Obras para el paso inferior ya ejecutado de Padre Claret dentro del convenio de integración.
La Audiencia Nacional rechaza el recurso de la Junta contra la resolución del convenio de integración en Valladolid
Todavía no se ha pronunciado respecto a la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento.
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La sección 8.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de la Junta de Castilla y León que pedía adoptar como “medida cautelar” la suspensión de la decisión de Adif, que declaró resuelto el convenio de integración ferroviaria de las vías del tren en Valladolid, adoptada en diciembre de 2025.
Así lo recoge el auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, de 4 de mayo, que descarta adoptar una “medida cautelar” contra la resolución del convenio firmado en 2017 y que ejecutaba la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.
Una sociedad integrada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid.
En su argumentación, la Sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional asegura que la Junta en su recurso pretende que se imponga como medida cautelar la “obligación” de hacer ejecutar el convenio de 2017, que sustituyó al suscrito en el año 2002.
Según recuerda, las actuaciones previstas no pueden realizarse sin la colaboración del gestor de la red ferroviaria y el Ayuntamiento de Valladolid. “Es patente que no hay voluntad concorde entre estas dos administraciones públicas, territorial e institucional, y no parece que acordar la medida cautelar solicitada pueda suplir los patentes obstáculos”, señala.
Sin entrar en el fondo del asunto, apuntó que la decisión de Adif de resolver el convenio de integración se dictó de acuerdo con el “procedimiento legalmente previsto” ante la “existencia de incumplimientos relevantes y reiterados”, así como la “imposibilidad” de alcanzar determinados acuerdos.
“No existe esa apariencia de buen derecho y la medida provisional solicitada no se limitaría a mantener la situación existente, sino que supondría imponer una determinada solución jurídica y material antes de que haya pronunciamiento sobre el fondo del asunto”, apunta el auto.
No aprecia “peligro” si no actúa con carácter previo a la sentencia tras “24 años de actuaciones”. De esta forma, sostiene que la medida cautelar que pedía la Junta no puede implicar la imposición de “decisiones futuras, todavía no tomadas”, o que se dicten actos administrativos con un “determinado contenido”.
Estación de autobuses
Igualmente, la Audiencia niega que exista “indicio alguno” de que vaya a producirse una paralización de las actuaciones que están en curso y añade que no le consta “en modo alguno” que las obras de la estación de autobuses dependan de la entrega de los suelos de los antiguos talleres. “No hay motivo para suponer que las obras iniciadas por el gestor de las infraestructuras ferroviarias se vayan a detener”, agregó.
Al respecto, insiste en que no aprecia “ninguna” intervención “inminente” o “irreversible” que exija una actuación “cautelar” para evitar un “daño definitivo”. “No es plausible que actuaciones críticas en ejecución sean paralizadas”, apostilló para recordar que si se termina por disolver la sociedad, se tratará de un procedimiento de carácter “patrimonial”, susceptible de “indemnización”.
Finalmente, el auto recuerda que si aceptara la medida cautelar obligaría a las partes, Gobierno, Junta y Ayuntamiento, a continuar “vinculadas” al convenio cuya extinción, recuerda, “ha sido declarada”, por lo que la decisión judicial sobre su validez quedará sujeta al proceso abierto en el mismo órgano.
La medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento
Según afirmó el alcalde, Jesús Julio Carnero, tanto el Ejecutivo autonómico como el propio Consistorio recurrieron la decisión ministerial, donde ambas administraciones y de manera independiente pidieron como medida cautelar declarar suspensa dicha decisión.
Tras conocerse la resolución en la parte que corresponde a la petición de la Junta, Carnero puntualizó que la Audiencia Nacional todavía no se ha pronunciado respecto a la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento de Valladolid.
“No supone la disolución de la SVAV”
La Plataforma Por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid ha querido dejar claros varios asuntos en relación a la decisión de la Audiencia Nacional sobre el Convenio de 2017 en el marco de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.
“Queremos precisar que, a pesar de que se quiera dar esa sensación, esto no es un fallo de la Audiencia y, por lo tanto, el proceso jurídico no se acaba aquí y no supone la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad”, han asegurado en un comunicado.
Afirman que “todavía queda mucho recorrido, como por ejemplo el recurso del Ayuntamiento contra la resolución del convenio”.
“En cualquier caso no cierra la puerta a que se resolviera el convenio de 2017 y, dentro del marco de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, se firme un nuevo convenio que incorporara el soterramiento como mejor solución por el futuro de Valladolid”, añaden.
Apuntan que la Plataforma “no comparte el convenio de integración de 2017 a base de túneles que no resuelve los problemas que tienen los ciudadanos al otro lado de la vía” y añaden que “no les importa que se rescinda el convenio de 2017”.
“Lo que pretendemos es que dentro del marco de la SVAV se suspenda ese convenio y se haga otro nuevo que contemple el soterramiento, Es decir, lo contrario de lo que se hizo en 2017, y volver a los objetivos del convenio del 2002 que era soterrar las vías del tren a su paso por Valladolid”, añaden.
Apuntan que “si se pudo hacer en 2017, evidentemente se puede hacer en 2026” y añaden que “no podemos olvidar que se renunció al soterramiento cuando ya se habían ejecutado gran parte de las obras previas que pertenecían a Renfe y Adif” y que el Ayuntamiento “ya ha cedido más de 70 hectáreas para los talleres de Renfe y todo el complejo ferroviario”.
“Lo que deberían hacer el Ministerio y el Ayuntamiento es reunirse y defender el mejor proyecto para Valladolid. Es insólito que el ministro no haya aceptado reunirse con el alcalde de su ciudad para buscar puntos de encuentro”, argumentan.
Desde la Plataforma han querido dejar claro que “estamos abiertos a dialogar y a intentar que el soterramiento sea posible siguiendo un proyecto y una programación adecuadas a las peculiaridades y necesidades de la ciudad”.
“Pensamos que quizás se podría iniciar el proyecto con una estación soterrada con un valor aproximado de 80 millones, tal y como figura en el convenio de 2017, e iniciar el soterramiento desde la estación en dirección norte con una longitud de 2.500 metros por un valor como mucho de 250 millones”, reza el comunicado, para “plantear una segunda fase desde la estación hacia el sur”.
La Plataforma cree que esto es “totalmente asumible y lo más beneficioso para el conjunto de la ciudad”.
“Es lamentable que el ministro, a través de Renfe y ADIF intente por todos los medios impedir el soterramiento de Valladolid, al mismo tiempo que visita las obras de otros soterramientos como en Valencia, Almería, Alicante, Lorca, Murcia, etc”.
Y aseguran que el ministro “sabe que el soterramiento es la obra más importante para Valladolid tanto desde el punto de vista social, ecológico, urbanístico, de movilidad sostenible e incluso de desarrollo económico; pero es evidente que no va a permitir que nadie lleve a cabo su propio fracaso”.
Por último, piden a Óscar Puente que “abandone se actitud soberbia y prepotente” y reciba a los miembros de la Plataforma o acepte un debate para hablar del soterramiento y para que “explique por qué no tiene la voluntad política de realizarlo en Valladolid, cuando se ha hecho en numerosos municipios españoles con más dificultades técnicas y sin recursos propios para financiar la obra”.
