Imagen de la Audiencia de Valladolid
La cabecilla de una red de Valladolid de prostitución y captación de mujeres se enfrenta a 48 años de cárcel
Además, hay otros cuatro acusados, entre ellos la pareja y la prima de la líder, para los que piden 41 años y 8 meses de cárcel en conjunto.
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La Audiencia Provincial de Valladolid acoge esta próxima semana el juicio por una red de captación de mujeres paraguayas en situación de necesidad que luego ejercían la prostitución en unas condiciones diferentes a las que habían sido pactadas. La Fiscalía Provincial pide para la cabecilla del entramado un total de 48 años de cárcel por la comisión de 12 presuntos delitos de diversa índole.
Siempre según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, a la líder de esta red se la imputan hasta cuatro presuntos delitos de trata de seres humanos, uno de prostitución coactiva en grado de tentativa, tres de aprovechamiento de la prostitución ajena, uno de tráfico de drogas, uno continuado contra los derechos de las personas extranjeras, uno de blanqueo de capitales y uno de pertenencia a grupo criminal.
Por otro lado, en la causa figuran otros cuatro acusados, entre ellos la prima y la pareja de la líder, como miembros de la red. Para ellos se solicita, en conjunto, penas de 41 años y 8 meses de prisión, con diferentes grados de participación y naturaleza de los presuntos delitos.
La Fiscalía relata, en su apartado de los hechos, que entre la segunda mitad de 2021 y finales de noviembre de 2022, la acusada habría estado captando a mujeres jóvenes de Paraguay con problemas económicos y familiares. A estas las prometía que iban a ganar "mucho dinero" con el ejercicio de la prostitución.
Después de pagarles el viaje desde su país de origen hasta España, mediante rutas alternativas para evitar los controles y asegurar su llegada, les informaba de que habían contraído una deuda con ella por costearles el viaje y que debían satisfacer con el dinero ganado de los servicios sexuales. Durante su estancia en el piso, ubicado en la Avenida de Burgos, las víctimas únicamente podían salir dos horas al día y bajo un permiso que no siempre se concedía.
Además, tenían que estar 24 horas disponibles para atender a los clientes y no podían negar a ninguno. En la explotación de la operación, los investigadores realizaron dos registros domiciliarios, en el piso donde se ejercía la prostitución y en el que vivía la cabecilla junto a su pareja. En ellos, se encontraron más de 7.500 euros proveniente de estos ilícitos, además de más de 500 euros en cocaína.
Los investigadores también descubrieron que la principal acusada llevaba desde abril de 2019 de baja de la Seguridad Social, teniendo como único ingreso una pensión por un hijo. Sin embargo, desde esa fecha hasta finales de 2022 habría ingresado más de 205.000 euros, siendo unos 185.000 provenientes de la supuesta actividad ilegal.
