La Junta de Castilla y León ha abierto el primer centro de emergencias para víctimas de violencia machista en Zamora. Este centro ofrece un servicio integral, con una respuesta rápida brinda asesoramiento, apoyo psicológico y defensa jurídica de manera eficiente a mujeres y familias que se ven obligadas a huir de su hogar por la violencia ejercida por sus agresores.

Así lo ha explicado la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García tras la reunión de la Comisión Territorial contra la Violencia de Género en la provincia. El propósito del encuentro fue informar sobre los recursos y las medidas implementadas por la Junta de Castilla y León para atender a mujeres y menores víctimas de violencia en Zamora.

La convocatoria, realizada en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género el 25 de noviembre, incluyó un análisis detallado de los casos registrados en la provincia hasta la fecha, destacando la ausencia de víctimas mortales y resaltando las acciones emprendidas para combatir este problema social.

En el encuentro, se presentaron datos proporcionados por el Sistema de Seguimiento Integral en casos de violencia de género (VIOGÉN), destacando que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna víctima mortal en Zamora en 2023. Sin embargo, se señaló un aumento en las llamadas al teléfono 016, alcanzando un total de 192. Las denuncias del primer semestre de 2023 se duplicaron en comparación con el mismo periodo de 2022, con 197 denuncias presentadas en Zamora, y se emitieron 71 órdenes de protección policial.

Durante el año en curso, 51 nuevas víctimas fueron incorporadas al Sistema Único de Información, y tres mujeres junto a ocho menores recibieron atención en centros de acogida, mientras que 48 mujeres y 14 menores recibieron apoyo psicológico.

Leticia García resaltó el incremento del presupuesto destinado a políticas de igualdad y atención a víctimas, alcanzando cerca de 12 millones de euros. Asimismo, hizo hincapié en el respaldo de la Administración a los centros de acogida, que experimentaron un aumento en la financiación por plaza, tanto en instalaciones públicas como privadas.

Este incremento, del 56%, se extendió a plazas y servicios en centros de acogida, así como a servicios de atención dual y centros de emergencia, junto con mejoras en infraestructuras para garantizar servicios de calidad.

La reunión también destacó la importancia de formar a profesionales en violencia de género con criterios comunes de calidad y evaluación. Se llevaron a cabo formaciones para coordinadores de caso, psicólogos, miembros de fuerzas de seguridad, responsables de igualdad en Consejos Escolares, profesorado, padres y madres de alumnos, y trabajadores sociales.

La delegada territorial reiteró el compromiso de la Junta de Castilla y León en la lucha contra la violencia de género, asegurando una atención integral y de calidad mediante un plan individualizado. También se destacó la necesidad de aumentar la estabilidad y seguridad jurídica de las víctimas, agradeciendo la colaboración coordinada entre diversas instituciones y sectores de la sociedad para erradicar estas formas de violencia.