Los parlamentarios nacionales del PSOE de Zamora, la diputada Mar Rominguera y el senador José Fernández, se han referido esta mañana a la propuesta de la Comisión del Pacto de Toledo para la actualización de las Pensiones según el IPC.

Rominguera y Fernández han querido poner de relieve que la “Comisión, como ha venido haciendo en el pasado, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio social y financiero del sistema de pensiones en el futuro”.

La Comisión del Pacto de Toledo también ha señalado que “los pensionistas son, sin duda, uno de los sectores de población más perjudicados por las variaciones crónicas - generalmente al alza- que la inflación ocasiona sobre el coste de la vida; por esa razón la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones; en este sentido, la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora encaminada no a conservar, sino –cuando lo permita la situación económica y con la oportuna cobertura legal-, a aumentar dicho poder adquisitivo”.

“Por tanto -añaden los parlamentarios Nacionales del PSOE de Zamora- la Comisión constata que el vigente Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) no goza del suficiente consenso político y social”.

En este sentido la Comisión considera esencial, a los efectos de generar confianza en la ciudadanía, recuperar el consenso de la Recomendación “Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones”, aprobada en el año 2011 en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Asimismo, la Comisión considera que el desarrollo de lo establecido en esta recomendación deberá ser consultado y debatido en el seno de esta Comisión.

En este orden de cuestiones la Comisión considera que la sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y que toda subida por encima del IPC sea sufragada con cargo a otros recursos financieros, con pleno respeto a los distintos modelos de financiación existentes en el Estado.