El departamento de Seguridad Víal de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas denunció que la carretera ZA-L-2215, que une Pinilla de Fermoselle con Fermoselle (Zamora), es “ilegal” y “pone en peligro la seguridad de los ciudadanos”, por lo que pidió a la Dirección General de Tráfico que abra un expediente sancionador por el estado de esa vía.

“El titular de la vía, en este caso, la Diputación de Zamora, hace gala de un abandono sistemático de las carreteras y con intervenciones de baja entidad y hasta peligrosas, demostrando su incapacidad reiterada de incumplir la ley, faltando a sus obligaciones”, afirmó el presidente en funciones de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, Juan Carlos Toribio en declaraciones a Ical.

En este contexto, la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas precisó que la carretera en cuestión presenta ausencia de señalización y marcas viales reglamentariamente establecidas; deformaciones, agujeros de grandes dimensiones y áridos en calzada y una anchura funcional de la calzada incorrecta e insuficiente, ya que “faltan más de tres metros de calzada en casi todo el recorrido”, sin que se pueda garantizar el cruce de dos vehículos legalmente autorizados para circular sin colisión.

“Su anchura es inferior, en muchos puntos, a 4 metros y sin arcén, debiendo disponer de calzada de siete metros y arcenes de un metro, como mínimo, cada uno, desde hace más de 100 años”, anotaron las mismas fuentes.

Por ello, la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas reclamó al “inmediata restitución” de la seguridad vial y que “se abra el correspondiente procedimiento sancionador al funcionario responsable de los hechos” y apostilló: “Hemos recordado al director General de Tráfico lo que establece el artículo 385 del Código Penal y el 9 de la Constitución Española. Si no se da solución a las infracciones graves detectadas se procederá a elevar informe a fiscalía. Por otro lado, se está estudiando la posibilidad que la Diputación carezca de capacidad económica para sufragar los gastos de mantenimiento”.