UGT Castilla y León, a través del secretario general del sindicato de Servicios Públicos en la Comunidad, Tomás Pérez Urueña, y el secretario del sector servicios a la comunidad, David López Guerra, han denunciado la situación de los trabajadores del centro de menores Zambrana de Valladolid, donde ponen de manifiesto el "incumplimiento y el trato" que están recibiendo.

Recuerdan que el centro está gestionado de manera mixta, por lo que tiene dos tipos de empleados. Por un lado, los que pertenecen al sector privado, gestionados por una compañía francesa y, por otro, los del sector públicos, dependientes de la Junta de Castilla y León.

Para Pérez Urueña la privatización del centro es una fórmula que "parece gustarle mucho" al Ejecutivo autonómico, siendo una demostración de que en el sector privado "se busca el dinero más inmediato". En esta línea, su compañero de sindicato ha explicado que la Junta aceptó la oferta de la empresa que contemplaba una "bajada del 13%" que ha significado 1.700.000 euros menos.

Una situación que ha desembocado en que "no se fiscalice lo necesario y suficiente" para que los servicios ofertados se cumplan. Por todo ello, para UGT existen dos víctimas claras. Los trabajadores, "por las condiciones laborales con las que cuentan en este momento", y los menores que están resididos aquí, dado que "no gozan de los medios suficientes para poder avanzar personalmente en su estancia en el centro".

López Guerra ha explicado que esta "precariedad laboral" se sustenta en "cuatro focos importantes". El primero de ellos son los "problemas psicosociales a los que se enfrentan, como la depresión o el estrés, ante la carga de trabajo insostenible". El segundo de los focos hace referencia a la "necesidad" de que haya instalaciones equipadas para enfrentar el "estrés térmico" al que se ven sometidos durante los veranos, donde llegan a los "32-33 grados" en espacios cerrados.

El tercer punto es la "precarización del empleo" al que les "somete" la compañía. Precisamente, ha señalado que al principio del curso deberían haber contratado a 94 empleados a jornada completa, estando en la actualidad "muchos de ellos a jornadas parciales".

Esto se traduce en una "alta rotación" de la plantilla que se ve abocada a "buscar otros empleos". Ambos secretarios han remarcado su intención de mantener una reunión con la Junta, a quien se lo han trasladado a través de diferentes correos y llamadas en agosto. Además, han puesto de manifiesto que no ha sido hasta el anuncio de esta convocatoria de prensa cuando la Junta ha mandado un correo de convocatoria de reunión para el viernes, 22 de septiembre, con un director técnico de la Consejería.

Desde el sindicato exigen que no se prorrogue la licitación del servicio, que se puede ampliar dos años más, si no logran unas "condiciones en las que se prime la calidad del servicio, las condiciones laborales y sobre todo la atención a los menores".