Imagen de la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid.
La polémica por la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid activa el ataque del PSOE: pide dimisiones y dejar de multar ya
El portavoz socialista, Pedro Herrero, asegura que lo ocurrido tras aceptarse el recurso de Liberum “es el resultado de una gestión irresponsable, negligente y políticamente insostenible”.
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El Grupo Municipal Socialista de Valladolid va a presentar, en el pleno de este lunes, 30 de marzo, una enmienda de adición a la moción sobre la Zona de Bajas Emisiones de PP y Vox.
Todo con el fin de exigir a Jesús Julio Carnero que “deje de actuar tarde, mal y a remolque de los tribunales” y que “asuma las consecuencias de su nefasta gestión”.
El PSOE reclama una respuesta “inmediata, legal y justa ante el caos provocado por el Equipo de Gobierno en la aplicación de una ordenanza anulada judicialmente y cuyas consecuencias están pagando los vecinos de Valladolid”, afirman.
La Ordenanza y la moción
Los socialistas defienden que la Zona de Bajas Emisiones que ha sido tumbada por los tribunales es la que “diseñó, tramitó y aprobó en solitario el actual equipo de Gobierno municipal del PP y Vox”.
Añaden que es “su ordenanza, su responsabilidad y su fracaso” añadiendo que fue PP y Vox quienes vendieron su “aprobación como la llegada de la seguridad jurídica” y ahora se han llevado un “severo varapalo judicial”.
Apuntan que la moción que ha registrado PP y Vox “no aporta una solución real” sino que “es una simple patada hacia delante para ganar tiempo y esquivar su responsabilidad política”.
Añade que lo que “pretenden hacer a través de una moción plenaria podría ser acordado por el alcalde por decreto sin esperar al pleno y sin someter a la ciudad a más incertidumbre”.
“Esta iniciativa del equipo de gobierno no resuelve nada: ni repara el daño causado, ni garantiza seguridad jurídica, ni ofrece una salida seria”.
Señala que frente al absoluto desconcierto del PP y Vox, “el PSOE sí presenta soluciones concretas para dejar de multar ya, revisar las sanciones, devolver los cobros indebidos y aprobar una nueva ZBE plenamente legal”.
Enmienda socialista
La enmienda que el Grupo Municipal Socialista defenderá en el Pleno, además, pide expresamente el cese del concejal de Tráfico y Movilidad por "una gestión nefasta cuyas consecuencias está pagando la ciudadanía".
"Cuando un concejal convierte una obligación legal y una política pública necesaria en un cúmulo de errores, inseguridad y perjuicios para los vecinos, no puede seguir ni un minuto más al frente del área", explica el portavoz socialista, antes de recordar la anulación judicial de la ordenanza de carriles bus y bici diseñada también por Alberto Gutiérrez Alberca.
Herrero ha apuntado que “no basta con llegar tarde a suspender expedientes cuando la chapuza está ya hecha” y pide al alcalde “ordenar de forma inmediata la suspensión cautelar de la tramitación y resolución de todos los procedimientos sancionadores derivados de la ordenanza anulada”.
El PSOE también pide impedir la “incoación de nuevas multas y revisar de oficio las sanciones dictadas al amparo de una norma que ha sido tumbada por los tribunales”.
Los socialistas también han pedido “habilitar mecanismos ágiles para devolver los importes indebidamente cobrados y evitar que la ciudadanía siga soportando el coste económico de la incompetencia del gobierno municipal”.
Gestión “irresponsable”
Desde el PSOE de Valladolid califican lo ocurrido con la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid como el “resultado de una gestión irresponsable, negligente y políticamente insostenible”.
"El gobierno de Carnero ha sido incapaz de sacar adelante una regulación legal, eficaz y jurídicamente segura en una materia especialmente sensible para la ciudad. Primero generó inseguridad jurídica, después mantuvo la amenaza de las sanciones y ahora pretende aparentar prudencia cuando lo que hay es un fracaso evidente de gestión", ha manifestado Pedro Herrero.
La enmienda socialista también exige la tramitación inmediata de una nueva ordenanza de Zona de Bajas Emisiones ajustada a la legalidad vigente, con eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica. "Valladolid necesita una ZBE legal, seria y bien hecha, no un parche improvisado ni una política de movilidad convertida en un problema permanente por la incapacidad de quien la dirige", afirman los socialistas.
"La ciudad no puede permitirse que la incompetencia política de PP y VOX termine comprometiendo recursos esenciales para su modernización y para la mejora de la movilidad sostenible", ha añadido Herrero.
Los socialistas sostienen que toda actuación municipal “debe seguir orientada a garantizar la calidad del aire, en coherencia con los compromisos adquiridos por Valladolid”.
“Defender una ZBE legal no significa renunciar a una ciudad más saludable, sino justamente lo contrario: significa hacer las cosas bien para que las medidas sean eficaces, válidas y útiles para la ciudadanía", sostiene el concejal socialista.
"El alcalde ya no puede esconderse detrás de excusas ni seguir gobernando como si aquí no hubiera pasado nada. Carnero debe elegir entre seguir protegiendo a un concejal fracasado o proteger a los ciudadanos de Valladolid. El próximo lunes 30 tendrá la oportunidad de rectificar, dejar de multar de inmediato, devolver lo cobrado indebidamente y poner en marcha una nueva ordenanza legal. Todo lo demás será seguir instalados en la chapuza, la irresponsabilidad y el castigo injusto a la ciudadanía", ha concluido Herrero.
Moción de PP y Vox
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, formado por PP y Vox, se ha movido después del revés judicial de la pasada semana que anulaba la Zona de Bajas Emisiones para registrar una moción conjunta para el pleno del lunes.
En dicho texto, ambos de socios de Gobierno se instan a iniciar los trámites para “suspender el régimen sancionador de la normativa” invalidada por la Justicia.
Una propuesta, de ambos partidos, que pide, de manera formal, que “se inicien las actuaciones administrativas para suspender los procedimientos sancionadores derivados de la aplicación de la Ordenanza de Bajas Emisiones”.
Argumentan la necesidad de esta medida en “aplicación de un principio de cautela y prudencia” en un texto que concluye con la intención de “adoptar la decisión administrativa en el sentido que corresponda”.
La respuesta del concejal tras el varapalo judicial
Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Seguridad y Movilidad en el Ayuntamiento de Valladolid, ya informaba, cuando se conocía la resolución judicial, que el Equipo de Gobierno recurriría en casación.
Además, apuntaba que las multas impuestas hasta la fecha “son firmes” y fue tajante asegurando que “no había posibilidad de anular ni devolver económicamente la cuantía de estas sanciones”.
Los datos oficiales muestran una recaudación de 682.790 euros hasta el 9 de febrero y el número de vehículos propuestos para sanción asciende a los 9.218 entre el 1 de julio y el 28 de febrero.
