El 19 de noviembre de 1933, hace hoy 89 años, las mujeres de Castilla La Vieja y la Región Leonesa, que actualmente conforman Castilla y León, pudieron ejercer por primera vez en la Historia el derecho al voto en unas elecciones generales. Una jornada histórica en la que las mujeres de las dos regiones hicieron rebosar los colegios electorales con el entusiasmo de sentir que, por primera vez, podían ser dueñas de su destino y elegir a sus representantes políticos.

El derecho al voto femenino, no obstante, había sido aprobado poco más de dos años antes, el 1 de octubre de 1931, tras un intenso y apasionado debate en las Cortes en el que destacó por encima de todas las demás la oratoria de la diputada madrileña del Partido Republicano Radical Clara Campoamor.

La Constitución republicana, aprobada en diciembre, consagró el derecho al voto de la mujer aunque –debido a que las elecciones de junio de 1931, las primeras de la II República, fueron previas a la aprobación de este derecho– habría que esperar al 19 de noviembre de 1933 para que las mujeres pudieran ejercerlo en España. Con una única excepción: el 5 de noviembre, dos semanas antes, el voto femenino se ejerció en el referéndum sobre el Estatuto de Autonomía del País Vasco.

La aprobación del voto femenino: el papel de Clara Campoamor

El 1 de octubre de 1931, las Cortes constituyentes de la II República, proclamada solo seis meses antes, fueron testigo de un intenso y apasionado debate sobre el voto femenino. En este, Clara Campoamor, diputada madrileña del Partido Republicano Radical, copó todo el protagonismo debido a su dialéctica y a su capacidad de atraer incluso a las voces discrepantes, ya que no contaba en su afán con el respaldo de su partido.

Especialmente vehementes fueron sus intercambios dialécticos con la diputada Victoria Kent, del partido Izquierda Republicana, que era partidaria de posponer la aprobación del derecho al voto para las mujeres al considerar que aún no se encontraban preparadas políticamente para ejercerlo y asegurar que votarían bajo la influencia de la Iglesia. Desde el punto de vista de Kent, el voto de las mujeres podía poner en peligro el futuro de la República, al favorecer, en principio, a las fuerzas de la derecha.

Finalmente, el derecho al sufragio femenino quedó aprobado por 161 votos a favor frente a 121 en contra y 188 abstenciones. Votaron a favor el PSOE -exceptuando el sector de Indalecio Prieto- los republicanos catalanes, los federalistas, los progresistas, los galleguistas y la derecha. En contra se pronunciaron Acción Republicana, los republicanos radicales de Lerroux y los radicales socialistas.

Los partidos contrarios al voto femenino no cesaron en su empeño de evitar su aprobación y presentaron una enmienda, apoyada entre otros por las formaciones Acción Republicana y Radical Socialista, con el objetivo de introducir una Disposición Transitoria que planteaba que las mujeres votaran en unas elecciones generales cuando ya hubieran votado antes en dos comicios municipales.

De esta forma, se pretendía retrasar el voto femenino. La disposición finalmente fue rechazada pero, de haberse aprobado, hubiera impedido votar a las mujeres durante toda la II República, con lo que estas no habrían participado en un proceso electoral democrático en España hasta las primeras elecciones tras la muerte de Francisco Franco, el 15 de junio de 1977.

El primer voto de la mujer: giro conservador de la República

Dos años después de la aprobación del derecho al voto femenino, casi siete millones de mujeres pudieron depositar por primera vez su papeleta electoral en la urna en toda España, y por tanto en Castilla y León y en Valladolid, en los comicios generales del 19 de noviembre de 1933. La única excepción es el caso del País Vasco que el 5 de noviembre, dos semanas antes, vivió la primera participación de la mujer en el referéndum del Estatuto de Autonomía.

Los resultados de las elecciones generales de aquel 19 de noviembre, hace hoy 89 años, confirmaron los presagios de aquellos que consideraban que el voto de la mujer, en aquel entonces muy influenciada por la Iglesia y de moral mayoritariamente conservadora, inclinaría la balanza hacia la derecha. La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), de José María Gil-Robles, fue la primera fuerza en aquellas elecciones con 115 escaños, seguida del Partido Republicano Radical, de Alejandro Lerroux, que logró 102 asientos. Lejos quedaría el PSOE, con tan solo 52. 

Esas dos formaciones de derecha y centro terminarían conformando un pacto que daría un giro derechista a la República, iniciando el conocido como Bienio Conservador, con Lerroux como presidente del Gobierno. Una coalición que se extendería en el tiempo hasta la victoria del Frente Popular, en febrero de 1936. En el caso de Castilla y León, ese giro conservador en los comicios de 1933 fue aún más intenso. 

En Valladolid, las fuerzas de la derecha lograron más de 66.800 votos, con dos diputados para la CEDA y otros dos para el Partido Agrario, mientras que el PSOE hubo de conformarse con 38.413 apoyos y dos asientos. En Santander, entonces perteneciente a Castilla La Vieja, las derechas lograron cinco representantes frente a dos del PSOE, en León las fuerzas conservadoras arrasaron, con siete diputados, en Zamora obtuvieron cuatro y en Salamanca cinco, frente a solo uno del PSOE.

En Ávila, entre la derecha y los republicanos radicales sumaron cinco, en Segovia tres, en Soria tres, en Palencia tres frente a solo uno del PSOE y en Burgos cinco. En la provincia de Logroño, que también pertenecía a la región de Castilla la Vieja, las derechas lograron tres representantes frente a uno de Acción Republicana. La primera vez en la historia que votó la mujer en Castilla y León fue, por tanto, determinante para dar un giro a la II República que marcaría irremediablemente su futuro.