Izquierda Unida ha denunciado a la Diputación de Zamora ante el Procurador del Común por lo que consideran un incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por parte de la institución provincial, específicamente en relación a un acuerdo aprobado por unanimidad en el pleno de la Diputación el 2 de febrero de 2018.

En dicha sesión, a propuesta del Grupo de Izquierda Unida, se aprobó una moción conjunta para que se iniciara el expediente administrativo correspondiente para dar cumplimiento a la Ley 52/2007 de manera que la Diputación Provincial revocara los acuerdos adoptados "de forma ilegítima y prescindiendo de cualquier procedimiento legalmente" establecido durante la dictadura franquista y que se realizara un homenaje y reconocimiento a todas las víctimas de la misma.

Además, se instó a que se expedieran las declaraciones de reparación y reconocimiento personal previstas en la Ley a favor de todos los diputados provinciales y empleados de la Diputación destituidos tras el golpe de estado de julio de 1936. La moción incluía como anexos una relación de personas represaliadas.

Sin embargo, a fecha de 4 de abril de 2023, cinco años y dos meses después de la aprobación del acuerdo, nada se ha hecho al respecto y el Grupo de Izquierda Unida ha preguntado de forma reiterada en pleno sobre las actuaciones realizadas al respecto e instado al cumplimiento del acuerdo sin obtener respuesta por parte de la Diputación.

Por lo tanto, el Grupo de Izquierda Unida en la Diputación Provincial ha solicitado al Procurador del Común que se realicen las actuaciones oportunas para que la Diputación de Zamora cumpla el acuerdo de pleno y la legislación vigente en materia de Memoria Histórica. Se ha adjuntado al documento presentado el acta de la sesión y la publicación en el Boletín oficial de la provincia de los acuerdos del pleno de la Diputación de Zamora de 2 de febrero de 2018.

En palabras de Izquierda Unida Zamora, "es inadmisible que, después de más de cinco años, la Diputación de Zamora no haya llevado a cabo el acuerdo aprobado por unanimidad en relación al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y el reconocimiento a las víctimas de la dictadura franquista. La Diputación tiene una responsabilidad histórica con la memoria de las víctimas y debe cumplir con su obligación de reparación y reconocimiento".