España Vaciada Valladolid ha manifestado públicamente su repulsa y descontento ante la política "sectaria y favoritista" aplicada por la Junta de Castilla y León sobre los proyectos fotovoltaicos en la provincia vallisoletana. 

La organización política asegura que, una vez licitados los proyectos y ante la negativa de los propietarios a vender sus terrenos, la Administración regional "comunica y autoriza el procedimiento de expropiación forzosa para que las grandes empresas promotoras de parques fotovoltaicos puedan hacerse con las tierras agrícolas sin el beneplácito de sus legítimos propietarios".

Además, explica que, para poder autorizar la expropiación de terrenos privados, la Junta se apoya en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, de expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; y en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

En este sentido, España Vaciada Valladolid recuerda a la Junta que "no existe un interés legítimo general en el que se fundamenten estas expropiaciones", ya que, a su parecer, el territorio donde se pretenden construir las megaplantas ya tiene un excedente de producción de energía eléctrica "muy significativo". 

Asimismo, añaden que el lugar elegido para ello no es el único posible, sino que "es el que más interesa a los promotores de los parques, por su valor económico, entre otros, sin respetar la opinión ni la utilidad de dicho terreno por parte de los anteriores propietarios". 

De este modo, España Vaciada Valladolid considera que, con esta serie de "expropiaciones forzosas y amparadas en una interpretación particular de una legislación obsoleta", la Junta se está posicionando de parte de "los grandes lobbies empresariales de la energía fotovoltaica, dando la espalda a agricultores, propietarios y pequeños ayuntamientos". Además, afirma que, el intentar potenciar la creación de nuevas plantas y el uso de las renovables como elemento vertebrador y generador de riqueza, "sin tener en cuenta las necesidades básicas de los pueblos y quebrantando nuevamente su medio de vida", puede llegar a convertir el medio rural en un territorio "de sacrificio al servicio de unos pocos". 

Por todo ello, desde la agrupación política afirman que la Junta debería crear un Consejo Regulador de Energías Renovables y Medio Ambiente, que intervenga, precisamente, en todos estos procesos de licitación, "valorando de forma objetiva, clara y concisa su integración dentro de nuestros parajes y núcleos rurales", añaden.