Audiencia de Valladolid
Se enfrentan a más de 112 años de cárcel cinco miembros de una organización por explotación sexual de mujeres
El juicio arrancará el próximo 23 de junio en la Audiencia de Valladolid.
Más información: Se enfrentan a 63 años de cárcel 4 miembros de una organización: convertían a mujeres en esclavas sexuales
La Audiencia de Valladolid va a celebrar los días 23, 25 y 26 de junio el juicio contra los cinco presuntos integrantes de una red de trata de seres humanos desarticulada en noviembre de 2022 por traer a la capital del Pisuerga mujeres de Paraguay con el fin de someterlas a explotación sexual.
La actividad la ejercían en condiciones de esclavitud y bajo un control férreo de los acusados que se enfrentan en conjunto a penas que suman más de 112 años de cárcel.
El escrito de acusación de la Fiscalía informa de que fruto de la actuación policial se ha revelado la existencia de un entramado criminal, con diferente grado de participación, que por lo que hace referencia a la presente calificación, al menos desde la segunda mitad del año 2021 hasta finales del mes de noviembre de 2022 se ha estado dedicando a la captación de mujeres jóvenes.
Mujeres con graves problemas económicos y familiares procedentes de zonas deprimidas de Paraguay, al objeto de financiar y facilitar su llegada, a territorio español donde serían explotadas en una vivienda dedicada al ejercicio de la prostitución en Valladolid.
A la cabeza de dicho entramado, como señala el Ministerio Fiscal, tomando todas las decisiones principales, organizando, financiando los viajes, controlando todo el proceso desde la captación, traslado y acogimiento en España, así como controlando la explotación sexual de las mujeres se encontraba la acusada L.C.P.
La mecánica
La mecánica comisiva era muy similar en todas las mujeres tratadas. El proceso comenzaba por la captación, traslado y acogimiento de las chicas hasta la vivienda mencionada para su explotación sexual posterior.
La captación se hacía directamente por la acusada L.C.P. o bien por algún contacto que ésta tenía en su país de origen.
Principalmente eran personas de su entorno con graves problemas familiares y económicos a las que ofrecía venir a España para trabajar en la prostitución con la promesa de ganar mucho dinero y siempre ocultándolas las condiciones reales en las que dicha actividad se ejercería.
Para ello, después de contactar directamente con la víctima, normalmente a través del teléfono, la acusada L.C.P. la enviaba directamente o a través de persona interpuesta, para evitar ser descubierta, una suma de dinero suficiente para adquirir un “pack de viaje” más o menos alrededor de 2.000 euros con los que se adquirían los billetes de ida y vuelta, así como una reserva en un Hotel de Madrid por tiempo de 10 días y se pagaría un seguro de viaje. Además, en concepto de viático se entregaban otros 1.000 euros aparte.
La acusada L.C.P. controlaba diversas rutas para evitar que el viaje desde Paraguay a España se frustrara.
Una vez en España, donde llegaban a través del Aeropuerto de Madrid-Barajas, la acusada L.C.P., en casi todas las ocasiones, las estaba esperando y las trasladaba a Valladolid, pagando ella también el viaje que normalmente se realizaba en tren para trasladarlas al piso de la ciudad del Pisuerga ubicado en la Avenida de Burgos, alquilado por la acusada, donde comenzaba su explotación sexual.
La estancia en el piso comenzaba con la devolución del dinero viático a la acusada, tras lo que la víctima era informada de que, con motivo del gasto efectuado por su viaje, había contraído una deuda que iban a tener que satisfacer trabajando en la prostitución.
La acusada L.C.P. contrataba los servicios de un fotógrafo profesional que tomaba unas fotografías sugerentes de las víctimas, siempre sonriendo y mirando a la cámara vestidas de lencería o semidesnudas para que la acusada pudiera publicitar a las víctimas en las páginas especializadas de contactos sexuales.
L.C.P. era la que contrataba y pagaba directamente esos servicios, así como la que llevaba a cabo las renovaciones periódicas de los anuncios, gastos que luego trasladaba a las víctimas.
La acusada asignaba a cada víctima su Nick o nombre que iba a utilizar en los intercambios sexuales comenzando de inmediato a prestar los mismos.
Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día y también maquilladas y arregladas a la espera de los clientes, y solo podían abandonar el domicilio durante dos horas al día, de una en una previa solicitud a la acusada.
L.C.P. Se quedaba con el 50% de las ganancias del servicio como apunta el Ministerio Fiscal y posteriormente liquidaba el otro 50% del mismo a las víctimas, de acuerdo con la contabilidad que ambas llevaban, si bien hasta que pagaban la deuda contraída, la totalidad del dinero era para la acusada salvo una pequeña cantidad que les entregaba para poder vivir.
Distribución de droga
La Fiscalía señala, en su escrito, que, en la vivienda mencionada, además de prestarse servicios sexuales, como servicio adicional, con unos códigos previamente establecidos en el sector (fiesta, fiesteras, fiesta blanca) para aquellos clientes que lo solicitaran, se distribuía droga, concretamente cocaína y en alguna ocasión pastillas de viagra, si bien las víctimas, que no podían negarse a prestar este servicio, no participaban del beneficio generado.
En la adquisición y traslado de la droga desde el domicilio personal de la acusada L.C.P. a la vivienda de la Avenida de Burgos colaboraba el acusado J.R.A. quien era conocedor del destino que se daba a la sustancia y de la actividad que se prestaba en dicha vivienda.
La situación narrada se mantuvo prácticamente intacta hasta febrero del año 2022 momento en el que L.C.P., que estaba obsesionada con su seguridad personal, comenzó a tomar medidas de protección para evitar ser responsabilizada de la actividad narrada.
En ese momento fue la tercera de las acusadas: M.A.P.G. la que asumiría diversas funciones de gestión y de control de la actividad.
Varias mujeres
En la situación descrita se encontraban varias mujeres, que fueron testigos protegidos en el caso.
Dos de ellas fueron captadas por la cuarta de las acusadas M.G.G.M. y otra por H. J. A. A. , el quinto de los acusados.
Por auto de fecha 24 de noviembre de 2022, se autorizó la entrada y registro en varios domicilios de la organización que, al menos desde la segunda mitad del año 2021 y hasta finales de noviembre del año 2022 se había estado dedicando a la captación de mujeres jóvenes con graves problemas económicos y familiares procedentes de zonas deprimidas de Paraguay.
Petición de penas
La Fiscalía pide para L.C.P. por cada uno de los cuatro presuntos delitos de trata de seres humanos (4) en concurso medial con cuatro delitos de prostitución coactiva la pena de 8 años de presión, en total 32 años.
Por el presunto delito de prostitución coactiva en grado de tentativa la pena de un año de prisión.
Por cada uno de los tres presuntos delitos de aprovecharse de la prostitución ajena la pena de 3 años de prisión. 9 años en total.
Por el presunto delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros la pena de un año de prisión.
Por el presunto delito contra la salud pública cuatro años de prisión. Por el presunto delito de blanqueo de capitales la pena de 3 años de prisión y por el presunto delito de pertenencia a grupo criminal 2 años de cárcel. 52 años de cárcel en total.
Para M.A.P.G. la Fiscalía solicita, por cada uno de los cuatro presuntos delitos de prostitución coactiva la pena de 3 años y 6 meses de prisión. 14 años en total. Y por el presunto delito de prostitución coactiva en grado de tentativa la pena de 1 año de cárcel. Al que hay que sumar otro año por este presunto delito de prostitución coactiva en grado de tentativa como informa el Ministerio fiscal.
Por el presunto delito de aprovechamiento de la prostitución ajena la pena de tres años de cárcel. Por el presunto delito contra la salud pública la pena de cuatro años de prisión. Por el presunto delito de grupo criminal la pena de dos años de prisión. Un total de 25 años de cárcel.
Para M. G.G.M. pide, por cada uno de los dos presuntos delitos de trata de seres humanos en concurso medial con dos delitos de prostitución coactiva la pena de 8 años de prisión. 16 en total a los que hay que sumar dos más por el presunto delito de pertenencia a grupo criminal. 18 años en total.
Para H.J.A.A. la Fiscalía pide 7 años de cárcel por el presunto delito de trata de seres humanos en concurso medial con un delito de prostitución coactiva en grado de tentativa.
Por el presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros la pena de 8 meses de prisión y por el presunto delito de pertenencia a grupo criminal la pena de dos años de cárcel. 9 años y 8 meses de cárcel en total.
Para J.R.A. pide 4 años de prisión por un presunto delito contra la salud pública. Por el presunto delito de blanqueo de capitales la pena de tres años de prisión y por el presunto de grupo criminal un año más. Un total de 8.
112 años y 8 meses en total para los cinco.
