Presentación de una denuncia por las cargas policiales durante la etapa de la Vuelta en Valladolid ICAL
La Fiscalía pide casi ocho años de cárcel para los activistas que boicotearon la etapa de la Vuelta en Valladolid
El escrito menciona una actuación de los activistas con “gran intensidad y violencia” durante el momento de la detención.
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La Fiscalía solicita penas que suman cerca de ocho años de prisión para cuatro activistas de Valladolid por su participación en protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech durante el paso de la Vuelta Ciclista a España por la ciudad.
Las acusaciones se basan en presuntos delitos de desórdenes públicos y resistencia a la autoridad, según el escrito de acusación elaborado a partir de informes remitidos por la Subdelegación del Gobierno.
Además de las penas de prisión, el Ministerio Público advierte de la posible imposición de fianzas económicas a los encausados.
Los hechos se remontan a una protesta organizada contra la participación del equipo ciclista vinculado a Israel en la competición.
Según el relato de la Fiscalía, durante la actuación policial se produjo una situación de riesgo potencial, al contemplarse la posibilidad de que ciclistas pudieran impactar contra agentes de la Policía Nacional o contra el público.
El escrito también menciona una actuación de los activistas con “gran intensidad y violencia” durante el momento de la detención.
Las personas procesadas ofrecen una versión distinta de lo ocurrido. Según su relato, los hechos descritos por la acusación constituyen un “relato fantasioso” y niegan que se produjeran actos de violencia durante la detención.
Los acusados afirman que desde el primer momento reconocieron su participación en la protesta, aunque sostienen que su actuación no constituye delito, sino una forma de denuncia política.
Los activistas también señalan que fueron citados en sede judicial para valorar un posible acuerdo de conformidad con la Fiscalía, una citación que posteriormente —según indican— se justificó como un “error”. Los encausados sostienen que no aceptaron ese acuerdo porque consideran que su actuación estaba amparada por el derecho a la protesta.
Paralelamente al proceso penal, podrían tramitarse sanciones administrativas. Las multas económicas impuestas por la Subdelegación del Gobierno a los cuatro activistas permanecen suspendidas a la espera de una sentencia judicial.
Los activistas han anunciado que impulsarán una campaña informativa y actividades de solidaridad para dar a conocer su situación y apoyar a las personas encausadas.
