La lucha de unos vecinos contra el alcalde por permitir el mayor parque solar de Castilla y León a cambio de una residencia

Esta es una historia en la que hay de todo. Incluso podría ser la típica batalla de Numancia o de David contra Goliat, pero a veces las cosas no son de blanco o negro.

La implantación del proyecto fotovoltaico Navabuena Solar, previsto en el término municipal de Villalba de los Alcores (Valladolid), ha abierto un debate en la comarca de los Montes Torozos entre quienes denuncian su impacto territorial y quienes defienden sus beneficios económicos y su plena legalidad.

La tercera parte del triángulo es la empresa encargada de la obra, el potente Grupo Cobra. De él no vamos a tener valoración en este reportaje, ya que no ha contestado a los correos electrónicos de este medio. Por lo que se queda todo en un cara a cara.

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El parque, que ocuparía más de 900 hectáreas de suelo rústico, está considerado el mayor proyecto solar proyectado en Castilla y León y uno de los más grandes de España. Hasta ahí todo suena muy bien, pero…

La iniciativa ha recibido ya el visto bueno para continuar su tramitación por parte de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo (CTU) de Valladolid, y el Ayuntamiento concedió licencia de obras el pasado 23 de febrero.

Hasta el punto de que las obras ya se han puesto en marcha el pasado lunes 6 de abril.

Sin embargo, la plataforma SOS Montes Torozos ha presentado un recurso contra la autorización de uso excepcional en suelo rústico, al considerar que el proyecto presenta “deficiencias relevantes” y posibles irregularidades.

Molinos de viento en la zona de Villalba de los Alcores Cedida

Esta asociación lleva tres años de lucha, insisten en que ellos están a favor de las energías renovables, pero “no de cualquier manera”.

Ricardo Medina, portavoz de la plataforma, ha alertado de que este no es un caso aislado. A Navabuena se suman otros desarrollos como Pegaso Solar, Andarríos Solar o La Mudarra I y II, configurando un escenario de fuerte transformación del territorio.

“La acumulación de plantas hace que el impacto sea una barbaridad”, asegura, apoyándose en informes técnicos y periciales que alertan del daño ambiental y paisajístico.

En paralelo, el Ayuntamiento defiende a EL ESPAÑOL Castilla y León que el procedimiento cumple todos los requisitos legales y que la instalación supondrá ingresos importantes para el municipio.

El debate, por tanto, enfrenta las dos visiones sobre el futuro del territorio. Esa que advierte de los efectos ambientales y paisajísticos de una instalación de esta magnitud y la que pone el acento en las oportunidades económicas que puede generar para un pequeño municipio rural, ahora que la cosa está tan necesitada.

La plataforma: “Un impacto de gran magnitud”

Entre las voces más críticas se encuentran la plataforma SOS Montes Torozos y la familia Miranda, vinculada a la conocida finca Las Cortas de Blas, una explotación agraria reconvertida en granja escuela a la que acuden desde hace años escolares de toda la provincia de Valladolid.

La asociación ha recurrido la autorización administrativa al entender que el proyecto no se ajusta a las Normas Subsidiarias municipales y que su tamaño impide considerarlo un uso excepcional del suelo rústico.

Según sostienen desde la plataforma, el parque solar implicaría una transformación masiva del territorio.

“Estamos hablando de más de 900 hectáreas de suelo rústico convertidas en un uso industrial, lo que supone un impacto territorial, ambiental y socioeconómico de gran magnitud”, señalan desde SOS Montes Torozos.

La entidad ha presentado recurso tanto ante el Ayuntamiento de Villalba de los Alcores, que no llega a los 400 habitantes, como ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León.

Entre sus principales argumentos, sostienen que la autorización concedida presenta “deficiencias relevantes y posibles irregularidades”, por lo que reclaman su revisión.

Además, alertan del riesgo de que las obras avancen mientras se tramitan los recursos.

“Iniciar obras mientras los recursos siguen en tramitación puede generar situaciones de difícil reversión y aumentar la inseguridad jurídica del proyecto”, advierten.

Según Medina, las actuaciones se han retomado esta misma semana pese a la existencia de medidas cautelares judiciales. “Debería paralizarse todo, pero siguen adelante para que luego sea imposible detenerlo”, afirma.

Desde la plataforma insisten en que no están en contra de las energías renovables, sino de su implantación desordenada.

“El problema no es el qué, sino el cómo”, subraya Medina, quien critica lo que considera una “inercia de la administración” que estaría favoreciendo a las grandes empresas energéticas sin garantizar el cumplimiento riguroso de la normativa.

Zona de Montes Torozos

Otro de los puntos de conflicto es la designación de determinadas áreas como “zonas de sacrificio”, lo que, según denuncian, permite una mayor concentración de infraestructuras energéticas. “No es normal que un 10% de un municipio quede ocupado por una sola planta”, añade.

Además del impacto ambiental, los opositores alertan de consecuencias sociales y económicas. Cuestionan que las compensaciones ofrecidas, como la construcción de infraestructuras locales, supongan un beneficio real para municipios pequeños.

“No se desarrolla un pueblo así; lo que se necesitan son proyectos que generen empleo y tejido productivo”, sostienen.

El Ayuntamiento: “En el pueblo no hay ningún problema”

Frente a estas críticas se encuentra la versión municipal. El alcalde de Villalba de los Alcores, Manuel Gutiérrez del Campo (PP), sostiene que el conflicto no refleja la realidad social del municipio.

“En el pueblo no hay ningún tipo de problema. No hay nadie que vaya al Ayuntamiento a pedir explicaciones ni nada. La gente está tan tranquila”, afirma el regidor que lleva gobernando en este municipio desde 2011, es decir 16 años.

En las últimas, las de 2023, el resultado no pudo ser más contundente, 6 concejales contra uno del PSOE.

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Según explica, las críticas proceden principalmente de esta familia vinculada a una finca del término municipal. “Solo hay una familia de una finca que están dando guerra. No hay ningún vecino más que esté poniendo pegas”, asegura.

El alcalde insiste en que el proyecto lleva años de tramitación administrativa y que ha superado todos los controles necesarios antes de llegar al Ayuntamiento, por lo que se muestra muy tranquilo.

“Las empresas primero consiguen todos los permisos del Ministerio y de la Junta. Cuando llegan al Ayuntamiento con todo aprobado, nosotros no podemos decir que no a la licencia”, explica.

En este sentido, recalca que la administración local no tiene margen para bloquear una iniciativa que cumple la normativa.

“Una vez que tienen todos los permisos, nosotros como Ayuntamiento se la tenemos que dar sí o sí”, sostiene.

En la misma línea se manifestó hace unos días el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, que aseguró que “nos puede gustar más o menos y entiendo que este proyecto, como en muchos otros, hay gente a favor y en contra, pero no podemos olvidar que la ley permite que se desarrollen este tipo de inversiones”

Beneficios económicos para el municipio

El principal argumento del Consistorio a favor del proyecto es su impacto en las arcas municipales y en el desarrollo local. “Para el Ayuntamiento sí que da mucho dinero”, afirma el alcalde.

Según explica, el municipio recibirá ingresos por la licencia de obra y posteriormente por la actividad económica vinculada a la planta.

“Todos los años la actividad económica va a ir ingresando dinero en el Ayuntamiento”, señala.

El regidor subraya que esos recursos permitirían financiar proyectos que, de otro modo, serían inviables para un pequeño municipio rural. “Queremos hacer una residencia de ancianos que sin esto no podríamos hacer”, asegura con sinceridad.

La contratación de redacción de proyecto básico y ejecución, dirección de obra y dirección de ejecución de obra de primer establecimiento de residencia de personas mayores en Villalba de los Alcores ya es pública con un precio de 299.102,86 euros.

De momento se ha paralizado "a la vista de las circunstancias concurrentes y de la necesidad de revisar los pliegos que rigen la licitación".

El alcalde también cuestiona la postura de algunos colectivos críticos con el proyecto, a los que acusa de mantener posiciones contradictorias respecto a la transición energética.

“En SOS Torozos hay gente que antes quería placas solares porque eran muy limpias y ahora dicen que son sucias”, afirma. En su opinión, el rechazo responde más a una “cuestión ideológica” que a un problema real en el municipio.

“El que ha querido firmar con la empresa ha firmado y el que no, no. Cada uno con su propiedad puede hacer lo que quiera”, sostiene.

El propio alcalde reconoce, no obstante, que la instalación tendrá un efecto visible en el paisaje. “No son bonitas, eso está claro. Si no te ponen placas, el paisaje queda más natural”, admite.

Sin embargo, recuerda que la comarca ya convive desde hace décadas con otras infraestructuras energéticas. “Toda esta zona de Torozos está llena de molinos desde hace veinte años”, explica.

Además, subraya que el término municipal es muy amplio, lo que relativiza el impacto territorial.“900 hectáreas suenan a mucho, pero Villalba tiene un término muy grande y caben más que en otros pueblos”, afirma.

Miranda replica

Frente a estos argumentos del Ayuntamiento, que defiende la legalidad de los proyectos y sostiene que “si no se instalan aquí, se harán en otro lugar”, Ricardo Miranda rechaza esta postura y la califica de conformista.

“No porque otros lo hagan mal tenemos que hacerlo nosotros también”, afirma, insistiendo en que los consistorios sí tienen capacidad de decisión a través de sus informes. “Si el Ayuntamiento hubiera emitido un informe negativo, la situación sería distinta. Decir que no se puede hacer nada no es cierto”, subraya.

En cuanto a las compensaciones anunciadas, Medina se muestra muy crítico con este tipo de medidas.

“No tiene sentido plantear grandes infraestructuras en municipios de apenas 200 habitantes como moneda de cambio”, señala en referencia a la famosa residencia prometida.

A su juicio, este tipo de iniciativas no responden a un modelo de desarrollo sostenible, sino que buscan “comprar voluntades” sin generar empleo ni actividad económica real a largo plazo en la zona.

El caso de Navabuena Solar refleja el típico debate rural de cómo compatibilizar la expansión de las energías renovables con la conservación del paisaje y del medio natural.

El debate también alcanza al modelo energético. Medina defiende alternativas como el autoconsumo y las comunidades energéticas frente a la concentración en grandes instalaciones.

“Se está replicando el modelo de las energías fósiles, dejando la producción en manos de grandes empresas y no de los ciudadanos”, critica.