La secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, analiza la situación de las políticas de vivienda de la Comunidad.

La secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, analiza la situación de las políticas de vivienda de la Comunidad. Leticia Pérez / ICAL .

Valladolid

El PSOE teme que la Junta copie al Ayuntamiento de Valladolid y cambie violencia "de género” por “doméstica” en las ayudas

La secretaria de Vivienda del PSOECyL cuestiona los criterios de PP y Vox en la capital y reclama saber si se trasladarán a Castilla y León durante la nueva legislatura.

Más información: Nueva ley de vivienda: Castilla y León la acatará, pero pone en duda algunos puntos

Publicada
Actualizada

La secretaria de Vivienda del PSOECyL, Ana Casado, pone el foco en las políticas de vivienda de Castilla y León ante el Gobierno autonómico en manos de PP y Vox y lanza una pregunta.

Si trasladará a la Junta los mismos criterios que ambas formaciones han aplicado en el Ayuntamiento de Valladolid.

Casado cuestiona la política de vivienda de la Administración autonómica por la falta, a su juicio, de un parque público suficiente y de una planificación adecuada, y censura que los “debates ideológicos” terminen dificultando el acceso a la vivienda de los castellanos y leoneses.

Su principal interrogante tiene como referencia el protocolo aprobado en el Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por PP y Vox, para regular el acceso a determinadas viviendas.

La dirigente socialista sostiene que los criterios establecidos han dejado fuera a vecinos de la ciudad que, pese a ser españoles, no pueden acceder a estos recursos al exigirse un periodo mínimo de tres años de empadronamiento.

“Nos encontramos con un protocolo donde se deja fuera a muchos vallisoletanos, españoles todos ellos, que ahora no pueden acceder porque su empadronamiento es inferior a tres años”, sostiene Casado.

La secretaria de Vivienda del PSOECyL también cuestiona otro de los criterios empleados, relacionado con la antigüedad del empadronamiento.

“Cuantos más años llevamos empadronados, más vulnerables somos. No lo entiendo”, afirma.

Pero es el tratamiento de las víctimas de violencia donde Casado sitúa una de sus principales críticas.

Según denuncia, el protocolo municipal puntúa para favorecer a víctimas de “violencia doméstica”, una terminología que, considera, genera confusión frente al concepto de violencia de género recogido en la normativa.

“Esto es muy grave, porque la normativa prioriza las violencias de género. No son lo mismo, no significa lo mismo y no tienen los mismos efectos legales”, señala.

A su juicio, la utilización de conceptos diferentes “lo único que genera es una inseguridad jurídica para el ciudadano”.

En este sentido, Casado pregunta si el nuevo Gobierno autonómico seguirá el mismo camino. “¿Pasará lo mismo en PP y Vox en la Junta?”, plantea la dirigente socialista, que reclama conocer si la Administración autonómica modificará también sus criterios en materia de acceso a la vivienda.

“¿Tenemos que esperar situaciones similares en la Junta?”, se preguntó la secretaria de vivienda del PSOECyL ante el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox, y pidió a los ‘populares’ que no hagan suyos “los postulados negacionistas, xenófobos y machistas de la extrema derecha”.

La socialista reivindica además que la violencia de género debe ser abordada sin ambigüedades.

“La violencia de género es una lacra y por negarla no va a desaparecer”, afirma, antes de calificar los hechos de “gravísimos”.

Para Casado, el debate sobre el acceso a la vivienda no puede desligarse de la necesidad de incrementar el parque público y establecer una planificación que permita atender las necesidades de los ciudadanos.

“Sin parque público suficiente, sin planificación y con debates ideológicos que dificultan el acceso a los castellanos y leoneses”, resume como diagnóstico de la situación.

Frente a las decisiones de las administraciones gobernadas por PP y Vox, la secretaria de Vivienda del PSOECyL asegura que los socialistas mantendrán su posición y continuarán fiscalizando las políticas públicas.
“Nosotros vamos a seguir trabajando y cumpliendo”, concluye.