El Defensor del Paciente le ha enviado una carta al fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena Cerdá, para solicitarle "su intervención urgente" ante las contrataciones de médicos sin especialidad que se están produciendo en la Comunidad por parte de la Consejería de Sanidad, lo que desde la asociación definen como "un tema gravísimo" que supone "un delito contra las personas". 

Lo han hecho tras escuchar las últimas palabras del consejero a través de las cuales, a su parecer, defiende esta medida, justificándola además con la falta de facultativos para cubrir muchas plazas. 

"Las especialidades no pueden atender cualquier patología poniendo en peligro a los pacientes", denuncian desde el Defensor del Paciente. "La situación de ilegalidad es tal, que estamos seguros de que a sus seres queridos no los atenderá cualquier médico sin la especialidad", han añadido. 

Asimismo, la asociación ha querido recordarle al fiscal superior que los ciudadanos "no pagan por ser atendidos por el que pase por allí", sino por un especialista de la patología que padezca. "Y lo demás es contravenir la ley", han afirmado. 

Concluyen el escrito confiando "en su buena disposición", y recordándole que actualmente "los ciudadanos necesitan de sus fiscales para protegerles de las atrocidades de un Gobierno cualquiera que se atreve a olvidarse de los ciudadanos y de la ley que todos debemos cumplir". 

Además, hacen alusión a las sociedades científicas sanitarias de Castilla y León, informando que estas también han hablado de "ilegalidad" y han denunciado que estas contrataciones podrían suponer "la quiebra de la Atención Primaria".