La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra L.D.M. en un pleito que se va a celebrar el próximo 3 de febrero, en la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valladolid. Se pide un año de prisión para la acusada por un presunto delito de estafa.

El escrito de acusación explica que la acusada L.D.M. acudió el 29 de mayo del 2019 hasta una oficina del Banco Santander situada en Madrid. Allí se identificaba con un documento de ciudadana de la Unión Europea a nombre de E.H. en el que se había colocado una fotografía de ella solicitando la apertura de una cuenta bancaria. La entidad procedió a esta apertura de la cuenta a nombre no de la mujer acusada, sino de E.H.

Por estos hechos se sigue la investigación del Juzgado de Instrucción Número 2 de Coslada, en Madrid. Posteriormente, la acusada o persona que se estaba concertada con ella ofreció en la página web de Fotocasa el arrendamiento de un piso situado en la calle Pérez Galdós número 25 de Valladolid, y proporcionaba un correo electrónico para que contaran las personas interesadas. El escrito de acusación asegura que, esta persona realmente no tenía intención de arrendar allí vivienda alguna, sino que lo que pretendía era obtener dinero, a costa del patrimonio ajeno.

Una persona se interesó por ello el día 23 de septiembre de 2019 a través del correo citado en el alquiler de la casa. Además, el 25 de ese mes, realizó una transferencia bancaria por importe de 900 euros desde una cuenta de Cajamar situada en Medina del Campo a favor de la acusada. El escrito de acusación afirma que la acusada se enriqueció por ello con todo o parte de dicha suma.

Al día siguiente a la persona que realizó el pago también se le solicitó que hiciera la entrega anticipada de seis meses de alquiler, contestando ésta que quería cancelar la operación y la devolución de los 900 euros. Nunca se efectuó.

La acusada tenía 39 años y carecía de antecedentes penales. Los hechos narrados, constituyen un delito de estafa o alternativamente un delito de receptación de la que sería autora la acusada.

La Fiscalía asegura que procede imponer a la acusada una pena de un año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, en el caso del delito de estafa o, alternativamente, once meses de prisión, con igual accesoria, y multa de 2.700 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada 100 euros impagados, en el caso del delito de receptación.

La acusada debe indemnizar a la estafada con 900 euros en el caso del delito de estafa, o en el importe que de tal suma le fue adjudicado, a determinar en el juicio oral. En el caso de receptación.