Imagen actual del bar El Lobo Feroz
Manzanal de Arriba revisa por posibles irregularidades la licencia del bar del presidente de Ecologistas de Zamora
El nuevo expediente sobre El Lobo Feroz abre otro capítulo del conflicto entre Julio Fernández Peláez y el alcalde, que se aparta de la tramitación al estar investigado por prevaricación.
Más información: Conflicto en tierra de lobos: vandalismo con hacha, un bar cerrado y denuncias entre el alcalde y un ecologista
El Ayuntamiento de Manzanal de Arriba ha abierto un expediente para revisar las licencias de actividad y apertura del bar El Lobo Feroz, propiedad de Julio Fernández Peláez, presidente de Ecologistas en Acción de Zamora.
El procedimiento busca determinar si existen irregularidades urbanísticas y ambientales en el establecimiento, situado en el número 3 de la calle Real, y si se mantienen las condiciones que permitieron autorizar su funcionamiento hace más de 25 años.
La actuación supone un nuevo capítulo del prolongado conflicto que enfrenta al propietario del local con el alcalde del municipio, Nazario Castedo Bobillo, y que durante los últimos años ha provocado denuncias, acusaciones públicas y una creciente tensión vecinal.
Fernández Peláez preside Ecologistas en Acción de Zamora. La entidad figura inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones desde 1979 y renovó en diciembre de 2023 su junta directiva, encabezada por Fernández Peláez.
El establecimiento obtuvo en octubre de 2000 una licencia de actividad como horno-asador y en enero de 2001 una licencia municipal de apertura como bar.
La revisión se produce después de que varios informes técnicos detectaran discrepancias entre la situación actual del inmueble y el proyecto que sirvió de base para conceder las autorizaciones.
Entre las deficiencias señaladas figuran una altura libre inferior a la exigida en la planta baja, una puerta exterior que abre hacia el interior y unos peldaños de escalera sin pilotos de señalización.
Los documentos también advierten de la existencia de una barrera arquitectónica en el acceso a la planta baja.
Estas discrepancias llevaron a la Alcaldía a iniciar el pasado 26 de junio el procedimiento de revisión de las licencias y de restauración de la legalidad urbanística.
Un conflicto abierto desde hace años
La situación del bar ya saltó a la actualidad el pasado abril, cuando EL ESPAÑOL Castilla y León informó sobre el enfrentamiento entre Fernández Peláez y el alcalde.
El establecimiento permanecía entonces cerrado provisionalmente, mientras su propietario denunciaba supuestas presiones municipales y defendía que contaba con la documentación necesaria para ejercer la actividad.
Fernández Peláez vinculaba el conflicto con su labor como ecologista y con las denuncias que había promovido o respaldado sobre diferentes actuaciones en el municipio.
Entre ellas citaba su oposición a un parque fotovoltaico en terrenos comunales, la ampliación de una cantera, la tala de robles centenarios y distintas cuestiones relacionadas con la caza, la gestión forestal o el saneamiento.
El conflicto alcanzó uno de sus momentos más delicados después de que el bar sufriera actos vandálicos.
Según denunció entonces Ecologistas en Acción, alguien arrancó la barandilla de la balconada, dañó parte de la entrada posiblemente con un hacha y causó otros desperfectos en el exterior.
La organización interpretó los hechos como un acto de intimidación dentro de un clima de tensión acumulado durante años, aunque el propietario evitó acusar directamente a nadie.
El alcalde negó haber ordenado el cierre arbitrario del negocio y sostuvo que su obligación era comprobar mediante informes técnicos si el local cumplía la normativa.
Castedo defendió que, si un técnico certificaba el cumplimiento de las condiciones, el establecimiento podría volver a abrir.
Fernández Peláez, por su parte, aseguraba que el bar contaba con permisos sanitarios, ambientales y de protección civil, y acusaba al Ayuntamiento de generar inseguridad jurídica.
El alcalde se aparta del expediente
El nuevo procedimiento estará marcado por la abstención del alcalde y del secretario-interventor municipal, José Luis González Delgado.
Ambos están siendo investigados por un posible delito de prevaricación administrativa en el procedimiento 377/2025, abierto tras una denuncia presentada por el propietario del bar.
La causa se sigue ante el Tribunal de Instancia de Puebla de Sanabria.
Un informe encargado a un bufete independiente concluye que el alcalde y el secretario deben apartarse para garantizar la objetividad, la imparcialidad y la seguridad jurídica.
El documento considera igualmente que debe abstenerse el arquitecto que elaboró los informes técnicos, al haber intervenido como testigo en el procedimiento penal.
Castedo ha delegado las competencias en el concejal Antonio Lorenzo Clemente, que deberá adoptar las resoluciones conforme a los informes técnicos y jurídicos que se incorporen al expediente.
El Ayuntamiento ha solicitado además a la Diputación de Zamora que designe a un funcionario con habilitación nacional para instruir el procedimiento y que preste asistencia técnica para analizar las licencias y los posibles incumplimientos urbanísticos.
La resolución deberá aclarar si las deficiencias pueden subsanarse mediante medidas correctoras o si afectan a la vigencia de las licencias y a una futura reapertura del establecimiento.
