Las centrales sindicales CCOO, CSIF, USCAL y UGT van a realizar una concentración de protesta en las Cortes de Castilla y León del colectivo de Agentes Medioambientales el próximo 21 de noviembre a las 17:00 horas. Una manifestación que realizan por la "situación de olvido, abandono y absoluta descoordinación existente" en la Consejería de Medio Ambiente en materia de emergencias por incendios forestales y otro tipo de emergencias medioambientales.

Los agentes medioambientales lamentan sentirse "engañados por el incumplimiento 16 años después del 80% de los puntos negociados en el preacuerdo de 2007" que tenía como fin mejorar sus condiciones laborales: "Nunca los cumplió y ahora pretenden aniquilar 150 años de historia", lamentan a través de un comunicado.

Tildan de "inadmisible e inaceptable" la propuesta para la reducción de más de 70 plazas de agentes medioambientales y forestales. Unos profesionales que cuentan con "una alta cualificación técnica y que asumen riesgos en las funciones de vigilancia y policía". Unas tareas que "no se corresponden con la nueva clasificación y niveles retributivos" y critican que la Consejería "deja a este colectivo en el nivel más bajo".

En este sentido, piden una equiparación a la retribución media a nivel nacional y la inclusión del colectivo en el grupo profesional B, correspondiente a la titulación superior exigida como acceso al Cuerpo. "Se hace más que necesaria una actualización con carácter de urgencia del reglamento de funcionamiento del colectivo", afirman. Y es que este documento cuenta con 21 años de antigüedad y "no responde a las necesidades jurídicas, profesionales y laborales actuales". 

Para todo ello, aseguran que es necesaria una Ley de Cuerpos y Escalas de una estructura de Cuerpo. "Da la impresión que tanto la Junta como la Consejería consideran que los agentes deben realizar funciones de meros encuestadores de usuarios de actividades reguladas con normas de obligado cumplimiento mediante leyes, reales decretos, decretos de desarrollo e infinidad de herramientas del ordenamiento jurídico", cuestionan.

Los profesionales pertenecientes al servicio público de defensa del Medio Ambiente de la Junta consideran que debe cesar el director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranza, ante la "falta de gestión y el daño medioambiental y social que sus políticas están desencadenando".

Amenazan con que, de no ser escuchados, "las movilizaciones y protestas continuarán". Por último, han realizado un llamamiento a los ciudadanos para que apoyen con "mayores recursos" a quienes "más lejos se encuentran de los poderes públicos".