Alarma con la prórroga de los alquileres: “Dispara la inseguridad jurídica y amenaza la oferta de viviendas”

La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid ha advertido, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, de que el nuevo decreto que ha aprobado el Gobierno para prorrogar automáticamente los contratos de alquiler “ha generado una enorme preocupación”.

Fundamentalmente lo ha hecho “entre los pequeños propietarios” y “podría desembocar en una retirada significativa de viviendas del mercado”. Añaden que “dispara la inseguridad jurídica y amenaza la oferta de viviendas”.

La norma introduce obligaciones unilaterales y limitaciones sobre la renta y la duración de los contratos que alteran el equilibrio del mercado y colocan a los arrendadores en una situación de gran incertidumbre.

El presidente de la Cámara, Pablo Ferreras, ha indicado que “este decreto vuelve a colocar a los propietarios en un escenario de inseguridad jurídica, totalmente inasumible”.

“Intervenir el precio y la duración de los contratos sin un marco estable va a provocar que muchos decidan sacar sus viviendas del alquiler. Y eso perjudica, sobre todo, a los inquilinos que buscan una vivienda en Valladolid”, apunta Ferreras.

Puede variar el mercado

La Cámara recuerda que en Valladolid la mayoría de las viviendas en alquiler “pertenecen a pequeños propietarios, más de un 96 % en Valladolid, que buscan estabilidad, cumplimiento y reglas claras”.

La entrada en vigor de este decreto, pendiente de convalidación en el Congreso, crea un contexto “incierto que desincentiva mantener la vivienda en el mercado tradicional”.

El presidente de la Cámara reitera que “cada vez que se aprueba una medida improvisada, el mercado se contrae. La oferta cae, los precios suben y la situación se complica para todos. No se puede gobernar un mercado tan sensible con normas temporales que pueden desaparecer en 30 días”, ha añadido.

Contratos atrapados entre 2026 y 2027

Los contratos que finalicen entre 2026 y 2027 se verán especialmente afectados. Con la nueva normativa, los inquilinos podrán activar prórrogas extraordinarias incluso cuando el propietario haya comunicado su decisión de no renovar dentro del plazo legal.

Esto provoca que el arrendador: no pueda actualizar la renta. No pueda recuperar su vivienda para uso propio. No pueda firmar un nuevo contrato con un nuevo inquilino.

La Cámara alerta de que “la posibilidad real de que el decreto no sea convalidado agrava aún más la situación”. Los propietarios “podrían estar obligados a mantener prórrogas que luego generen conflictos legales; los inquilinos, por su parte, tampoco sabrán si su situación será estable en unos meses”, finalizan.

Preocupación en el Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León 

El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León manifiesta su profunda preocupación ante la incertidumbre generada por el decreto de medidas fiscales aprobado por el Gobierno, que, en su configuración actual, aunque todas las rebajas fiscales son bienvenidas, introduce un nivel de inestabilidad que dificulta la planificación empresarial en un momento especialmente sensible para la economía, en función de la duración de los conflictos internacionales.

La volatilidad de los mercados energéticos, el incremento de los costes operativos y la presión que soportan sectores estratégicos como el transporte, la industria, la agricultura o la logística exigen un marco normativo claro, estable y previsible.

Por ello, el Consejo considera imprescindible que pese, a su aprobación, el Gobierno aporte mayor claridad sobre el alcance real del decreto, su duración efectiva, los criterios de activación o desactivación de las medidas y los escenarios previstos en caso de que no sea convalidado, ya que la falta de certidumbre afecta directamente a la capacidad de las empresas para tomar decisiones de inversión, contratación y actividad.

El tejido empresarial necesita seguridad jurídica y una visión de largo plazo que permita afrontar con garantías los desafíos derivados de la coyuntura internacional, y resulta esencial reforzar el diálogo institucional para asegurar que las medidas fiscales respondan a las necesidades reales de pymes, autónomos y sectores productivos, donde este Consejo pide que se tenga en cuenta la deflactación del IRPF dado cómo está mermando el poder adquisitivo debido a la elevada inflación.

En este sentido, esperamos que la Junta de Castilla y León pueda poner en marcha medidas que ayuden al tejido productivo regional a paliar la situación.

En este mismo contexto, el Consejo recuerda que la política de vivienda constituye un pilar estructural para el desarrollo económico y social de Castilla y León y que también requiere estabilidad regulatoria y una orientación estratégica. Incrementar la oferta de suelo apto para vivienda asequible, agilizar los trámites urbanísticos, reforzar la seguridad jurídica en el mercado del alquiler y promover la modernización del sector mediante industrialización

También la digitalización y colaboración público‑privada son elementos esenciales para mejorar la accesibilidad y favorecer un entorno que permita atraer inversión, actividad y población. Estas líneas de actuación, que el Consejo considera prioritarias, deben integrarse en un marco coherente que complemente las medidas fiscales y contribuya a un entorno económico más sólido y predecible.

Por ello, el Consejo insiste en la necesidad de que las decisiones que se adopten en ambos ámbitos se orienten a la certidumbre, la estabilidad y el largo plazo, elementos imprescindibles para fortalecer la actividad empresarial, proteger el empleo y asegurar un desarrollo económico sostenible.