La ampliación de la tercera pista del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, está sembrando discordia. Y no es para menos. Los beneficios económicos del proyecto se enfrentan a las consecuencias climáticas y medioambientales que supone llevar a término la construcción planteada en la zona aeroportuaria de la capital catalana.

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Ecologistas y agricultores tratan de paralizar la operación por los resultados irreparables que supondría seguir adelante con el plan de ampliación. La construcción de 500 metros adicionales de pavimento afectaría especialmente -aunque no solo- a una parte del Delta de Llobregat: el espacio natural de La Ricarda.

Se trata de una zona que, por su alto valor medioambiental, fue incluida en la Red Natura 2000. Es decir, es un espacio que pertenece a una red de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea, y que, por tanto, está protegida a nivel comunitario por pertenecer a las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), que se designan de acuerdo con la Directiva de Hábitat; y a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), conforme a la Directiva de Aves. 

Y es que esta zona alberga todo un ecosistema de especies vegetales y animales. Además de la laguna, existe todo un espacio natural de pinares y humedales habitado por numerosas especies de aves, peces, reptiles y flora que solo se encuentra en este área protegida. 

Fotografía de la laguna de La Ricarda DEPANA

José García, vicepresidente de la organización de ecologistas de DEPANA, asegura que el hecho de seguir adelante con la ampliación del aeropuerto supondría realizar unas operaciones que afectarían a los acuíferos que nutren a la laguna y a zonas agrícolas próximas. 

Como añade María José Albaladejo, gerente del Consorcio para la Protección y Gestión de los Espacios Naturales del Delta del Llobregat, el proyecto conllevaría "machacar un espacio natural complejo que no es sustituible en ningún sitio” porque habría que desecar la zona para poder ampliar la pista. “No son solo 500 metros de pista” sino que hablamos “de la pista, de rodadura, de caminos, de luces… hay que desecar una laguna”, en este caso, la de La Ricarda, con tres siglos de historia. Esto, además, comporta el riesgo de que -al estar pegada al mar- pueda entrar agua que salinice los pozos que, junto a los humedales del Delta, proveen de agua a municipios cercanos para su consumo doméstico.

Asimismo, la laguna tiene un papel muy importante en la regulación hídrica, porque ofrece zonas de evacuación en caso de inundaciones para que el agua llegue al mar. De hecho, como informan desde el Consorcio del Delta del Llobregat, en un escenario de subida de nivel del mar, este espacio natural actuaría a modo de cinturón de protección del aeropuerto, las infraestructuras y el espacio agrícola.

Una ampliación a cambio de compensaciones

El proyecto, capitaneado por AENA e impulsado por grupos empresariales y políticos de diferentes formaciones, se ha propuesto de tal modo que, siendo conscientes de la pérdida de biodiversidad que originaría la ampliación de la pista de El Prat, se han presentado compensaciones en forma de espacios protegidos. Es decir, valoran ampliar las zonas de protección en sustitución y compensación por la zona afectada. En el caso que nos ocupa, el espacio natural de La Ricarda.

El problema es que, al tratarse de una zona protegida por la Unión Europea, la afectación del espacio natural debe tener una justificación de primera necesidad e incluir unas compensaciones lo suficientemente interesantes para mantener el equilibrio y para que el ecosistema siga funcionando, al menos, de igual forma.

Imagen aérea del Delta del Llobregat; en amarillo y abajo a la derecha, La Ricarda. DEPANA

El plan en el que trabaja AENA, según informó La Vanguardia, es proteger 280 nuevas hectáreas a cambio de 47 en el espacio natural de La Ricarda por el alargamiento de la tercera pista al sur del aeropuerto de El Prat.

Osete desconfía de que estas medidas lleguen a buen puerto. Y es que, en los años 2000, se llevó a cabo una ampliación de características similares para las que prometieron unas compensaciones “que no se han cumplido”, denuncia el portavoz de Zeroport.

En este sentido, la gerente del Consorcio del Delta del Llobregat explica que, cuando se hizo la anterior ampliación del aeropuerto, con el tiempo se comprobó que esas medidas compensatorias no fueron bien aplicadas y se constató una pérdida de biodiversidad en la zona.

Ahora, esas compensaciones, cuenta Albaladejo, se van a buscar en terrenos que ya tienen un valor natural; en terrenos agrícolas en funcionamiento, y en zonas que la UE ya había indicado anteriormente que se debían proteger al tratarse de espacios naturales con un alto valor ecosistémico. Además, apunta la gerente, en esas medidas compensatorias también se piensan incluir zonas que ya se prometieron proteger con la anterior ampliación. 

Unas promesas incumplidas que han provocado que la Comisión Europea abra un proceso de infracción al Estado instándole a que proteja las zonas que prometió compensar. Algo que se ha conseguido después de que, en 2012, organizaciones como DEPANA denunciasen lo que estaba ocurriendo en la zona. No ha sido hasta este año, como cuenta a este periódico el vicepresidente de la organización, cuando la Comisión ha adoptado el papel de fiscal para instar al Estado a revertir la situación.

Queja enviada por DEPANA en 2012 a Bruselas. DEPANA

A este respecto, Jaume Osete, portavoz de la plataforma Zeroport, apunta que, con estos antecedentes, estas medidas “no tienen credibilidad ninguna”, y ve “inviable” llevar a término el proyecto. Añade que “no se puede trasladar un ecosistema así como el que mueve un mueble de un sitio a otro”, ya que el Delta en su conjunto, puntualiza Albaladejo, dejaría de funcionar como espacio ecosistémico. En su opinión, “no estamos hablando de una recreación artificial que se puede cambiar y poner en otro sitio. Así no funciona el ecosistema natural”.

A estas consecuencias, se añaden otras desde el punto de vista climático que el poravoz de Zeroport también considera graves en relación al proyecto que pretende decidirse este mismo 30 de julio en Cataluña, y que deberá ser aprobado en Consejo de Ministros en el mes de septiembre. 

En concreto, Osete recuerda que tanto el Gobierno como la Generalitat han declarado la emergencia climática y, sin embargo, ahora no atienden a “las implicaciones climáticas que puede conllevar la ampliación del aeropuerto”, en cuanto a emisiones por el aumento del flujo de tráfico aéreo.

Desde Zeroport explican a este periódico que el Govern no tiene una postura clara en cuanto a la ampliación del aeropuerto de El Prat, pero se plantean alternativas, como es la de ampliar las capacidades utilizando aeropuertos como el de Reus y el de Girona. A juicio de Osete, esto vendría a sustituir un problema por otro, puesto que aunque se evita el impacto sobre zonas protegidas como la de La Ricarda, no se reducen las emisiones de gases a la atmósfera.

La Comisión tiene la última palabra

Si la propuesta de AENA consigue los suficientes apoyos el 30 de julio en Cataluña, la propuesta del proyecto se llevaría al Consejo de Ministros a finales de septiembre, que debería dar luz verde al Documento de Regulación Aeroporturaria (DORA) para el próximo lustro. Si bien, su aprobación depende de si se cuenta o no con el aval de la Comisión Europea, la supervisora y guardiana última de la protección de espacios naturales como el de La Ricarda.

En declaraciones a EFE, Sonia Carrochano, directora del aeropuerto de El Prat, se ha mostrado segura de que se podrá convencer al ejecutivo comunitario si se logra el “mayor consenso posible” en Cataluña. 

Y es que el proyecto -que de aprobarse, no comenzaría hasta 2025- comporta importantes beneficios económicos. Como recogen varios medios, la operación requiere una inversión de 1.700 millones de euros que ayudaría a generar en la región en torno a 100.000 puestos de trabajo entre puestos directos, indirectos e inducidos. Eso sin contar el objetivo planteado por las autoridades aeroportuarias de ampliar capacidades y conexiones para recuperar e, incluso, mejorar el flujo aéreo de antes de la crisis ocasionada por el Covid-19.

Imagen de un aeropuerto. iStock

A este respecto, Osete cree que es “absolutamente inviable” que la Comisión Europea avale este proyecto por la experiencia ya acumulada con el plan anterior, y porque “el proyecto nuevo no es creíble”. En este sentido, la gerente del Delta de Llobregat asegura que no espera ningún milagro en cuanto a la postura de la Comisión, “solo que impere la lógica y el sentido común, que dependerá del recorrido que quieran darle a nivel político”.

Así las cosas, aunque aún no se tiene muy clara la postura que tomará el ejecutivo comunitario, de momento ecologistas y grupos vecinales preparan movilizaciones para protestar contra el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona. Un movimiento que, como contó el biólogo Jaume Grau al diario El País, “irá in crescendo”.