo que se conoce como La Montaña (el pulmón verde de la ciudad), sino que incluye una planta industrial destinada a procesar el litio extraído en el yacimiento de Valdeflores para convertirlo en hidróxido de litio, esencial para las baterías de los coches eléctricos. En concreto, solo la mina cacereña abastecería a 10 millones de vehículos eléctricos. Detrás de este proyecto se encuentra la empresa Tecnología Extremeña de Litio (TEL), una joint venture compuesta en un 25% por Valoriza Minería (filial de Sacyr) y en un 75% por la empresa australiana Infinity Lithium (líder del proyecto).

Se trata de una mina a cielo abierto que ocuparía el lugar de otra más antigua en galerías de estaño, litio y turquesa en San José y que se clausuró en los años 80. Como explica Carmen Suárez de Ecologistas en Acción, esta nueva mina supone la voladura de millones de toneladas de tierra y rocas, lo que puede tener graves impactos para el entorno y la salud de la población a causa del ruido y el polvo en suspensión. Además, Suárez asegura que la mina también "generará contaminación por filtraciones o derrames en los acuíferos", porque "la separación de los minerales se lleva a cabo con productos muy tóxicos que podrían contaminar todo el entorno".

Simulación del proyecto de la mina de Valdeflórez. Plataforma Salvemos la Montaña

Por su parte, David Valls, representante en España de Infinity Lithium, asegura que el plan "es de un calado muy importante porque actualmente no existe en Europa" en un contexto, además, en el que "tenemos una demanda muy fuerte de hidróxido de litio para la producción de baterías". En cuanto a las alusiones al impacto medioambiental, asegura que hoy día siguen mejorando el proyecto en estos términos. En su página web, incluso, añaden un dossier en el que explican las medidas a nivel de impacto acústico, calidad del aire o utilización de agua para tratar de paliar los efectos que pueda comportar la apertura de la mina. Entre ellas, utilizar agua reciclada de la estación depuradora de aguas residuales, diseñar una barrera acústica o la colocación de pantallas de tierra vegetal para minimizar la dispersión de polvo.

Sin embargo, las muchas voces en contra, no solo de ecologistas y parte de la población, sino también de todos los grupos políticos de la región -a excepción de Ciudadanos- ha llevado el asunto a los tribunales. José Ramón Bello, concejal de Urbanismo de Cáceres, explica que en la legislatura anterior, se dieron dos permisos de obra menor a la empresa extremeña de litio que consistían en unas recogidas puntuales de material a pie de suelo. Sin embargo, en 2017, comienzan los trabajos extractivos y "rápidamente entró la disciplina urbanística y se paralizaron esos trabajos porque excedían lo que se había autorizado". En este punto, es cuando se abren unos expedientes sancionadores primero por parte de la Junta de Extremadura, de unos 2.500 euros, y después del Ayuntamiento de Cáceres, que ha retomado el expediente y se ha interpuesto una multa de 26.500 euros para, entre otras cosas, obligar a restaurar los daños ocasionados.

Para Valls, no obstante, el proyecto no está paralizado sino pendiente de resolución administrativa. Asegura que "el proyecto está vivo, sigue avanzando, se siguen incorporando mejoras en materia ambiental y sostenibilidad y se sigue escuchando a la ciudadanía". A su juicio, Europa está marcando una necesidad de abastecimiento de materiales críticos y explica que ha marcado en sus directrices la necesidad de investigar, poner en valor y extraer todos los metales críticos de nuestras fronteras. Para Extremadura, además, supondría "un polo de atracción industrial" y la generación de "un nuevo paradigma en una ciudad que está ahora en horas bajas''. Eso sin contar los beneficios económicos, que, según la empresa extremeña, será un proyecto de 30 años de vida que generará en torno a 1.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

A pesar de ello, el concejal de Urbanismo de la ciudad insiste en que, desde el Ayuntamiento, apoyan las iniciativas extractivas en otras zonas donde no exista riesgo para la biodiversidad o para las personas. Pero, insiste en que este proyecto es imposible, porque "el problema aquí no es industrial, sino de ubicación, porque comporta riesgos evidentes". Y sentencia: "Estamos totalmente en contra de este tipo de minería".

Sed de litio en la Unión Europea

La mina de Valdeflores, sin embargo, se convierte en un caramelo muy jugoso en un mercado en expansión, y la mezcla de intereses mantiene en jaque los avances de la que sería la mayor mina de litio de España y la segunda mayor fuente de este metal en la Unión Europea. La Comisión Europea, en un informe sobre la ejecución del Plan de acción estratégico para las baterías, estimaba un aumento exponencial de la demanda de litio y explicaba que "la UE debe asegurarse de que no va a depender de materias primas originales ni de otros materiales transformados de la cadena de valor de las baterías que tenga que adquirir en el extranjero".

Estas intenciones se enmarcan en un contexto de revolución verde europea en la que organizaciones como la Unión Europea quieren reducir emisiones de CO2 de cara a los próximos años para paliar los efectos del cambio climático. Y una de sus mayores apuestas son los coches eléctricos, para los que el Parlamento Europeo ha fijado una flota de 373.000 vehículos de este tipo circulando en España en el año 2030. Los últimos datos reflejan que en 2020 el número de unidades matriculadas alcanzaban los 60.000.

Como explica Roberto Martínez, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), lo que sucede con el litio es que hay una expectativa de que el consumo va a multiplicarse y hay planes para la implantación de vehículos eléctricos. Cuenta que "todas las previsiones apuntan que de aquí a 2030 se va a multiplicar la demanda por cuatro, y en el 2050 se va a multiplicar por 20". Además, añade que en España hay potencial para convertirse en el principal productor europeo si se desarrollaran sus yacimientos.

El Ministerio de Industria anunció este año que tenía apalabrados dos proyectos de fábricas de baterías en Cataluña y en Extremadura, cerca de las minas de litio. En este sentido, Vicente Gutiérrez, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y de la Metalurgia (CONFEDEM), asegura que en la estrategia española de almacenamiento de energía está definido que España tiene que ser mucho menos dependiente del suministro de materias primas y particularmente de lo que son las materias críticas y, entre ellas, el litio está recién metido en esa lista.

Por su parte, Suárez lamenta que esta revolución verde europea que está llegando a España cree zonas de sacrificio. El litio que quiere extraerse es un mineral estratégico para la transición ecológica, pero, en su opinión,  no es una transición, sino una zona para el lobby de la automoción. "Estamos hablando de zonas de sacrificio, como es Extremadura, con más de 230 proyectos de minería a cielo abierto", por lo que "no estamos hablando de futuro", sino de "aniquilar una ciudad, porque una transición ecológica no es una transición en tanto en cuanto tengamos que seguir hablando de zonas de sacrificio; vamos para atrás".

Como explica Suárez, la salida que se dé a las baterías de los coches eléctricos cuando la demanda crezca puede suponer un problema, porque "no hay una forma clara de reciclarlas y reutilizarlas". Denuncia que "se habla de revolución verde, pero se nos está olvidando que tenemos que tratar de reciclar al 100% de cualquier producto que utilicemos en el futuro".

No obstante, la mina de Valdeflores aún seguirá unos meses en stand by, al menos mientras continúen las acusaciones legales por las partes interesadas. Mientras, otros proyectos de minas de litio como Cañaveral, en Badajoz, parecen contar con los suficientes apoyos y permisos para que salga adelante.

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