Imagen de los diputados miembros del grupo IU Zamora. Meta.
IU pide a la Diputación "armas administrativas" para que los ayuntamientos regulen las macrogranjas y las renovables
Izquierda Unida presenta una moción de urgencia para que la institución provincial promueva normativas municipales que eviten la proliferación descontrolada de instalaciones industriales frente a la oposición vecinal.
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El mapa de los pueblos en la provincia de Zamora muestra, según Izquierda Unida, una grieta que desde el grupo del partido en la Diputación quieren cerrar cuanto antes.
La portavoz del grupo, Laura Rivera, ha llevado a la Diputación una preocupación que comparten muchos vecinos: la sensación de que los ayuntamientos están con las manos atadas.
La propuesta busca que los ayuntamientos dejen de estar indefensos y tengan, por fin, las herramientas necesarias para decidir dónde y cómo se instalan las macrogranjas o los parques de energía renovable en sus tierras.
La realidad es que 60 municipios zamoranos —una cuarta parte de la provincia— no tienen ningún tipo de plan urbanístico, lo que les deja a merced de grandes proyectos que llegan con el permiso de la Junta pero sin contar con el alma de los pueblos.
Los números que maneja el Sistema de Información Urbanística de Castilla y León son un jarro de agua fría y reflejan un caos administrativo que se ha convertido en la norma.
En toda la provincia, solo Zamora, Benavente y Toro tienen sus deberes hechos con un Plan General de Ordenación Urbana.
En el resto del territorio, el vacío es la regla: hay casi un centenar de localidades que solo tienen delimitado el suelo donde están las casas, pero no el resto del término municipal, y otras 167 se rigen por planes redactados antes del año 2000.
Es decir, normas antiguas para un mundo que ha cambiado radicalmente y que ni siquiera imaginaba la avalancha de placas solares o instalaciones ganaderas industriales que vemos hoy.
Esta falta de papeles en regla impide, según denuncia Rivera, que los alcaldes y concejales sean los dueños de su destino.
Al no tener normas modernas, las decisiones sobre lo que ocurre en su suelo se toman lejos de allí, basándose en estudios ambientales que a menudo no ven el bosque, sino solo el árbol, ignorando cómo afectan tantas instalaciones juntas al entorno y a la vida de los zamoranos.
Con esta moción de urgencia, se busca que la Diputación deje de mirar hacia otro lado y ayude a los municipios a blindarse con leyes propias, para que el futuro de nuestros campos no se decida solo en los despachos, sino escuchando también el sentir de quienes viven en ellos.
Desde IU consideran que la ayuda actual de la Diputación para redactar planes urbanísticos es absolutamente insuficiente, limitándose a subvencionar apenas a dos municipios con 95.000 euros.
La moción insta a la institución provincial a liderar la creación de Normas Urbanísticas Municipales que regulen específicamente estas instalaciones y que se incluyan estas limitaciones en las propias Normas Subsidiarias de la Diputación.
La formación pide ir más allá y exige a la Junta de Castilla y León que cumpla su promesa de implantar un Plan Regional de Energía Verde, dejando de usar la ausencia de un plan nacional como excusa para el retraso.
El punto más contundente de la propuesta es la petición de una moratoria inmediata.
Laura Rivera reclama que se paralice la construcción de este tipo de instalaciones hasta que existan planes regionales, estatales y municipales que garanticen un equilibrio real entre el desarrollo industrial y la vida humana en el territorio.
