El Fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral para el próximo 18 de julio en la Audiencia de Valladolid y pide cinco años de prisión para el hijo de la víctima del Crimen de la Circular, Jesús Á. A. A., por un delito contra Hacienda que se califica como frustración de ejecución y también para la expareja de éste, Cristina A.G..

En el pleito que tendrá lugar este martes en tierras vallisoletanas también se encuentran acusados José P.C., como cooperador necesario y José L. B.G. como cómplice. El primero de ellos se enfrenta a una pena de prisión de cuatro años y el segundo de dos, como se puede leer en un escrito de acusación al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un juicio que estaba fijado para el 9 de mayo de este año pero que finalmente fue suspendido por la huelga de funcionarios que celebraron, también al día siguiente, otra jornada de parones exigiendo sus derechos, como llevan haciendo desde hace meses.

El escrito añade que Jesús Á. A.A debía a Hacienda un total de 2.134.776 euros, salvo 9.189 euros que serían el resultado de un expediente de derivación de responsabilidad de las deudas hacia una sociedad ganadera.

Antes de dicha derivación ya se habían desarrollado otras ya que cuando se notificaban los acuerdos que hablaban del inicio de expediente, las sociedades cesaban su actividad. Se constituía otra que continuaba con la actividad y que, aunque a nombre de otras personas, era administrada por Jesús Á.A.A. con la colaboración de los otros tres acusados como indica el fiscal.

En el escrito de acusación, el fiscal explica que la única forma posible para conseguir el pago de las deudas era, cuando se iniciaba el expediente de derivación de responsabilidad, el embargo de cuentas y clientes, ya que las sociedades no tenían más bienes que el dinero de sus clientes en cuentas corrientes y créditos.

La Fiscalía añade que la Agencia Tributaria también ha derivado a Cristina A.G. deudas de otras empresas en las que figuraba como administradora de tal forma que ella y Jesús Á.A.A. “trabajaban con otras sociedades constituidas” parra “evitar esos embargos” en algo que “era conocido por los otros acusados que se prestaron a participar en la creación y actividad de las nuevas sociedades”.

Unas sociedades nuevas que fueron creadas en julio de 2017, como añade el escrito de Fiscalía con José P.C como administrador único. Otra en ese mes, por José L.B.G y el nueve de noviembre del 17 otra de Cristina A.G. como apoderada.