La directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, ha inaugurado la oficina antiocupación de Zamora situada en la calle Pelayo de la capital. Un servicio que, según ha manifestado, sirve para "cumplir con la responsabilidad de los poderes públicos de salvaguardar el legítimo ejercicio del derecho a la propiedad privada".

Acompañada por la delegada territorial de la Junta, Leticia García, la directora general de Vivienda ha defendido que esta oficina sirve para proteger a la población "del fenómeno de la ocupación, que constituye un ataque directo al contenido esencial de la propiedad privada".

Además, la Junta también busca velar por otros derechos civiles, como las buenas relaciones vecinales, así como proteger los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas que se ven perjudicados por estas prácticas abusivas.

En virtud de un acuerdo de colaboración, la Junta proporciona, a través de la Cámara de la Propiedad Urbana de Zamora, un servicio de información y asesoramiento a las personas afectadas por la ocupación ilegal de viviendas, brindándoles apoyo en sus necesidades y demandas. Esta oficina, que ya está en funcionamiento en las nueve provincias de Castilla y León, ofrece a los interesados toda la información y asesoramiento necesario en relación con la prevención, la actuación inmediata en casos de ocupaciones ilegales en curso, así como las acciones posteriores.

Además, se contempla la posibilidad de que el personal que brinda asesoramiento informe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre la existencia de delitos de usurpación, como el contemplado en el artículo 245 del Código Penal, u otros delitos de interés público que se detecten, cuando se determine una situación de indefensión o dificultades para acceder a las autoridades por parte de la persona que solicite el servicio. También se proporcionará formación específica al personal encargado de atender la oficina.

Durante su visita a la oficina, la directora María Pardo esta oficina envía "un mensaje de tranquilidad al mercado inmobiliario para que no se dificulte la puesta en el mercado de viviendas en alquiler". Y defendió que el problema del acceso a la vivienda de personas con dificultades económicas y vulnerables "debe abordarse mediante el aumento de la oferta de viviendas públicas o mediante la concesión de ayudas a quienes más lo necesitan".