Los planes de ampliación del aeropuerto de El Prat avanzan. Gobierno y Generalitat han firmado un acuerdo de mínimos para impulsar el proyecto que puede poner en cuarentena todo un paraje natural enclavado en el Delta del Llobregat: el de La Ricarda.

La reunión celebrada ayer desbloqueó los 1.700 millones de euros que se incluirán en el nuevo plan de actuaciones aeroportuarias DORA para el período 2022-2026. Lo que se pretende con el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat es crear un hub aéreo internacional. Es decir, se busca albergar operaciones de largo radio, que mejoren la conectividad de la comunidad catalana con países de América y Asia, así como poner en marcha iniciativas que potencien la conectividad de los aeropuertos de Reus y Girona-Costa Brava.

Como publicó en su cuenta de Twitter el presidente catalán Pere Aragonès, celebran la reunión mantenida con Moncloa porque el acuerdo pretende redefinir el sistema aeroportuario de Cataluña de manera congruente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Sin embargo, no será hasta finales de septiembre cuando se prevé que el Consejo de Ministros se reúna para dar luz verde a esta propuesta que debe contar antes con el permiso ineludible de la Comisión Europea. El peso de la decisión final recae, por tanto, en el tejado comunitario. La UE deberá decidir si autoriza un proyecto que afecta indiscutiblemente a una zona que ella misma protegió por su alto valor medioambiental, en tanto que pertenece a un red de áreas de conservación de la biodiversidad: la Red Natura 2000.

Aunque en los objetivos acordados entre Gobierno y Generalitat está el de minimizar el impacto sobre la zona protegida, lo cierto es que los 500 metros adicionales de pavimento que pretenden construirse invadirían parte de la reserva ubicada en el Delta del Llobregat. Esto, como declaró a EL ESPAÑOL José García, el vicepresidente de la organización de ecologistas de DEPANA, supone realizar unas operaciones que afectarían a los acuíferos que nutren a la laguna centenaria de La Ricarda, así como a las zonas agrícolas próximas y al conjunto del delta.

Así las cosas, dado el conocimiento sobre los perjuicios que puede causar esta obra pública al paraje natural, el proyecto capitaneado por AENA contempla compensar el área afectada con nuevas zonas protegidas. En concreto, se pretenden incluir 280 nuevas hectáreas a cambio de invadir 47 hectáreas en La Ricarda por el alargamiento de la tercera pista al sur del aeropuerto de El Prat.

Unos antecedentes fraudulentos

Estas promesas, sin embargo, están vacías de contenido para expertos como María José Albaladejo, gerente del Consorcio para la Protección y Gestión de los Espacios Naturales del Delta del Llobregat. En conversaciones anteriores con este periódico, Albadalejo explicaba que las medidas compensatorias por una anterior ampliación del aeropuerto no fueron bien aplicadas. Y es más, años más tarde se ha llegado a constatar una pérdida de biodiversidad en la zona.

La propia Comisión Europea, en una carta de emplazamiento que envió a España el pasado febrero, incluía un inicio de proceso de infracción por la intención de llevar a cabo la nueva ampliación del aeropuerto de Barcelona. En ella se recogía además que el país había incumplido anteriormente dos obligaciones incluidas en la directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Precisamente, la Comisión consideraba en esta misiva que, en primer lugar, España había incumplido sus compromisos por no haber evaluado adecuadamente las repercusiones sinérgicas de la construcción de tres aparcamientos contiguos al aeropuerto de Barcelona que se llevaron a cabo en la zona protegida del Delta del Llobregat en los años 2000. Y, en segundo lugar, por no ejecutar las medidas compensatorias establecidas para garantizar la coherencia global de la red de áreas de conservación comunitarias a pesar del impacto negativo del proyecto de ampliación de la T1 del aeropuerto de Barcelona.

Con estos antecedentes y dos procesos de infracción abiertos, la Unión Europea tiene ahora la última palabra. Si la Comisión decide cerrarlos, entonces se podría seguir adelante con la propuesta de nueva ampliación. No obstante, como apuntan desde DEPANA, parece que la Comisión Europea "tiene muy claro que no ha lugar la petición de un nuevo artículo 6.4 (sobre la obligación de asegurar la eficacia de las medidas compensatorias a largo plazo) cuando el anterior, y por el impacto sobre la misma ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves), está judicializado". 

La construcción de una tercera pista, explica la organización, no se habría podido ejecutar sin la aplicación de este artículo 6.4 y el consiguiente permiso de la UE. Ahora, la Comisión está advirtiendo a España de que puede llevar este caso ante los tribunales europeos, pues ha incumplido la Directiva de Hábitats. Es decir, el ejecutivo comunitario considera que la aplicación jurídica sobre la que se sustenta la ampliación anterior del aeropuerto de Barcelona "es fraudulenta".

Más allá de lo que pueda ocurrir en los próximos dos meses, por lo pronto, la batalla por La Ricarda está servida. Plataformas como ZeroPort han convocado movilizaciones ciudadanas para el próximo 19 de septiembre, días antes de que se produzca la reunión en Consejo de Ministros para seguir o no adelante con los planes de AENA sobre la ampliación de la tercera pista del aeropuerto de El Prat.

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