En el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez entre PSOE y Junts, que conocimos este jueves 10 de noviembre, aparece reflejado que en la aplicación de la Ley de Amnistía se incluirán situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política con las consecuencias que en su caso puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Es decir, una presunta intromisión de la política en el ámbito judicial que ha sido criticada por los diferentes organismos del tercer poder.

Imagen del acuerdo entre PSOE y Junts

De hecho, el Consejo General del Poder Judicial, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, en el que hacía alusión a estas referencias al ‘lawfare’. Aseguraban que “ante las inadmisibles referencias al ‘lawfare’, judicialización de la política, contenidas en el acuerdo entre PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura, nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales”.

Un repudio fundado en “la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada”.

“La iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos”, finalizaba el comunicado del Consejo General del Poder Judicial.

En la mañana de este viernes, 10 de noviembre, EL ESPAÑOL de Castilla y León ha podido hablar con Javier Carranza, presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, antes del acto de toma de posesión de 30 nuevos abogados en el Colegio de Abogados de Valladolid.

“Lo veo de forma lamentable. Lo único que me congratula es la reacción unánime no ya de todas las asociaciones judiciales, fiscales y letrados, sino del propio Consejo General del Poder Judicial que han salido en auxilio y defensa del poder judicial como los inspectores de trabajo o de hacienda y el Colegio de Abogados de Madrid”, ha afirmado Carranza.

El presidente de la Audiencia de Valladolid ha añadido que “es terrible” y que “estamos asistiendo a un momento en el que el estado de derecho y la separación de poderes peligra”. Una situación muy difícil en la que “uno de los tres pilares del estado puede quebrar”.

“En el momento en el que se somete a los jueces a un control a posteriori por parte del poder Ejecutivo y Legislativo acabamos con los pilares de la democracia”, ha añadido, mostrándose también en contra de la amnistía, pero señalando que la polémica por el ‘lawfare’ es aún “más grave.

“La amnistía deja en agua de borrajas todo lo que ha hecho el Poder Judicial en aplicación de la Ley, pero esta segunda cuestión es un disparo directo a la línea de flotación del estado de derecho. Es un ataque directo a uno de los poderes del Estado”, ha finalizado Javier Carranza.