Los colectivos y personas físicas que en julio de 2025 reclamaron la reversión al municipio de los saltos hidroeléctricos de Villalcampo I y II han completado la primera fase del procedimiento administrativo con la presentación de alegaciones al expediente de extinción del derecho de aprovechamiento de aguas del río Duero, actualmente en manos de Iberdrola Generation, S.A..
El trámite se materializó el 3 de febrero con una visita de inspección a las instalaciones, coordinada por la Confederación Hidrográfica del Duero, en la que participaron representantes de la concesionaria, de los colectivos personados y de entidades locales afectadas. La revisión se limitó a las instalaciones exteriores y al embalse, sin acceso al interior por motivos de seguridad.
Tras la inspección, los asistentes mantuvieron una reunión en el Ayuntamiento de Villalcampo. Allí, la abogada Pilar Calvo, en representación de la plataforma Aqua Nostra y de los colectivos integrados —Agrygalza, UPL, Terra Sostenible, Viriatos Zamora y varios particulares—, se ratificó en las alegaciones ya presentadas y solicitó que se les tenga como parte en un futuro pliego de nueva concesión.
En sus escritos, los colectivos rechazan una prórroga a la actual concesionaria y invocan la Ley de Expropiación Forzosa para reclamar que, al final de la explotación, reviertan al Estado tanto las instalaciones de generación como el poblado y el resto de infraestructuras asociadas (subestación y líneas de evacuación).
Las alegaciones subrayan además el impacto territorial y económico de la explotación: la incomunicación entre El Campo Charro y Sayago, el traslado de trabajadores fuera de la provincia y la falta de retorno fiscal en el entorno. También denuncian que las inversiones “no repercuten en la zona” y cuestionan si se revertirán los terrenos de la concesionaria en Moral de Sayago vinculados a proyectos nuclear y térmico que no llegaron a ejecutarse. Aqua Nostra añade la necesidad de mejorar la conservación ambiental, con especial atención a la pesca como recurso económico y turístico.
El acto se inscribe en la tramitación del expediente de extinción iniciado tras vencer la concesión el 10 de octubre de 2024, cumplidos los 75 años, y culminó con el levantamiento del acta que se incorporará al procedimiento administrativo en curso.