El rector de la UVa alega que los delitos de odio “escapan” a su competencia y que, si hay indicios, habría que acudir a la Fiscalía

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, ha defendido este jueves que los posibles delitos de odio derivados de los mensajes atribuidos a un profesor que celebraba el asesinato del joven Sergio Delgado hace dos años “escapan” a la competencia de la institución académica y que, en caso de existir indicios, “lo que procede es acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a la fiscalía”, pero sin concretar quién había de tomar la iniciativa de elevar el asunto al ámbito policial o judicial.

Largo ha reconocido que el asunto es conocido desde hace tiempo por la Universidad, "hace dos años parece ser que hubo unas manifestaciones en redes sociales en un espacio privado por una persona que tenía vinculación con la Universidad de Valladolid y a nosotros nos llegó esta cuestión, y vimos que no podíamos tener competencias en ese caso, y que si había un presunto delito de odio, que se investigase por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros ahí no podemos intervenir porque no es nuestro ámbito competencial, nuestro ámbito es el académico, el universitario", ha justificado.

En una comparecencia marcada por la indignación del alumnado expresada en redes sociales, el rector ha comenzado trasladando su “absoluta solidaridad” personal e institucional con la familia afectada. “Es inimaginable el sufrimiento que tienen que estar pasando”, ha afirmado, aludiendo a unas manifestaciones que ha calificado de “absolutamente impresentables”.

En ese contexto, ha subrayado que la posición de la comunidad universitaria es “unánime y mayoritaria” en el “absoluto rechazo a cualquier incitación al odio, a cualquier discriminación y a cualquier menosprecio”, y ha recalcado su “condena absoluta de cualquier manifestación que deteriore la convivencia y que no favorezca lo que debe ser una universidad, un espacio de respeto”.

Ámbito penal y ámbito universitario

El rector ha diferenciado de forma expresa entre el plano penal y el académico. "Mi ámbito de competencia es si este profesor ha actuado correctamente o no en el ámbito académico". Sobre el penal, ha insistido en que la universidad carece de competencias para actuar. “El ámbito judicial, los posibles delitos de odio, estos escapan a mi competencia”, ha señalado, para añadir que, si existieran indicios, “como en cualquier indicio de delito, hay que acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, acudir a la fiscalía e intentar ver a qué conduce ello”.

En cuanto a la actuación de la institución, ha recordado que la Universidad de Valladolid es una administración pública sujeta a un marco normativo garantista. “Yo no tengo discrecionalidad absoluta para tomar decisiones unilaterales que no se ajusten a la legalidad”, ha advertido.

Investigación interna y posibles consecuencias

Dentro de su ámbito competencial, la universidad ha iniciado ya un proceso de análisis. Según ha explicado el rector, se está recabando información “de distintas vías” para determinar qué ha ocurrido en el ámbito académico, si se ha producido alguna irregularidad conforme a la normativa universitaria, si ha habido mensajes “vejatorios” hacia estudiantes o si las actuaciones han generado un daño reputacional a la institución.

“Si en la fase de investigación nuestros servicios detectan que hay un incumplimiento, se actuará con toda la contundencia y severidad que nos permita el marco normativo”, ha asegurado, aunque ha descartado anticipar medidas concretas. “No se puede anticipar nada. Lo primero es investigar y documentar”, ha insistido.

Preguntado por la petición de la familia de una reacción inmediata, incluida la expulsión del profesor, el rector ha reiterado su empatía, pero ha subrayado que ese tipo de decisiones no pueden adoptarse al margen de los procedimientos. “No va a haber reparación posible para la familia, eso es imposible, pero pueden tener la tranquilidad de que vamos a actuar dentro de nuestro marco de competencia”, ha afirmado.

El comunicado y la imagen de la universidad

Sobre el comunicado difundido en redes sociales en el que la Universidad reproducía, a su vez, un comunicado del docente en cuestión, el rector ha explicado que se emitió mientras él se encontraba fuera y que respondió a una solicitud del propio profesor para canalizar unas manifestaciones personales. En todo caso, ha reiterado que la postura institucional es la ya expresada: análisis, estudio del caso y actuación conforme a la legalidad.

Finalmente, ha defendido que la Universidad de Valladolid, con unos 4.500 trabajadores y cerca de 25.000 estudiantes, “respalda la convivencia, el respeto, la integración y la inclusión”, y ha advertido de que la institución tiene derecho a que su reputación “no se vea perjudicada por una actuación puntual totalmente inaceptable”.