El Tribunal Superior de Castilla y León ha desestimado íntegramente el recurso presentado por el Ayuntamiento de Cobreros contra la orden de la Junta de Castilla y León que no permitía el uso de los terrenos comunales para la ubicación de un macroproyecto fotovoltaico en el municipio.

En sus alegaciones, el Consistorio defendía que esta instalación "solamente ocuparía el 2% de los comunales, y que los ganaderos y vecinos podían aprovechar el restante 98%". Algo que, según han detallado desde la Plataforma Comunales Libres de Cobreros, supondría que los ganaderos de San Miguel de Lomba, por ejemplo, "tendría que llevar a su ganado a pastar al resto de pueblos que conforman este Ayuntamiento".

Esta misma plataforma señala que la sentencia del TSJCyL es "demoledora" para el Ayuntamiento de Cobreros, sus funcionarios y asesores por un expediente administrativo "torticero", y con el que defendieron el proyecto fotovoltaico "en la prensa". 

El TSJCyL indica que la monetización del aprovechamiento se contempla en las leyes como algo excepcional, pero contrario a la propia esencia del aprovechamiento habitual de los bienes comunales. Algo que el Tribunal indica que va en contra igualmente de la misma esencia de los terrenos comunales, de los que detallan que "es indivisible, que parte sea objeto de aprovechamiento por estos vecinos y parte no mediante el acotamiento para un uso industrial adjudicandose a un tercero mediante precio". Además, considera que al propio municipio le corresponde la gestión de los bienes comunales, pero que son los vecinos a los que les atañe su aprovechamiento, que puede configurarse como un derecho real administrativo de goce".

Por último, el TSJCyL reflexiona sobre este macroproyecto y su propia controversia para concluir que la forma de estos pueblos que han vivido de la agricultura disfrutando de estos bienes comunales, que, por tanto, "afecta a su subsistencia y permanencia" en dicho territorio, frente a los que pueden considerar el régimen de los bienes comunales un fenómeno de arqueología socio-jurídica y que puede conseguir mayores ingresos económicos a través de su adjudicación para la instalación de proyectos energéticos". En este sentido, el máximo tribunal de la Comunidad indica que esa necesidad de implantar energías renovables, que defiende el Ayuntamiento de Cobreros para justificar el acote de parte de los bienes comunales, "no puede prevalecer sobre la normativa y usos existentes".

El portavoz de la Plataforma Comunales Libres, Alejandro Fernández García, cree que con esta sentencia "se ha hecho justicia", y que el TSJCyL "ha defendido" los derechos de los vecinos y de los pueblos afectados sobre los bienes comunales, "frente al expolio al que nos quería someter" el Ayuntamiento de Cobreros en favor de empresas de fondos de inversión de capital extranjero.

La Plataforma concluye que este es "un primer paso" para la defensa de los derechos de los vecinos, agricultores y ganaderos en el resto de la provincia de Zamora, "que están sufriendo el acoso de empresas de este tipo para forzarles a abandonar su tierra".