Arranca el juicio por el fraude de los ataúdes.
La familia Morchón pide la nulidad por "irregularidades" en la investigación policial en el fraude de los ataúdes
El juez ha rechazado la petición del fiscal de que declaren los casi 6.000 afectados por el presunto fraude.
Más información: Arranca el juicio por el fraude de los ataúdes en Valladolid: la familia Morchón se enfrenta a 80 años de cárcel
Este lunes, 2 de marzo, ha arrancado en Valladolid el juicio por el Caso Ataúdes, por el supuesto fraude de la funeraria El Salvador, acusada de reutilizar féretros y coronas durante 20 años con el fin de obtener un presunto beneficio económico que asciende a más de cuatro millones de euros.
En la mañana de este primer lunes de marzo se han abordado las cuestiones previas y las conformidades, antes de que el próximo lunes, 9 del mismo mes, se comience con la declaración de los testigos que ascienden, ni menos ni menos que a 256, con un total de 23 acusados y 34 sesiones que se irán hasta el mes de junio de 2026 en la Audiencia Provincial de Valladolid.
La defensa de la familia Morchón pidió hoy, en el inicio del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid contra el denominado ‘caso ataúdes’, la nulidad del proceso por irregularidades en la investigación policial que destapó el presunto fraude.
Según argumentaron los abogados de los hermanos Ignacio, Laura y María del Rosario Morchón, así como de su madre, María del Rosario V.L., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel, la investigación policial en la que se basa la acusación se realizó al margen del Juzgado de Instrucción número 6, que entonces estaba investigando un caso de una posible extorsión a la funeraria por parte de un extrabajador, ya fallecido.
La defensa de Ignacio Morchón, hijo del fundador de la funeraria El Salvador del mismo nombre y principal acusado, que falleció en octubre de 2022, aseguró que su cliente ha visto vulnerado su derecho a no autoinculparse, ya que en el caso de la extorsión, en la que declaró como testigo, la Policía, sin comunicación al juzgado, ya había puesto en marcha una investigación de la que luego resultó incriminado.
“La familia estuvo durante un año pensando que era la acusación, cuando estaban siendo investigados”, afirmó el letrado, a la vez que consideró una transgresión del derecho constitucional la investigación de la vida financiera de los ahora acusados durante 18 años.
En este sentido, aseguró que se ha llevado a cabo una actuación policial sin amparo judicial, a la vez que recalcó todos los datos bancarios recabados han sido ocultados por el juzgado de instrucción y no figuran en la causa.
En el mismo sentido se pronunció el abogado de las hermanas Morchón y de María del Rosario V.L., que aseguró que se trató de una investigación prospectiva y remarcó que en ningún momento la Policía comunicó al juzgado que estaba realizando una investigación más allá de la extorsión, por lo que consideró que se trató de una actuación policial “no habilitada por los principios constitucionales”.
En la misma línea se pronunciaron las defensas de los trabajadores acusados, que aseguraron que el derecho a la defensa de sus clientes se ha visto vulnerado. Además, la abogada que representa a Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador, también solicitó la nulidad de los registros realizados en las oficinas, así como de los criterios para elegir los testigos.
Por su parte, el Ministerio Fiscal y las dos abogadas de la acusación, rechazaron los argumentos y defendió que en todo momento se han garantizado la legalidad del proceso.
No asistir al juicio
Por otra parte, el presidente del tribunal también autorizó la ausencia de los acusados a buena parte de las sesiones. Cabe recordar que están previstas un total de treinta y cinco, que se prolongarán hasta el 2 de junio y en las que comparecerán, además de los 23 acusados, 239 testigos y 17 peritos.
El juez admitió el argumentó esgrimido por la defensa de que se trata de un servicio público básico que se dejará de prestar, dado que entre los acusados, además de Ignacio Morchón, “cuya presencia es esencial para la marcha de la empresa”, según se abogado, también figuran numerosos trabajadores.
El fiscal rechazó la aprobación de esta medida y argumentó que se podían haber tomado medidas, dado que las fechas y el calendario del juicio se conocían con meses de antelación.
Comparecencia de 6.000 afectados
La Fiscalía ha pedido que seis personas presuntamente perjudicadas que declararon en fase de instrucción también lo hagan durante el juicio y también la de todos los perjudicados, “más de 6.000 personas”.
Por parte de las defensas de los acusados no lo han considerado viable y tampoco las afirmaciones de la Fiscalía. “Tres testigos por año es suficiente”, han afirmado desde las defensas de los acusados.
La sala ha acordado, sobre el escrito del fiscal de que comparezcan 6.000 testigos, que “la petición sea inviable” y ha añadido que “provocaría el colapso de la sala”, por lo que no ha salido adelante.
Además, el fiscal ha planteado la testifical de seis testigos más, a lo que sí que ha dado el visto bueno el juez.
“No hacen falta más testigos. Limitamos los testigos a tres por año. Se ha reducido dentro de lo razonable”, ha añadido el juez.
Todo se verá en el juicio
Tras casi cinco horas de cuestiones previas en el primer día del juicio por el 'Caso de los ataúdes', el juez, tras una deliberación de poco más de 10 minutos ha afirmado que "todas las cuestiones previas serán resueltas con la sentencia del caso".
Por lo que la próxima sesión será el próximo lunes, 9 de marzo, cuando empezarán a declarar los testigos del caso.
Peticiones para los Morchón
Tras la sesión de esta mañana, el fiscal se ha mantenido en la petición de un total de 80 años de prisión para la familia Morchón. Tras la muerte de Ignacio Morchón padre, la acusación se centra en la vida, Mª. R.V.L, y los tres hijos I.M.V., Mª.R.M.V. y L.M.V.
A los que se les acusa de los presuntos delitos de constitución de organización criminal, de un presunto delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el presunto delito continuado de estafa. De un presunto delito continuado contra el respeto a los difuntos y de otro de blanqueo de capitales y presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Por el presunto delito de constitución de organización criminal la Fiscalía pide la pena de cinco años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Por el presunto delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el presunto delito continuado de estafa pide penas de siete años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y también 15 meses de multa con una cuota diaria de 100 euros.
Por el presunto delito continuado contra el respeto a los difuntos las penas de seis meses de prisión.
Por el presunto delito de blanqueo de capitales y continuado de falsedad en documento mercantil, en relación de concurso medial, las penas de siete años de prisión, con inhabilitación especial para la profesión, oficio, industria o comercio relacionado con servicios funerarios durante el mismo tiempo y multa de 12 millones de euros.
Lo que suma un total de 80 años de pena para la viuda y los tres hijos de Ignacio Morchón padre. A esto se enfrentará la familia Morchón tras mantener las penas la Fiscalía y no haber acuerdos de conformidad.
Más de 200 años en total
La Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de condenas que, de forma global, ascienden a más de 200 años de cárcel para las 23 personas investigadas dentro de la Operación Ignis. De la lista han quedado fuera el empresario funerario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador de la mercantil, Justo M. por fallecimiento.
Las penas más duras eran las solicitadas para la mujer de Ignacio Morchón y sus tres hijos, con 80 años en su conjunto. Respecto del resto de acusados, un total de 19, las penas a las que se enfrentarán son las siguientes, tras la sesión de hoy.
Para los acusados A.P.V. e H.C.G. la Fiscalía solicita penas de tres años de prisión por presunta pertenencia a organización criminal, por el presunto delito de apropiación indebida en relación de concurso medial con presunto delito continuado de estafa de penas de cinco años y nueve meses de prisión y por el presunto delito continuado contra el respeto a los difuntos de la pena de seis meses de prisión. En total 9 años y tres meses para cada uno, o 18 años y medio en total.
Para J.L.G. y J.A.M.A. tres años por presunta pertenencia a organización criminal, y cinco años y seis meses por un presunto delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el presunto delito continuado de estafa. Por el presunto delito contra el respeto a los difuntos de seis meses de prisión. 9 años para cada uno, lo que hacen 18 en total.
Para A.P.V., C.S.D., G.C.L., A.M.A., J.M.P.F., E.G.E., F.A.G., D.M.G. y L.M.A.B., la Fiscalía pide tres años de prisión por presunta pertenencia a organización criminal, tres más por un presunto delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el presunto delito continuado de estafa y cinco meses por el presunto delito contra el respeto a los difuntos. Seis años y cinco meses para cada uno de ellos. O 57 años y 9 meses de prisión total.
Además, para R.L.M., A.R.D.L.S., E.G.M. e I.M.A.V. pide dos años y seis meses de prisión por presunta pertenencia a organización criminal. Por el presunto delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el presunto delito de estafa, dos años y tres meses de prisión y cinco meses más por el presunto delito contra el respeto a los difuntos. 5 años y dos meses de prisión para cada uno o 20 años y 8 meses en conjunto.
Mientras que para M.C.L. pide dos años de cárcel por el presunto delito de apropiación indebida en relación medial con un presunto delito de estafa y tres meses por un presunto delito contra el respeto a los difuntos. Dos años y tres meses de cárcel.
Por último, como señala el escrito de la Fiscalía, solicita para V.S.S. una pena de cuatro años y tres meses de cárcel por un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil con el presunto delito de blanqueo de capitales.
En total, más de 200 años de cárcel si les sumamos los de la familia Morchón. 201 y 5 meses, para ser exactos.
Más de cuatro millones de beneficio
La Fiscalía, en su escrito de acusación y tras la ‘Operación Ignis’ llevada a cabo por la Policía Nacional, apunta que las actuaciones de retirada de féretros y conjuntos de flores se han efectuado, al menos, desde el año 1995 y hasta febrero de 2015.
Según el Ministerio Fiscal, esta actividad ha reportado unas “ganancias ilícitas” a Funeraria Castellana y Parque El Salvador de 3.667.711,95 euros correspondientes a los ataúdes de los que presuntamente fueron desposeídos un total de 5.973 difuntos.
Y, por otra parte, 381.056,14 euros en el caso de un total de 3.174 motivos florales que fueron recuperados por los trabajadores de las empresas.
En total, como explica la Fiscalía, 4.048.768,09 euros de los que no consta que se haya beneficiado directamente ninguno de los empleados intervinientes en tales operaciones.
