Imagen actual del bar El Lobo Feroz
El propietario de El Lobo Feroz defiende la legalidad de sus licencias y denuncia una "persecución" del Ayuntamiento
Julio Fernández, presidente de Ecologistas en Acción de Zamora, sostiene que el establecimiento cuenta con permisos regulares desde hace 25 años y vincula la revisión abierta por el Consistorio de Manzanal de Arriba con su activismo ambiental.
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El propietario del establecimiento El Lobo Feroz, en la localidad zamorana de Manzanal de Arriba, y presidente de Ecologistas en Acción de Zamora, Julio Fernández Peláez, ha defendido la plena legalidad de las licencias del negocio y ha denunciado una supuesta "persecución" e "instrumentalización" de la administración municipal tras la apertura de un expediente para revisar los permisos del local.
Fernández ha remitido un comunicado de réplica a raíz de las informaciones publicadas el pasado 23 de julio sobre la revisión de las licencias.
En él sostiene que el establecimiento dispone de licencias de actividad y apertura concedidas "de forma completamente regular" en los años 2000 y 2001, tanto para horno asador como para bar.
Según explica, el negocio ha cumplido durante este tiempo con las exigencias sanitarias, ambientales y de protección civil.
Añade, además, que el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Zamora ha emitido, a petición de la Alcaldía, diferentes informes que, asegura, han sido "todos ellos favorables".
El presidente de Ecologistas en Acción de Zamora cuestiona por ello que, después de 25 años de actividad, se haya abierto ahora un procedimiento de revisión.
A su juicio, el expediente "no tiene fundamento jurídico alguno" y constituye un presunto acto de "persecución e instrumentalización".
Fernández afirma también que, pese a que la incoación del expediente ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, no le ha sido comunicada directamente como interesado. Considera que esta circunstancia supone una vulneración del trámite de audiencia.
Pide la caducidad del expediente
El propietario de El Lobo Feroz señala igualmente que la paralización de la actividad del establecimiento deriva de un decreto de Alcaldía que prohibía cualquier actividad en el local.
Sin embargo, sostiene que han transcurrido más de seis meses sin que el Ayuntamiento haya avanzado en ese procedimiento, motivo por el que ha solicitado formalmente su caducidad y asegura que hasta el momento no ha recibido respuesta municipal.
Fernández vincula asimismo las actuaciones del Ayuntamiento con su actividad al frente de Ecologistas en Acción de Zamora y con diferentes denuncias promovidas en el municipio.
Entre ellas cita su oposición a un proyecto industrial fotovoltaico sobre terrenos comunales, la ampliación de una cantera, las talas de robles centenarios y distintas cuestiones relacionadas con la gestión forestal y el saneamiento.
En este último ámbito, recuerda que la Confederación Hidrográfica del Duero sancionó al Consistorio con 6.000 euros por el estado de la fosa séptica.
Causa judicial
Fernández asegura además que el alcalde y el secretario-interventor municipal se han abstenido de intervenir en este procedimiento al estar investigados en una causa abierta en el Tribunal de Instancia de Puebla de Sanabria, derivada de denuncias presentadas por él mismo.
El propietario sostiene que la apertura de un nuevo expediente pese a la existencia de ese procedimiento judicial agrava, a su juicio, la situación y cuestiona que se haya respetado la posible prejudicialidad penal.
Fernández habla de presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, extremos que se encuentran sujetos al correspondiente procedimiento judicial.
También denuncia que la controversia ha generado un clima de "inseguridad jurídica" alrededor del negocio y asegura que se han producido actos de vandalismo contra el establecimiento. Según afirma, la situación está dañando además su "honorabilidad".
Protección de datos
El comunicado cuestiona igualmente la actuación del Ayuntamiento en materia de protección de datos.
Fernández asegura que en una nota remitida desde el Consistorio se adjuntó un certificado en el que figuraba la composición de la junta directiva de Ecologistas en Acción de Zamora.
A su juicio, esta difusión podría vulnerar la normativa de protección de datos al revelar información relativa a la pertenencia a la organización sin el consentimiento de las personas afectadas.
Fernández concluye anunciando que continuará defendiendo en los tribunales la legalidad de su negocio familiar y que mantendrá su actividad en defensa del medio ambiente.
"Mantendré intacto mi compromiso y el de Ecologistas Zamora en la protección del patrimonio natural de la provincia frente a cualquier abuso de poder", señala.
