La Junta paraliza la ampliación "ilegal" del vertedero de residuos peligrosos de Santovenia y pedirá un informe jurídico

No habrá ampliación "ilegal", según calificaba Ecologistas en Acción, del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid). Al menos, de momento. La Junta de Castilla y León ha paralizado el proceso para recabar antes un informe de la asesoría jurídica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio sobre los efectos del estudio urbanístico negativo que emitió en junio de 2024 el Ayuntamiento de la localidad.

En la mañana de este miércoles, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha retirado del orden del día la modificación de la autorización ambiental del vertedero para ampliar su capacidad en 125.000 metros cúbicos, adicionales al millón con los que ya cuentan con permisos.

Sin embargo, el vocal de las organizaciones no gubernamentales de medio ambiente ha realizado una petición, respaldada por otros miembros del Consejo, que ha sido estimada para retirar la autorización del orden del día para así poder encargar antes el dictamen jurídico.

Según el comunicado remitido por Ecologistas en Acción a los medios, ante la próxima colmatación del vertedero, la empresa titular de la instalación, Centro de Transferencias S.A. (Cetransa), del grupo Urbaser, había solicitado su ampliación por "no estar amparado el aumento de capacidad proyectado por la declaración de impacto ambiental de 2014 ni por la autorización ambiental vigente del vertedero, y por tanto tampoco por la declaración del Proyecto Regional realizada por la Junta en 2015".

El informe municipal señalaba que la ampliación proyectada y la modificación sustancial "no son autorizables", ya que el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana de Santovenia "prohíbe expresamente" la ampliación del centro de tratamiento de residuos.

En este sentido, la organización ecologista incide en que la legislación estatal de prevención de la contaminación establece que el informe urbanístico municipal "es vinculante y determina el archivo de las actuaciones", algo que han lamentado que había sido "eludido hasta ahora por la Consejería".

La organización ha tildado de "inaceptable el trato de favor" del Ejecutivo autonómico a Centransa y el grupo Urbaser, pues entienden que "ya se beneficiaron en 2002 de una ley 'ad hoc' declarada inconstitucional una década más tarde para mantener la actividad del vertedero, tras la sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 anuló sus licencias municipales".

"Se trata de un comportamiento que incrementa además el riesgo de contaminación del río Pisuerga por la fuga de sustancias tóxicas desde el vertedero, aguas arriba de la ciudad de Valladolid", han advertido.

En este contexto, Ecologistas en Acción ha destacado la "necesidad" de sustituir el "obsoleto" Plan Integral de Residuos de Castilla y León, que fue aprobado hace más una década, después de que una sentencia judicial anulase en marzo de 2024 "el intento de la Junta de revisarlo por la puerta de atrás para consolidar el papel la Comunidad como sumidero de los residuos industriales peligrosos de toda España, promoviendo el vertido y la incineración de estos desechos".

Además, Ecologistas en Acción ha desvelado que el vertedero, en funcionamiento desde junio de 1993, acumula "numerosos incidentes como el vertido de residuos prohibidos, fuga de sustancias contaminantes, irrupción de aguas subterráneas bajo el vaso del vertedero, acumulación de agua en su interior, asentamiento de la presa de cierre y un incendio".

"Actualmente almacena más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, un tercio procedentes de fuera de Castilla y León", han zanjado.