La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) aprovecharon hoy en Valladolid la celebración del Primero de Mayo, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, para reclamar la reducción de la jornada, primero de 37,5 horas y después de 35 horas, y así generar más empleo. De ahí, el lema elegido para encabezar la manifestación ‘Por el pleno empleo; Menos jornada y mejoras salariales’.

Pero también hubo hueco para pedir una defensa de la democracia tanto en España como en Castilla y León, con un claro mensaje al Gobierno central de que “merece la pena” continuar con las políticas progresistas en el país y establecer una agenda social para los trabajadores. Una jornada festiva y reivindicativa que, según los sindicatos, congregó a unas 12.000 personas, entre ellas la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que, junto a los líderes sindicales, portó la pancarta. Una cifra que la Delegación del Gobierno, con datos de la Policía Nacional, rebajó a 2.700.

El secretario autonómico de UGT, Faustino Temprano, aseguró que gracias a la reforma laboral es posible lograr el pleno empleo y animó a dar pasos para conseguir una reducción de la jornada laboral, sin olvidar un incremento de los salarios, que deberá ser impulsado por el Gobierno de la Nación después de comprobar que tanto la “derecha” y la “ultraderecha” vuelven a ir contra los asalariados, tal y como quedó demostrado cuando votaron en contra de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma laboral o la reforma de las pensiones.

El líder sindical apostó por que el Ejecutivo de la Nación y su presidente Pedro Sánchez acentúen sus políticas del Diálogo y solucione los muchos problemas que aún tienen los trabajadores del país. En este sentido, recordó que aún hay que abordar y negociar una parte de la reforma laboral en cuestiones como las indemnizaciones, los despidos, el contrato de relevo y las jubilaciones anticipadas. Por lo tanto, aseveró que hay que “ponerse las pilas.

También puso deberes a la patronal, a la que exigió que respete los acuerdos estatales de negociación colectiva y continúe con el aumento de los salarios para que los trabajadores mejoren su poder adquisitivo, sobre todo en un momento en que se incrementan los beneficios de las empresas.

El mensaje a la Junta de Castilla y León fue que, una vez que están convencidos que se agotará la legislatura de Gobierno entre el PP y Vox, su presidente Alfonso Fernández Mañueco se ponga al frente del Diálogo Social.

Faustino Temprano analizó la situación política actual y reclamó al Gobierno central que solucione la situación insostenible del Consejo General del Poder Judicial, al que acusó de ser unos “okupas”. Además, defendió el respeto a la libertad de expresión pero apostó por “poner coto” a los bulos que se publican.

Redistribuir la riqueza

En el mismo sentido, se pronunció el secretario autonómico de CCOO, Vicente Andrés, quien aseguró que, en un momento de crecimiento económico “importante” de España y con el aumento de los beneficios empresariales, es el momento de redistribuir la riqueza y apostar por una reducción de la jornada. A su juicio, es algo “factible” para generar más empleo y tener el horizontes de contar con una jornada semanal de cuatro días. En un primera fase, habló de las 37 horas, pero sentenció que el objetivo final es llegar a las 35 horas.

Pese a la subida del SMI, Andrés apuntó que España sigue con un “problema” de los salarios y consideró que es el momento por que todos los sectores productivos aumentan sus beneficios de forma “considerable”. En este sentido, citó de manera especial la banca, tras el anuncio de una posible fusión entre el BBVA y el Banco de Sabadell, con posibles consecuencias en las plantillas, al igual que ha ocurrido en las anteriores “reconversiones”, fruto de la digitalización. Pero también mostró su preocupación por los efectos en la “desertificación bancaria”, con más gente que se quedará sin sucursales bancarias. Por lo tanto, hay un peligro, indicó, que haya un aumento de la brecha entre la población mayor y las personas con dificultad en la digitalización.