El enfado de los municipios afectados por el vaciado de sus embalses es mayúsculo. Todo comenzó por la situación en Ricobayo, en el municipio zamorano de Muelas del Pan, que pasó en apenas unas semanas de superar el 60% de capacidad a apenas un 11% y que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Duero. Pero la denuncia se está extendiendo a otras cuencas, como la del Miño-Sil, la del Ebro y la del Tajo.
"Entendemos que el embalse de Ricobayo, al igual que otros que sufren la misma situación, era lo que se conoce como un embalse regulador, es decir, que su utilidad es para alimentar la central hidroeléctrica", explican a Invertia fuentes de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (FEMEMBALSES). "No se le exige un caudal ecológico sino un número de metros cúbicos que tienen que mantener, y bajo esa circunstancia, la energética ha actuado", añaden.
Por eso, sus miradas se centran ahora en la actuación de las diferentes Confederaciones Hidrográficas. "Entendemos que su responsabilidad es velar por el impacto ambiental que puedan causar las compañías privadas y visto lo ocurrido, ha habido dejadez de sus funciones".
Una denuncia que llegó hasta Bruselas y que el propio vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha respondido a los alcaldes afectados indicando que la Comisión Europea estudiará el caso.
Revisión de las concesiones
Según algunos alcaldes de municipios con embalses consultados por este diario, "las Confederaciones Hidrográficas han tenido siempre mucho poder, han hecho lo que han querido gracias a una legislación laxa en cuidar los entornos naturales y rurales de los embalses".
"No te explican, no informan, y cuando preguntas evaden la respuesta, y ahora vuelven a hacer lo mismo en algo tan importante como es el agua de los pueblos".
Por eso, se sienten satisfechos del anuncio que hizo el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre la revisión de las concesiones de cada una de las centrales hidroeléctricas que existen en España durante su visita a la zona de Ricobayo.
"El Gobierno irá en este asunto de la mano de FEMEMBALSES, y vamos a revisar todas las concesiones hidroeléctricas para que se sepa, con luz y taquígrafos, por qué se dieron y a qué se debe su adjudicación", apuntan las fuentes de esta Federación.
"Queremos saber por qué, en el caso de la central de Ricobayo, construida en 1935 y con concesión hasta 2010, en 1993 se le amplió el derecho de explotación hasta 2040, aludiendo a unas inversiones que había hecho Iberdrola en mejorar la planta". Una explicación que no entienden porque "si una empresa no amortiza sus inversiones en 75 años es porque no hace bien su trabajo".
Deuda histórica
La polémica ha dado voz a una demanda que los municipios con centrales hidroeléctricas y embalses llevan años reclamando. "Exigimos que la luz sea gratuita para los afectados de toda España, es lo mínimo que pedimos para devolver la deuda histórica que se ha contraído con estos territorios".
La construcción de grandes embalses provocó la modificación del entorno, cambió infraestructuras e incluso dejó bajo el agua poblaciones enteras que tuvieron que trasladarse a otros lugares.
"Y para los que les expropiaron sus hectáreas, también demandamos que se les reduzca un 50% el precio de la luz, y si a las compañías eléctricas no les salen las cuentas, que no acudan a solicitar la concesión".
Posición de las Confederaciones
Las Confederaciones Hidrográficas son entidades de derecho público adscritas al Ministerio para la Transición Ecológica. Según la Ley de Aguas de 1985 (con la refundición del Real Decreto Legislativo 1/2001), se incluye entre sus competencias la gestión medioambiental de su zona, con especial atención a la preservación de los recursos y a la calidad del agua.
"La responsabilidad ambiental es de quien tiene la concesión y eso se regula en la Ley del Agua", señalan a Invertia fuentes de la Confederación Hidrográfica del Duero.
"Existe una normativa para mantener un caudal ecológico, para mantener la vida de los ríos, es una condición previa para cualquier uso, así que la responsabilidad de lo ocurrido es de la Confederación Hidrográfica", confirma Erika González, co-coordinadora del área de Agua de Ecologistas en Acción.
"Sin embargo, el principal problema es que la Ley de Aguas deja mucho espacio a la interpretación y desde siempre y por culpa de todos los Gobiernos que hemos tenido, hay una falta total de puesta en marcha de medidas ambientales que protejan un bien tan necesario como es el agua", ha concluido.