La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso es posible aunque matizó que, "probablemente", será sin Vox. Así lo afirmó en declaraciones previas a la reunión con las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la mujer y las Unidades de Violencia sobre la mujer de las delegaciones y subdelegaciones y las direcciones insulares que ha tenido lugar en Valladolid este viernes.

Redondo apostillaba que "lamentablemente, Vox gobierna con el PP en algunas comunidades" y, añadía, que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo "blanquea esta política, esta ideología negacionista". Sin embargo, sostenía que necesitan que el PP "esté en el Pacto de Estado". 

Por otro lado, la ministra de Igualdad afirmó que hay una "buena" noticia ya que en la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados están todos los grupos parlamentarios, excepto el liderado por Santiago Abascal. Un hecho que les da "esperanzas" de que este nuevo Pacto de Estado con medidas para hacer frente, también, a la violencia vicaria esté "más cerca" y salga "adelante". 

Ampliar el campo de acción del Pacto de Estado contra la Violencia de Género e introducir nuevas formas de violencia como la vicaria ha sido la gran apuesta de Redondo. Y es que, a su juicio, es necesario que haya medidas "eficaces y útiles" para luchar contra la violencia machista en todas sus formas.

Ana Redondo matizó el compromiso del Gobierno de España para la erradicación de la violencia de género y violencia vicaria y la "tolerancia cero" contra todo tipo de maltratos contra la mujer dado que es una "de las prioridades". Del mismo modo, recordó la reunión del Observatorio de Violencia de Género en la que ha participado el presidente del Gobierno y varios ministros. Una semana "muy importante" para avanzar en esta lucha.

Y es que no quiso dejar escapar la oportunidad de recordar que el inicio del año es "preocupante" y "realmente duro" puesto que diez mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y también siete menores. "No hay ningún ciudadano que pueda ser ajeno a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Seguiremos incidiendo con recursos económicos, mayor coordinación y un Pacto de Estado", afirmaba.

La Delegación del Gobierno, un nuevo punto violenta

La ministra de Igualdad ha informado, posterior a la reunión, que las delegaciones del Gobierno se convertirán en un punto violeta. "Hemos llegado a un entendimiento común de que necesitamos mayor coordinación", afirmaba, y añadía que se debe ser "más eficaz en la lucha contra la violencia de género".

Es por ello que las delegaciones se convertirán en puntos violeta con el objetivo de que las víctimas "no se sientan abandonadas", sino todo lo contrario. Recuerda que esta solo es una primera aproximación y que permitirá ser un primer "acompañamiento y asesoramiento" desplegando los recursos que tienen tanto las comunidades como el propio Gobierno.

Por ahora, solo será en las delegaciones, y no subdelegaciones, a la espera de "ver cómo funciona" y hacer la evaluación "conveniente".

Seis centros de crisis para la atención a víctimas

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha informado este viernes de la apertura antes de verano de los primeros seis centros presenciales para la atención a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, después de haber licitado ya los locales por 2,5 millones de euros. Unos centros que contarán con atención durante los siete días a la semana y las 24 horas.  

Los centros de crisis son un recurso o centro especializado para la prevención y la atención integral, dirigido a prestar acompañamiento o realizar intervención psicológica o social –presencial, online y telefónica– a todas las víctimas y supervivientes que hayan sufrido esta lacra en el pasado o en el presente, así como a aquellos familiares que lo necesiten o a personas del entorno íntimo de la víctima.

El servicio de cada centro de crisis ofrecerá información, atención psicológica, asesoramiento jurídico y acompañamiento social. Antes de una reunión entre la consejera y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la Delegación del Gobierno en Castilla y León, Blanco pidió una financiación “estable” al Estado para el mantenimiento de estos centros, que rondará el millón de euros al año, tanto para el personal como para los medios que se requieren. Por ahora, se han licitado en seis capitales de provincia y están pendiente de sacar tres en Ávila, Palencia y Soria.