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El desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, necesitará, según las estimaciones de Enresa, entre 250 y 400 trabajadores “en función de las actuaciones y obras que se desarrollen en cada momento en la planta”. Este dato supone mantener, en cierta medida, la plantilla de la propia central que a 31 de diciembre de 2012 contaba con 300 trabajadores, según explica Enresa a Servimedia. Esta central que iniciará en unos meses el proceso de desmantelamiento comparte la misma tecnología que la de Cofrentes, en Valencia.

A finales del año 2012 se paró la actividad de la central de Garoña y en 2017, el entonces ministro de Energía del Partido Popular, Álvaro Nadal, decretó clausurarla de forma definitiva. Ya en el año 2019, el Gobierno socialista firmó el actual calendario de cierre del parque nuclear español.

Dicho calendario, consensuado entre el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera y las eléctricas, establece el cierre de todo el parque nuclear entre 2027 y 2035, unas fechas que el actual socio de Gobierno, Unidas Podemos (UP), no comparte.

Cofrentes

En el caso de la central nuclear de Cofrentes, su actual licencia para operar expiraba el 21 de marzo de este mismo año, cuando la planta cumple 36 años de funcionamiento, aunque el Centro de Seguridad Nuclear (CSN), ha autorizado alargar su vida hasta el 30 de noviembre de 2030 cuando cumplirá 45 años.

Esta renovación, que debe aprobar definitivamente el ministerio de Ribera, supone que tanto el PSOE como Unidas Podemos, socios de Gobierno, incumplan sus programas electorales. Los socialistas llevaban entre sus promesas el cierre de las centrales antes de que superaran los 40 años de actividad mientras que los de Podemos apuestan por desmantelarlas antes del año 2024.

Además, el PSPV, los socialistas valencianos, presentaron en el parlamento autonómico juntamente con Compromís y Unides Podem en 2017 una proposición no de ley pidiendo que no se renovara la actual licencia.

“Planteamos que las centrales deben cerrarse en la medida en que se acaben sus actuales licencias”, aseguró en una entrevista a Servimedia Juantxo López de Uralde, portavoz de UP en transición ecológica, quien considera las fechas de cierre demasiado lejanas.

En el caso de Cofrentes, aseguró que supone “un peligro para todos”, recordó que tiene el mismo modelo que Garoña que calificó de “bastante obsoleto” y que por eso “no tiene ningún sentido que continúe funcionando”.

Aunque reconoció que el calendario ya está firmado, dijo que “el hecho de que haya una fecha no significa que no se pueda adelantar al igual que las eléctricas la quieren retrasar”. Así, recordó que su partido es favorable a adelantarlo aunque sus socios del PSOE “se acogen a la firma”.

Desmantelamiento

En cuanto a la pérdida de puestos de trabajo como consecuencia del cierre de las centrales, López de Uralde aseguró que “abordar cómo hacerle frente va a estar presente ahora o en cinco o diez años” aunque recordó que para desmantelarlas “se necesita mucha mano de obra”.

Además, el tejido industrial de las zonas está vinculado, esencialmente, a las centrales, los “monocultivos industriales” a los que se refiere López de Uralde. “No hay ninguna industria que haya querido ubicarse cerca, son zonas sensibles”, punto en el que coincide Paco Gil, portavoz del PSPV en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes Valencianas, “las tres comarcas del entorno tienen una dependencia económica directa con la central”.

Según los datos recogidos por Servimedia, la central nuclear de Garoña, de la misma tecnología que la de Cofrentes aunque con la mitad de tamaño, necesita entre 250 y 400 trabajadores para llevar a cabo su desmantelamiento, variando según la actividad y la fase. Esta central contaba, cuando se cerró, con 300 empleados, lo que supone mantener la actividad. Aun así, desde Enresa puntualizan que “no son proyectos comparables ya que son de magnitudes diferentes”.

Con lo que respecta a la ya desmantelada central nuclear José Cabrera, en Guadalajara, de 160 MW, en el inicio de su desmantelamiento contaba con 299 trabajadores, número que ha ido descendiendo de forma paulatina hasta que, en el último año de trabajo, en el 2019, había 156 trabajadores.

"Por coherencia"

El pasado día 9 de febrero, toda la izquierda valenciana, entre ellos los tres partidos que forman el gobierno del ‘Botànic’, PSPV, Compromís y Unides Podem pidieron el cierre de la central de Cofrentes, como ya hicieron en 2017. Los socialistas valencianos se alinearon junto a sus socios del ejecutivo autonómico en contra de lo que firmó su propio partido.

“El grupo parlamentario socialista mantiene esa coherencia de lo que hicimos hace cuatro años, pero somos conscientes de las dificultades de incidir”, aseguró a Servimedia Paco Gil consciente de que la proposición presentada “tiene el recorrido que tiene”. Además, recordó que “hay una certeza que no había antes, el marco de cierre de las centrales”.

De hecho, Gil reconoce que las centrales “no se cierran de un plumazo” y que es un proceso largo, por eso “hay que plantearse qué va a pasar con todas esas zonas”. Recalca que esas comarcas están centradas en la energía nuclear casi al completo pero que “podemos centrarnos en cambiar esta locomotora energética por otra no contaminante”.

En este sentido, recordó la importancia de los fondos europeos de recuperación porque “se abre todo un abanico de posibilidades” para recuperar las zonas en las que se ubican las centrales nucleares con, entre otros, las energías renovables, el turismo rural o con la promoción de su capacidad agroalimentaria.