Hace varias semanas, el diputado de Medioambiente y Obras, Javier Faúndez, explicaba que las tasas de residuos para ayuntamientos y mancomunidades de la provincia de Zamora subirá a 58 euros la tonelada. Todo en cumplimiento de la nueva Ley de Residuos aprobada por el Gobierno de España y que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Algo que el senador del PSOE por Zamora, José Fernández, se ha adelantado a desmentir, acusando a Faúndez de "desinformar" a los zamoranos.

El también alcalde de Puebla de Sanabria explica que esta normativa responde "al fomento de la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos, con la fracción preferente y la educación ambiental, con el objeto de desincentivar el depósito de residuos en vertedero, la incineración y su coincineración". Es decir, que esta nueva Ley incentiva la clasificación de residuos "papel, vidrio, plástico), los cuales quedarían "exentos de dicho impuesto", para reducir los residuos orgánicos, y por tanto los costes de gestión de los vertidos. Por ello, insiste el senador zamorano que, "cuantos más residuos estén clasificados, menos vertido y menos coste, luego si cumplimos y realizamos pedagogía del reciclado, pagaremos menos".

José Fernández acusa al Partido Popular de ofrecer información "malintencionada" sobre el asunto, porque si bien admite que se trata de un impuesto estatal, el senador acusa a Faúndez de "ocultar" que está cedido del Estado a las Comunidades Autónomas, "puesto que está vinculado al sistema de financiación autonómico, de acuerdo con la Ley de financiación Autonómica (Lofca)"; y que ahora es de obligada aplicación al pasar a tener carácter estatal y al ser una trasposición de una directiva europea. Algo que obliga a adaptar las normas a nivel nacional para alcanzar los objetivos que plantea Europa.

Obligación de la Diputación

Finalmente, el senador zamorano ha enumerado las "obligaciones" que la Diputación Provincial tiene con respecto a esta nueva normativa estatal. Así, según Fernández, la Diputación tendrá que disponer en todos los pueblos "los suficientes contenedores para facilitar el reciclado". También realizar "una eficaz y eficiente recogida, acabar con el dañino espectáculo de botellas de vidrio y plástico, además de cartones, alrededor de los contenedores por estar estos llenos".

La normativa también obliga a la elaboración de campañas informativas y formativas en educación ambiental, en coordinación con los Ayuntamientos, "de lo fundamental que es concienciarnos en el reciclado, que es a lo que nos obliga Europa". Y finalmente, prestar ayuda a dichos consistorios en el pago del aumento de la tasa, a partir del 1 de enero de 2023, cuando entre en vigor la nueva normativa.