En el país de los sobres B, las comisiones, los sobresueldos y el intercambio de favores de cargos públicos, existe un consistorio en España que ha decidido cortar de raíz y desde dentro todo atisbo de corrupción. El Ayuntamiento de Zamora, ese que saltó a las primeras planas por ser la única capital de provincia gobernada por Izquierda Unida en 2015, ha tirado de la manta en sus propias entrañas para destapar todo un entramado de corrupción que podría remontarse a 2007 y donde entran en juego dos funcionarios públicos, varios trabajadores municipales y la empresa concesionaria del mantenimiento de parques y jardines de la ciudad. 

Lo que en la Perla del Duero se ha venido a llamar el Caso Raga destapa varios delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude, en torno al contrato de los entornos verdes de la capital zamorana, y que podría haber dejado un roto a las arcas municipales de un millón de euros, solo contando desde 2014 y hasta 2019. En el ojo del huracán de este caso aún en investigación, tres hombres: de un lado, Alberto Vega, exjefe de Parques y Jardines de Zamora; el interventor general del Ayuntamiento, Francisco Javier López Parada; y el alcalde de la capital, Francisco Guarido. 

Hay que remontarse a julio de 2014 cuando una Izquierda Unida en la oposición ya denunciaba una supuesta corrupción en torno al Grupo Raga y su forma de recibir contratos menores por parte del Ayuntamiento (entonces gobernado por el Partido Popular con Rosa Valdeón). La empresa que ya era adjudicataria del servicio de Parques y Jardines, también recibía contratos menores sobre el mantenimiento de esta misma área. Algo que es legal para las empresas concesionarias de estos servicios municipales externalizados. Lo que no entra dentro de la legalidad, según el pliego de condiciones del contrato, es que Raga utilizara los mismos trabajadores municipales para realizar esos trabajos, ya que el sueldo de estos sale del Ayuntamiento de Zamora. Ese ahorro que el Grupo Raga se llevaba al no contratar a otros operarios para estos contratos menores sino utilizando trabajadores con sueldo municipal habría supuesto un montante para ellos de 546.900,51 euros; según las actuales investigaciones policiales. 

Ya hace siete años, Francisco Guarido y el resto de concejales de IU en la oposición aseguraban que el Ayuntamiento estaba permitiendo desde "hace por lo menos cinco años" que Raga se llevara la mayor parte de estos contratos menores y que los ejecutara "con personal que sólo debe trabajar para la concesión del mantenimiento de jardines". La empresa "de los cuñaos" la llamaba con sorna IU en su blog en Internet, que cobrará una especial importancia en la investigación judicial en curso. 

Con la entrada de Izquierda Unida en la Casa de las Panaderas en 2015, el equipo de Gobierno comenzaba un silencioso trabajo de recopilación de pruebas, datos y demás material para intentar destapar, ahora desde el poder, este entramado de corrupción enraizado en las entrañas del Consistorio zamorano. Francisco Guarido y su equipo eran conscientes de que para sacar esto a la luz necesitaban tener un buen trabajo de investigación interno para poder presentar una denuncia en los Juzgados. 

La chispa: las tarjetas de combustible y un parque infantil

Y vaya si sería un trabajo lento. Desde esa entrada en 2015 de Izquierda Unida en el Ayuntamiento zamorano a un 27 de octubre de 2020, concretamente. Fue en esa fecha donde el alcalde de Zamora convocaba a los medios de comunicación para sorpresivamente anunciar un proceso judicial contra el jefe de Parques y Jardines de Zamora, Alberto Vega, al cual también se le abría un expediente disciplinario de inmediato. Por aquel entonces, el Ayuntamiento había recabado pruebas sobre un supuesto uso fraudulento de las tarjetas de combustible del Servicio de Parques y Jardines, que ahora se conoce que superó los 20.000 euros sin justificar. 

Esta denuncia que generaba una intensa investigación policial cuyo primer golpe de efecto fue la detención del exjefe de Parques y Jardines en su domicilio de Zamora. Un 3 de marzo de 2021, una veintena de agentes de la UDEV de Zamora y Madrid irrumpían en la vivienda de Alberto Vega en busca de pruebas sobre sus 25 años de gestión al frente de dicho servicio municipal de Zamora y así incriminarlo sobre los diversos delitos de los que se le acusa: malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude en la contratación y presuntas irregularidades en la adjudicación de obras.

Hasta 4.000 folios de informes policiales de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zamora con el apoyo de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEV Central de Madrid, que narran cómo este hombre utilizó supuestamente su posición de poder al frente del servicio público para cobrar 'mordidas' de los contratos menores adjudicados al Grupo Raga y que estos aprovechaban para ejecutar con trabajadores del Ayuntamiento y ahorrarse su sueldo. La Policía Nacional indica que la firma de Alberto Vega como funcionario y responsable del servicio de Parques y Jardines sería la clave necesaria para dar de paso estos contratos y que Raga se beneficiara del cobro de los mismos, donde se ahorraban la contratación de trabajadores externos al servicio. En el propio informe policial pone como ejemplo de ello la reposición del vallado perimetral del Estanque Félix Rodríguez de la Fuente, en el bosque de Valorio, el cual tenía que haber sido realizado con trabajadores externos y finalmente fueron ejecutados con personal perteneciente a la contrata del Ayuntamiento. 

Algo de lo que no solo se beneficiaba la empresa Raga y que era un modus operandi habitual. Otras empresas que se hacían cargo de estos contratos menores también se llevaban su parte del pastel y que acabó por generar un desfalco de 278.432,04 euros solo con esta maniobra. De hecho, fue un parque infantil instalado en la plaza de Belén del barrio de Cabañales de la ciudad, lo que terminó por provocar la detención de dos de sus exdirectivos y dos trabajadores asociados al servicio en Zamora, el pasado mes de marzo. Resulta que las investigaciones indican que el exjefe del servicio habría adjudicado 'a dedo' la construcción de este parque infantil, por un contrato en torno a los 5.000 euros a una empresaria gallega (externa a Raga) también implicada en un supuesto delito contra la Administración Pública. Una cuantía por la que dicha empresaria debía proporcionar una cuadrilla de trabajo para instalar unos módulos de juego para dicho parque. Pero, la empresa gallega en cuestión no habría contratado a trabajadores para la instalación y tampoco adquirido con ese dinero los aparatos de juego que, finalmente, quedaban instalados en la plaza de Belén el pasado octubre de 2019. Según la investigación policial, habrían sido empleados del Grupo Raga los encargados de realizar la obra, aunque "se encuentran adscritos en exclusiva al servicio del Ayuntamiento ocasionando con ello un perjuicio patrimonial al Consistorio, y un beneficio mayor a la empresa gallega al no hacer frente a los gastos de personal y material necesarios para la ejecución".

Llegamos al millón de euros en desvío de fondos con 12.184,05 euros en facturas falsas, emitidas por Raga y aprobadas necesariamente por Alberto Vega; y hasta 122.692,98 euros en nóminas de un trabajador que debía estar en Zamora ocupando su puesto, pero que nunca jamás llegó a trabajar en la ciudad. Y para rematar, el exjefe de Parques y Jardines autorizó otros 20.941,98 euros en pago de horas extras, que supuestamente había abonado la empresa Raga a sus trabajadores, pero cuya factura se pasaba al Ayuntamiento de Zamora a mayores. 

Alberto Vega, "el conseguidor" con una vida de lujo

La Policía Nacional de Zamora y la Brigada Anticorrupción de la UDEV indican en sus informes que el exjefe de Parques y Jardines es "el conseguidor" de toda esta trama corrupta que llevaría muchos años arañando millones de euros al Ayuntamiento de Zamora. Las investigaciones solo han podido demostrar sus actos desde 2014, pero calculan que sus actividades fraudulentas pueden llevar más de veinte años en funcionamiento, teniendo en cuenta que Alberto Vega consiguió su puesto de jefe de Parques y Jardines hace 25 años. La Policía relata que su firma era imprescindible para lograr estos beneficios económicos para la empresa Raga.

Unos beneficios que también se habrían traducido en obras particulares en las fincas de los dos encargados de la empresa en Zamora y en la propia vivienda de Vega, pero que la Policía no ha podido calcular económicamente. Y es que, los favores para el exjefe de Parques y Jardines no acabarían en esos pellizcos que obtenía de la adjudicación a dedo de estos contratos y la aceptación facturas falsas u horas extras. Los informes de la UDEV y las declaraciones de varios testigos del caso, Alberto Vega llevaba una vida de lujo gracias al propio Grupo Raga. 

La empresa adjudicataria habría agasajado al entonces jefe de Parques y Jardines con estancias en hoteles de lujo y sesiones de spa, cuando este supuestamente asistía a congresos y ferias del sector jardinero. Una vida de placer que se remataba con el supuesto regalo de Raga a Alberto Vega de nada más y nada menos que tres vehículos de alta gama: un BMW X1, un Land Rover Freelander y un Nissan X-Trail. Coches que sus propios vecinos de urbanización veían habitualmente aparcados en la puerta de su vivienda donde fue detenido.

Una carpeta llamada Fechorías

¿Recordamos esa denuncia de Izquierda Unida en la oposición del Ayuntamiento allá por 2014? Pues resulta que no había pasado tan desapercibida para Alberto Vega. En los registros de todos sus aparatos electrónicos, la Policía encontró una carpeta en su ordenador donde solo había un tímido archivo de Word que rezaba: Fechorías. El exjefe de Parques y Jardines había tenido el humor, por llamarlo de alguna manera, de copiar y pegar esa entrada del blog de IU en un documento, donde se detallaban sus trajines con el Grupo Raga. 

Algo que llamaba sobremanera la atención de los medios de comunicación cuando salía a la luz, y que deja claramente a entender que Alberto Vega se sentía seguro en su posición de poder como funcionario municipal. Pero resulta que esta pequeña carpeta servía a los investigadores para concluir que Alberto Vega era "conocedor y partícipe" de estos actos ilícitos por parte del Grupo Raga.

Suma y sigue: el interventor del Ayuntamiento, también implicado

Pero si se creía que la corrupción se había arrancado de raíz en el Ayuntamiento de Zamora con la caída de Alberto Vega, de eso nada. Resulta que este caso alcanza al mismísimo interventor general del Consistorio. Y es que, el que es el máximo responsable del control financiero del Ayuntamiento habría asesorado a Alberto Vega mientras este estaba siendo investigado, accediendo a documentación restringida del propio sistema interno del Consistorio zamorano.

Una investigación interna del propio Ayuntamiento revelaba que el interventor municipal, Francisco Javier López Parada, habría accedido "en numerosísimas ocasiones" al expediente relacionado con el entramado de corrupción del Grupo Raga, con todos los detalles e informes que utiliza la UDEV para investigar el caso, y a varios archivos adicionales también relevantes para las investigaciones policiales. Es decir, que el interventor general ejercía de asesor para Alberto Vega, aportando material sensible sobre el caso y ayudando así a este en su defensa judicial, incluso antes de su detención y que daba al exjefe "una sensible ventaja" en su defensa.

Una tarea que el interventor, además, realizó durante una baja médica en la que accedió a la plataforma de expedientes Gestiona (dónde se almacenan todos los informes y contratos del Ayuntamiento) para descargar multitud de material sensible y relacionado con la investigación contra Vega y Raga. Las investigaciones policiales indican que "no se trataban de consultas al azar, sino reiteradas e interesadas para tener un conocimiento actualizado del caso". 

Un amiguismo entre estos dos funcionarios que, según la Policía, no terminaba ahí. Los informes elaborados después por la propia UDEV concluyen que este no ha sido el único acontecimiento donde el interventor había echado un cable a Alberto Vega. Y es que, cuando la viceinterventora del Ayuntamiento de Zamora denunciaba en los Juzgados el uso fraudulento de la tarjeta de combustible, para viajes privados y otros gastos de Alberto Vega, la Policía atestigua que el interventor habría interferido en la búsqueda de información sobre este fraude, "con la apariencia de querer desactivar la denuncia que la viceinterventora quería hacer y que aportaba con pruebas suficientes". Además, Francisco Javier López Parada realizó informes para contradecir a los de la viceinterventora, en los que aseguraba que el fraude con las tarjetas de combustible "no podía imputarse a una persona en concreto". Esto dejaría ver, según la Policía Judicial, "un presunto encubrimiento de hechos delictivos".

El último paso del alcalde de Zamora en toda esta maraña de corrupción entre funcionarios públicos ha sido denunciar el caso del interventor general ante la Junta de Castilla y León, ya que es este órgano quien debe autorizar un expediente disciplinario para la suspensión de sus funciones, al ser un alto cargo del funcionariado.