Un total de 10 de los 12 acusados de fabricar y vender sustancias dopantes para culturistas, dos de ellos en Valladolid, han aceptado en el juicio en la Audiencia Nacional penas de uno a dos años de cárcel tras confesar los hechos después de llegar a un acuerdo de conformidad con el fiscal, que en primera instancia pedía penas de entre cuatro y siete años de prisión.

Todos han aceptado seis meses por un delito contra la salud pública y la misma por integración en grupo criminal, dos un año más por tráfico de cannabis y un tercero seis meses de prisión por tenencia de arma de fuego prohibida. Unas penas que, en todo caso, no indican su ingreso en prisión en caso de no tener condenas anteriores, según informa EFE.

Únicamente continúan sentados en el banquillo la acusada T.M.P, para quien la Fiscalía pide 12 años de cárcel por delitos contra la salud pública, tráfico de cocaína e integración en grupo criminal, y el investigado J.M.M.M., quien se enfrenta a una solicitud de cuatro años de cárcel por los dos primeros delitos.

Estos dos últimos han solicitado la absolución y en el caso del último de ellos ha señalado que se dedicaba al culturismo y que durante un tiempo tomó sustancias prohibidas, pero que nunca habría favorecido su consumo a otras personas. Ha admitido que tenía un local para deportistas en Gandía, Valencia, pero que no adquirió estas sustancias a los demás acusados ni las vendió.

La investigación se remonta al 10 de junio de 2016, cuando el Observatorio de Medicamentos de Francia mandó un correo a la Guardia Civil comunicando la intervención en el aeropuerto de París Charles de Gaulle de los envíos postales, con origen en China y destino a España, de 600 viales con hormona humana de crecimiento.

Las investigaciones permitieron determinar que tres de los implicados residían en Denia y que recibían principios activos y excipientes de empresas farmacéuticas de India y China, contrataban los envoltorios y cartonaje y los enviaban a cinco acusados que estaban en Málaga, que se encargaban de manipularlos, envasaban y devolvían algunos de ellos a estos primeros.

Todos los acusados distribuían presuntamente las sustancias en los centros deportivos en los que trabajaban o practicaban el culturismo, así como a otras personas con las que contactaban vía teléfono o por internet a cambio de un aporte económico.

Otros dos de los acusados recibían en Valladolid estas sustancias prohibidas preparadas en Málaga y Denia y se encargaban de su distribución.

En 2017 llevaron a cabo los distintos registros de domicilios y locales de los investigados de Valladolid, Denia, Gandía, Valencia, Benalmádena, Fuengirola y Mijas, encontrando en todos ellos insulina, gonadotropina y factor de crecimiento.