Imagen del vertedero de Santovenia de Pisuerga (Valladolid). Ical
Ecologistas denuncia que la Junta insiste en ampliar “ilegalmente” el vertedero de residuos tóxicos de Santovenia
Critica además el “inaceptable trato de favor” de la administración regional a la empresa Cetransa y al grupo Urbaser.
Más información: La Junta paraliza la ampliación "ilegal" del vertedero de residuos peligrosos de Santovenia y pedirá un informe jurídico
La organización Ecologistas en Acción ha denunciado que la Junta de Castilla y León insiste en ampliar de forma “ilegal” el vertedero de residuos industriales peligrosos ubicado en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).
La acusación se produce tras conocerse que el todavía director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, ha propuesto para la reunión de mañana del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio la aprobación de una modificación de la autorización ambiental.
Esta medida busca incrementar la capacidad del recinto en 125.000 metros cúbicos adicionales al millón de metros cúbicos que ya se encuentra autorizado.
Según ha informado la organización ecologista, la polémica ampliación fue solicitada originalmente por la empresa titular de la instalación, Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa), perteneciente al grupo Urbaser.
Ecologistas en Acción sostiene que dicha solicitud no está amparada por la declaración de impacto ambiental del año 2014, ni por la autorización ambiental vigente del complejo, lo que excluye automáticamente su cobertura bajo la declaración de Proyecto Regional que la Junta ejecutó en el año 2015.
Un informe urbanístico municipal negativo y vinculante
A través de un comunicado, la asociación recalca que el propio Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga emitió en junio de 2024 un informe urbanístico negativo.
La administración local concluyó formalmente que “la ampliación proyectada y la modificación sustancial derivada no son autorizables”, puesto que el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio prohíbe expresamente la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cetransa.
De acuerdo con la legislación estatal y autonómica en materia de prevención de la contaminación, este informe es de carácter vinculante y debería determinar el archivo automático de las actuaciones.
Ante este escenario, Ecologistas en Acción califica de “inaceptable trato de favor” la postura de la Junta de Castilla y León hacia Cetransa y el grupo Urbaser.
Recuerdan, además, que ambas firmas ya se vieron beneficiadas en el año 2001 por una ley ad hoc que terminaría siendo declarada inconstitucional una década más tarde.
Aquella norma se diseñó para mantener activo el vertedero después de que una sentencia del Tribunal Supremo anulara sus correspondientes licencias municipales.
Advertencias al nuevo consejero
En la reunión del Consejo, la organización ambiental mantendrá su postura firme y propondrá formalmente el archivo definitivo del expediente de modificación de la autorización ambiental.
Asimismo, ha lanzado una advertencia directa al nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, alertándole sobre el “regalo envenenado” que hereda de su predecesor en el cargo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y de su equipo de Sostenibilidad Ambiental.
El colectivo avisa de las posibles responsabilidades penales en las que se podría incurrir en caso de dar luz verde a la ampliación del vertedero tóxico de Cetransa quebrantando la legalidad vigente.
El vertedero de Santovenia de Pisuerga inició su actividad en junio de 1993 y acumula un largo historial de incidentes desde su apertura.
Entre los sucesos registrados figuran el vertido de residuos prohibidos, la fuga de sustancias contaminantes, la acumulación de agua en el interior del recinto, la irrupción de aguas subterráneas bajo el vaso de vertido, el asentamiento del caballón de cierre y un incendio.
En la actualidad, el complejo almacena más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, de los cuales más de una tercera parte proceden de fuera de Castilla y León.
