Los pactos entre el PSOE y los independentistas catalanes para garantizar la investidura de Pedro Sánchez han generado un importante malestar en el seno del Poder Judicial. Las alusiones a la 'lawfare' o judicialización de la política en el acuerdo rubricado entre los socialistas y Junts, que garantizó la investidura de Pedro Sánchez, producida la pasada semana, pusieron en alerta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a las asociaciones de magistrados y fiscales que mostraron su rechazo a lo que consideraron una "intromisión" del Poder Ejecutivo en el Judicial.

En el mismo sentido, el órgano de Gobierno de los jueces aprobó una declaración institucional mostrando su rechazo a la proposición de ley de amnistía, acordada por el PSOE tanto con Junts como con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por considerarla "contraria al Estado de Derecho". Una postura que ha sido compartida por varias audiencias provinciales que han convocado en las últimas semanas concentraciones para defender la independencia judicial de un acuerdo que, a su juicio, la coloca en grave riesgo.

El presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Francisco Javier Carranza, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para explicar las motivaciones que condujeron a la convocatoria de una concentración ante el Palacio de Justicia el pasado 17 de noviembre y el sentir general de la judicatura ante unos acuerdos del PSOE con los independentistas que considera "peligrosos" para la separación de poderes y el mantenimiento del Estado de Derecho.

Pregunta.- El pasado 17 de noviembre la Audiencia convocó una concentración contra la denominada 'lawfare' que recoge el pacto entre PSOE y Junts, ¿hasta que punto considera que podría llegar a ser peligroso ese acuerdo?

Respuesta.- Consideramos que el acuerdo entre PSOE y Junts es muy peligroso para la independencia judicial y por eso salimos a manifestarnos como Poder Judicial, con toga muchos de nosotros, para defender la esencia del Poder Judicial en un Estado de Derecho que es la de ser un poder independiente sometido únicamente al imperio de la ley.

El Poder Judicial puede estar interferido, mediatizado ni fiscalizado por el resto de poderes y por eso salimos, porque consideramos que la separación de poderes está en un grave riesgo.

"El pacto entre PSOE y Junts es muy peligroso para la independencia judicial"

P.- ¿Todas las asociaciones de jueces coinciden en esta postura?

R.- Todas las asociaciones de jueces firmaron un comunicado en este mismo sentido, aunque es cierto que algunas de esas asociaciones no se han sumado a las concentraciones por considerar que no era conveniente o que podía entenderse como una judicialización de la política. El resto de asociaciones y de componentes se han sumado a estas concentraciones que se están produciendo en toda España.

El presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- Una vez ha salido adelante la investidura y se ha conformado el nuevo Gobierno, ¿considera que está en riesgo la separación de poderes en España?

R.- Esto no tiene que ver con que un partido, legítima y democráticamente, sea investido en un momento determinado y que forme gobierno. Esto es independiente de los partidos, aunque no podemos negar una evidencia y es que el pacto del que estamos hablando está firmado por el PSOE y Junts, pero nuestra postura sería la misma si hubiese sido firmado por cualquier otro.

"Nos preocupa que ese pacto existe y puede ser cumplido en cualquier momento"

A nosotros, desde el punto de vista del Poder Judicial, lo que nos preocupa es que ese pacto existe y ese pacto puede ser cumplido en cualquier momento y, de hecho, se está hablando ya de la formación de determinadas comisiones encaminadas a su cumplimiento.

P.- ¿Cree que la Ley de Amnistía tiene encaje constitucional?

R.- El poder legislativo tiene la facultad de llevar a cabo cualquier ley que estime oportuna, pero expongo mi opinión desde el punto de vista personal y técnico como profesional del Derecho. Pienso que es una ley que no tiene encaje constitucional y me alineo con todo ese conjunto de opiniones técnicas y profesionales emitidas por jueces, por fiscales, por profesores de Derecho y por políticos que consideran que esta ley no tiene encaje constitucional. 

La Constitución no contempla la amnistía, que está pensada para otros supuestos, y en un Estado democrático y de Derecho como el actual no tiene cabida la amnistía ni siquiera desde el punto de vista de la conveniencia. Las sentencias están para ser cumplidas, el Poder Judicial actuó legítimamente y en cumplimiento de una ley, esa ley determinó una condena y las condenas deben ser cumplidas.

"La Ley de Amnistía no tiene encaje constitucional, las sentencias están para ser cumplidas"

Otra cuestión es el indulto particular, porque el indulto general también está prohibido en la Constitución. El indulto particular es un ejercicio del derecho de gracia aunque yo también creo que el derecho de gracia es una institución que no debería existir en un Estado de Derecho como el actual, pero ya es una cuestión diferente.

P.- ¿Cabría la posibilidad de que los jueces recurriesen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)?

R.- Cabe la posibilidad de que se planteen cuestiones de inconstitucionalidad y cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Un juez que participe en los temas del procés podría tener que aplicar esta Ley de Amnistía y podría considerarla inconstitucional, y si la considera inconstitucional puede plantear esa cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero también puede considerar que es contraria a la normativa europea y entonces tendría que plantear una cuestión prejudicial europea.

El presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En el supuesto de que estén esas dos vías abiertas tiene preferencia la europea, con lo cual, los jueces que tienen que aplicar la Ley de Amnistía podrían plantear una cuestión de inconstitucionalidad o ante el Tribunal Europeo. Y eso, con independencia de que los grupos políticos también puedan plantear un recurso de inconstitucionalidad. Habrá que esperar a ver el texto definitivo de la ley.

"El Ministerio de Justicia tiene suficiente entidad"

P.- La asunción por parte de Félix Bolaños de los ministerios de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes ha sido criticada por poner bajo un solo mando los tres poderes, ¿comparte esas críticas?

R.- No debo opinar sobre ello porque es una decisión libre del presidente del Gobierno organizar el Ejecutivo como crea conveniente. El hecho de que se hayan fundido varios ministerios en uno entra dentro de lo posible y ha ocurrido en otras ocasiones. Desde el punto estrictamente utilitario si que quiero decir que el Ministerio de Justicia tiene suficiente entidad y el hecho de que tenga que ser compartido con otras materias nos provoca una cierta inquietud en ese sentido.

Son dos ministerios muy potentes, muy difíciles y conjugarlos en un momento determinado puede dar lugar a que no haya suficiente atención a uno de los campos. Pero fuera de eso, es una decisión libre del presidente. Esperemos que el ministro tenga la capacidad para hacerse cargo de esas dos grandes ramas del Gobierno.

P.- Algunos partidos han llegado a hablar de que los acuerdos de Sánchez podrían suponer un golpe a la Constitución, ¿lo comparte?

R.- Los pactos que pueda realizar el presidente del Gobierno son cuestiones que corresponden al Poder Ejecutivo y al Legislativo, nosotros nos hemos pronunciado en lo que afecta a la independencia del Poder Judicial porque eso si que nos corresponde defenderlo y manifestarlo. El resto de las cuestiones entran dentro del juego político e igual que hay unas mayorías puede haber otras a posteriori.

"El CGPJ cumplió estrictamente con su función cuando emitió ese comunicado"

P.- Este mismo viernes, Sumar ha presentado una querella contra algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial por oponerse a la amnistía, ¿cree que tendrá recorrido?

R.- Eso tendrá que decidirlo el Tribunal Supremo porque los consejeros del CGPJ están aforados, pero desde el punto de vista técnico creo que no tendrá recorrido. Nosotros en nuestra concentración nos apoyamos en el acuerdo del CGPJ porque el Poder Judicial tiene como misión fundamental defender la independencia judicial y mantenemos que la referencia al 'lawfare' en el pacto entre PSOE y Junts afecta a la separación de poderes y es un peligro evidente para la independencia judicial. El CGPJ cumplió estrictamente con su función cuando emitió ese comunicado.

P.- ¿Cuál ha sido el sentir general de la judicatura en Valladolid ante la aprobación de estos acuerdos?

R.- Yo no puedo representar a todos pero puedo decir que, en general, la judicatura está muy preocupada y queremos transmitir a la ciudadanía nuestra preocupación para que los ciudadanos sepan lo que está ocurriendo. A veces no se entiende muy bien y parece que son cosas de jueces y cosas de políticos y no nos damos cuenta de que la defensa de la independencia judicial afecta directamente a los derechos de los ciudadanos. 

Un ciudadano solo podrá ser bien protegido cuando su asunto pueda ser visto por un juez independiente y sometido exclusivamente al imperio de la ley y no al dictado o la fiscalización o la sugerencia de nadie, tampoco del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. El sentir del Poder Judicial en Valladolid es de preocupación por las circunstancias que se están viviendo y creemos que hay que defender a ultranza esa independencia judicial.

"La defensa de la independencia judicial afecta directamente a los derechos de los ciudadanos"

Un Estado es como un taburete con tres patas, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y si una de las patas cae o se desvirtúa, ese Estado no se sostiene y se cae.

P.- Pasando a cuestiones domésticas, ¿confía en que este nuevo Gobierno dé el impulso definitivo a la ansiada Ciudad de la Justicia en Valladolid?

R.- Tengo renovadas esperanzas porque dos de los ministros son de Valladolid, Óscar Puente y Ana Redondo, y están muy al tanto de lo que ocurrió con la Ciudad de la Justicia. El actual alcalde, Jesús Julio Carnero, también me ha informado de que van a promover el mismo proyecto y la actual teniente alcaldesa, antigua jueza sustituta, Irene Carvajal, también está muy al tanto y me lo ha comunicado. Por tanto, tenemos fundadas esperanzas y creo que tendremos más facil llevar adelante este proyecto.

La subsecretaria de Justicia firmó en su momento un protocolo en el que se comprometía a un calendario y a la aportación de unos 80 millones de euros para la construcción del edificio en el Colegio de El Salvador. Esperemos que, una vez constituido el Gobierno, se retome este proyecto que ya tenía que haberse empezado a producir porque la primera parte tenía que haberse cumplido en 2023. Vinieron las elecciones anticipadas, se nos ha ido mucho el tiempo y probablemente no podamos verlo en este año, pero tengo la esperanza de que la primera piedra se pueda ver el próximo año.

"Espero que la primera piedra de la Ciudad de la Justicia se pueda ver el próximo año"

P.- ¿Cree que la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña podría afectar negativamente a las inversiones en este proyecto?

R.- Esperemos que no. Las decisiones del Gobierno son libres pero esperemos que eso no afecte a proyectos como el de la Ciudad de la Justicia. 

P.- La lentitud de la Justicia es uno de sus grandes hándicaps, ¿cree que se ha avanzado en sus cuatro años de mandato en la descongestión de los juzgados y el incremento de la eficiencia y la agilidad? ¿que más se podría hacer?

R.- La congestión siempre ha existido, es generalizada y se ha acentuado en el último año a raíz de las dos huelgas que ha habido. Yo he planteado la posibilidad de los medios alternativos de resolución de conflictos como la mediación, para intentar que parte de los asuntos no lleguen al juzgado y puedan ser resueltos por vía de mediación o que algunos de los asuntos que ya están en el juzgado puedan derivarse a mediación.

Lo cierto es que queda mucho trabajo por hacer, todavía no están claros los datos y los resultados, tampoco está claro si esto tiene que ser financiado o no públicamente y todavía no podemos afirmar, lamentablemente, que la mediación este contribuyendo en ese sentido. Con todo, la mediación es un instrumento muy valido para resolver asuntos en los que hya conflictos de familia o personales.

"He planteado la posibilidad de la mediación, para intentar que parte de los asuntos no lleguen al juzgado"

A veces, la resolución de un conflicto aplicando exclusivamente la ley es una decisión burda y que entra como elefante en cacharrería. A veces hay que contemplar otros aspectos que la ley no puede contemplar, aspectos humanos, talante, cuestiones ecológicas e incluso resolver un conflicto concreto teniendo una visión más general de la relación entre esas dos personas, que es algo que la ley no puede hacer. 

P.- ¿Qué cree que sucederá con la huelga de los funcionarios ahora que se ha constituido el nuevo Gobierno? ¿considera legítimas sus aspiraciones?

R.- La Administración de Justicia es la hermana pobre de la democracia. Desde que se aprobó la Constitución, la Administración de Justicia ha estado infradotada, siempre va a la cola de las inversiones y siempre hemos tenido envidia de otras administraciones como la Agencia Tributaria u otras dependientes de las comunidades, que han estado siempre dotadísimas de medios materiales, personales y apoyo.

La Administración de Justicia, lamentablemente, no da muchos votos y es un servicio público al que algunos ciudadanos piensan que nunca van a acceder y, por tanto, se ve como algo distante, que es algo que no les pasa a los otros. Todo el mundo piensa que alguna vez en la vida va a acabar en un hospital y, por tanto, se preocupa de los hospitales y se manifiesta por ellos, igual en educación o carreteras, pero la Justicia es algo que les pasa a los demás, hasta que te pasa.

"La gente que trabaja en la Administración de Justicia debería estar mejor pagada"

Cuando te pasa es cuando te das cuenta de que la Justicia tendría que estar mejor dotada y queremos que la Administración de Justicia, que está al servicio de un poder del Estado, esté dotada de suficientes medios materiales y personales. Además, existen deficiencias de orden remuneratorio, la gente que trabaja en la Administración de Justicia debería estar mejor pagada.

P.- ¿Tiene esperanzas de que en esta legislatura se produzca el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

R.- Tal y como está la situación en este momento no creo que se vaya a dar ese acuerdo porque se parte de dos posturas irreconciliables: el PP pide una nueva ley para que 12 vocales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces y el PSOE considera que eso no debe ser así y que lo que se debe hacer es renovar el Consejo conforme a las normas establecidas. Yo abogo porque a los jueces los designen los propios jueces y Europa ha recomendado al Gobierno que se adapte a ese sitema, para que a los jueces los elijan sus pares. En estas estamos y no sabemos que va a ocurrir. 

"Abogo porque a los jueces los designen los propios jueces"

El Consejo lleva cinco años de prórroga y hay un montón de nombramientos pendientes y es gravísimo que hay un montón de magistrados del Tribunal Supremo que están sin designar. Eso es un grave problema porque la cúspide de la estructura judicial española está en este momento en una situación muy peligrosa, porque no hay magistrados.