Tren de alta velocidad parado en el trayecto Valladolid-Madrid ICAL
La lucha entre Renfe, Iryo y la CNMC salpica a Valladolid: en juego, menos frecuencias de Avants con Madrid
La empresa pública alega ante la Audiencia Nacional que sólo oferta a terceros un 1% de instalaciones de mantenimiento en Valladolid.
Más información: Renfe recurre a la Audiencia Nacional la resolución de la CNMC que le obliga a abrir sus talleres a Iryo
La disputa entre Renfe y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la apertura de talleres ferroviarios a operadores privados sitúa a Valladolid en una posición delicada dentro del mapa ferroviario.
La operadora pública ha reconocido ante la Audiencia Nacional que la única capacidad de mantenimiento pesado ofrecida a terceros se encuentra en la Base de Mantenimiento Integral (BMI) del páramo de San Isidro, en Valladolid, y representa apenas un 1% de sus instalaciones, según apunta Ical.
El conflicto surge después de que la CNMC obligara a Renfe a facilitar el acceso a sus talleres para que operadores competidores, como Iryo, puedan realizar mantenimiento pesado de sus trenes.
Aunque la resolución se centra principalmente en la base de La Sagra, en Toledo, la compañía ferroviaria ha subrayado que Valladolid es actualmente la única instalación incluida en su declaración pública de capacidad para este tipo de operaciones.
Renfe sostiene que la decisión del regulador puede generar “graves problemas operativos” y afectar directamente a la disponibilidad de trenes en circulación.
Entre los servicios que podrían verse más perjudicados figuran precisamente los Avant Valladolid-Madrid, considerados los de mayor volumen de viajeros de toda España.
La compañía advierte de que abrir sus instalaciones a otras operadoras obligaría a reorganizar el mantenimiento de su propia flota, reduciendo tiempos y espacios disponibles para las revisiones técnicas.
Según la empresa, esto podría traducirse en menos trenes operativos, ajustes de frecuencias y una presión añadida sobre corredores de alta demanda como el que une Valladolid con la capital.
Además del impacto sobre los viajeros, Valladolid podría convertirse en un punto de tensión industrial y logística dentro del sistema ferroviario nacional.
La BMI del páramo de San Isidro es una infraestructura estratégica para Renfe, y cualquier incremento de actividad o cesión de capacidad podría alterar la planificación de mantenimiento y aumentar la carga de trabajo sobre unas instalaciones ya limitadas.
Renfe considera “arbitrario” el criterio utilizado por la CNMC para calcular la capacidad disponible de los talleres y acusa al organismo de imponer medidas que van incluso más allá de lo solicitado inicialmente por Iryo.
La operadora asegura que la resolución abre la puerta, en la práctica, a una utilización casi completa de sus instalaciones por parte de la compañía italiana.
El enfrentamiento también tiene consecuencias económicas, ya que Renfe calcula pérdidas superiores a 60 millones de euros anuales derivadas de la reducción de oferta ferroviaria y de los desajustes operativos que podría provocar esta apertura obligatoria de talleres.
Mientras tanto, la empresa pública defiende que las operadoras privadas han tenido tiempo suficiente para construir sus propias instalaciones de mantenimiento, como ya ocurre en otros países europeos.
