El Grupo Municipal del Partido Popular ha solicitado al concejal de Obras, Pablo Novo, que dé información "de manera detallada" en la próxima Comisión Informativa de Urbanismo, Obras e Infraestructuras sobre el estado de los edificios municipales en relación con las inspecciones periódicas de la instalación eléctrica. Esta petición surge después de que se impusiera una sanción de 36.012 euros al Ayuntamiento de Zamora por no mantener al día la instalación eléctrica en doce colegios de la capital.

Los populares consideran que las explicaciones dadas por el equipo de gobierno, responsabilizando a los funcionarios municipales de la sanción, revelan "la dejadez del equipo de gobierno y la clara intención de eludir sus responsabilidades, pues son los concejales los que han de dirigir y responsabilizarse de sus respectivas áreas".

Debido a esta falta de confianza en la transparencia del equipo de gobierno, el PP solicitará información adicional sobre las inspecciones realizadas en una serie de edificios municipales, que incluyen el cuartel de la Policía Municipal, el Teatro Principal, el edificio de La Alhóndiga, las instalaciones de la Ciudad Deportiva, las oficinas de Sanidad y Bienestar Social en la plaza San Esteban, la Casa Consistorial, el Albergue de Peregrinos, el polideportivo Ángel Nieto, la Casa del Guarda y el Centro de Interpretación de Valorio, los locales de la antigua estación de autobuses y las instalaciones que utilizan los bomberos y la Asociación Capitonis Durii, el palacio de Doña Urraca, las naves de Parques y Jardines en Valorio, el templete de La Marina, las Bibliotecas Municipales, las Escuelas Infantiles Municipales, las Aceñas, así como los edificios municipales que albergan las Asociaciones de Vecinos en Villagodio, San Lázaro, Pantoja, La Horta, San Isidro, Peña Trevinca, La Lana, Carrascal y Olivares, en tanto en cuanto en la cesión no tengan esa obligación las Asociaciones Vecinales.

El Partido Popular ha estado esperando desde el pasado 3 de mayo que se les conceda acceso al expediente administrativo que condujo a la imposición de la sanción de 36.012 euros por parte de la Junta de Castilla y León. Su objetivo es conocer todos los detalles de las infracciones cometidas y las fechas en las que el Servicio de Industria notificó los problemas en las instalaciones eléctricas de los colegios.